Los golpistas no se van, postergando la reinstalación del  Mandatario legítimo para después que asuma un Gobierno de Unidad, cuya presidencia descansaría en un acuerdo secreto entre Shannon y el candidato Lobo.
  
Las maniobras dilatorias de las fuerzas golpistas de Honduras para no restituir en la Presidencia a Manuel Zelaya depositaron un manto de dudas sobre un acuerdo tan sorpresivo como intrigante: el logrado en la madrugada del pasado viernes por el enviado especial de Washington, el subsecretario de Estado Thomas Shannon.

Entonces hubo un lugar para la vergüenza latinoamericana. Lo que los representantes más conspicuos de la región, el Presidente de Brasil incluido, no consiguieron en dos meses, Estados Unidos lo hacía en apenas 14 horas de visita de un enviado especial. Advertencia para los golpistas latinoamericanos, por un lado, para que lo piensen bien antes de desalojar a un Mandatario legítimo (por ejemplo, el del Paraguay), pero una regresión a un estado de cosas en que el poder imperial resuelve en definitiva qué hacer en la periferia. Fracaso de la OEA, una vez más, inoperancia de Naciones Unidas, nuevamente.

Pero a lo largo de la semana no hubo siquiera lugar para el consuelo de que, por lo menos, los golpistas hondureños se irían con la cola entre las piernas. No fue así y en una carrera contra el tiempo –desesperante para Zelaya- desplegaron todo su arsenal de recursos para dilatar y dilatar. El Congreso no fue citado para pronunciarse; su Junta directiva sólo pidió su parecer a la Corte Suprema, como lo expresaba el acuerdo con el subsecretario Shannon, pero agregando oficios a otras dos instituciones no previstas en ese compromiso.

La Corte no tiene plazo para emitir su interpretación jurídica no vinculante y todo depende de “la dimensión que sus miembros quieran darle al asunto y de su voluntad para pronunciarse”, tal como lo dijo el portavoz del tribunal, Danilo Eyzaguirre.

Este agregó un ominoso parecer: ve lejos que Zelaya sea efectivamente restituido y, en  realidad, los negociadores del depuesto Presidente le “pusieron la horca” al firmar un acuerdo que no resguarda sus intereses. Entre ellos, el vocero judicial señaló la necesidad de una amnistía para Mel –así lo llama, familiarmente-, puesto que sobre él pesan 18 órdenes de captura sobre otros tantos delitos, por los que deberá responder ante los tribunales, aun si es restaurado como Presidente. En cambio, sobre la persecución judicial de los golpistas, el buen Eyzaguirre formula una serie de enrevesados argumentos leguleyos que ilustran muy bien el estado de ánimo de la Corte Suprema por la cual habla.

El ex Presidente chileno Ricardo Lagos, al concluir su misión verificadora del acuerdo, puntualizó que las energías estaban puestas en que se instalara el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional previsto por el acuerdo para el pasado 5 de noviembre. Y agregó que en ese momento el gobernante de facto Micheletti renunciaría, según lo aseguró a la comisión de dos miembros nacionales y dos extranjeros que integra Lagos.

Pero, ¿quién presidirá ese nuevo gobierno? No Zelaya, porque primero debe restituirlo el Congreso. ¿Micheletti o un suplente? Esto que no tiene pies ni cabeza –menos si el zelayismo se negó a integrar un tal gabinete- , descansaría, al parecer, en un acuerdo secreto entre Thomas Shannon y el candidato presidencial favorito para las elecciones del 29 de noviembre, Porfirio Lobo.

Este se habría comprometido a movilizar a los 55 diputados de su partido Nacional, decisivos en una Cámara de 128 bancas, donde el partido Liberal –al que pertenecen tanto Zelaya como Micheletti- se muestra dividido. A cambio, restituido o no finalmente el Mandatario legítimo, Estados Unidos se allanaría a reconocer el resultado de las elecciones generales, avalando a las autoridades que asumirán el 27 de febrero próximo.

En cualquier escenario, Mel Zelaya no ejercerá mucha autoridad, salvo una de carácter  moral, que puede catapultarlo como un formidable líder opositor a partir del próximo año.