A raíz de los periódicos destrozos producidos en la ciudad por infiltrados en movilizaciones sociales y por hinchas deportivos, y por la pretensión de algunos integristas de agredirla con estatuas desproporcionadas e inconsultas, cabe hacer mención que es un espacio limitado. Por lo tanto, el uso del espacio debe ser producto de un acuerdo social. Y en este acuerdo deben participar todos los habitantes, para lo cual las autoridades deben asegurar igualdad de condiciones para los más débiles, especialmente los más pobres. Se corre el peligro que por considerar al espacio público como un espacio que pertenece a todos, se considere que no pertenece a nadie y, por lo tanto, se lo apropien los más fuertes.

Los espacios privados pertenecen al ámbito familiar. Pero estamos conscientes que para los sectores más pobres, el espacio privado no alcanza para contener las necesidades espaciales de la familia. Por lo tanto, el espacio natural de extensión de la vida familiar debería ser el espacio público, que  constituye el ámbito natural de lo social, de lo colectivo, donde dentro de un ámbito limitado, pero importante, se puede disputar pacífica y civilizadamente su uso.

Por ello que es antidemocrático cuando uno solo de los actores se hace cargo o hegemoniza el uso del espacio público. Es en este momento en que la autoridad debe ejercer su poder para garantizar a todos los habitantes de la ciudad, especialmente a los más pobres (que como ya vimos, poseen menos cantidad y calidad de espacio privado para desarrollar su vida, por lo tanto son los más necesitados de un acceso al espacio público).

Este conflicto ocurre en varios ámbitos de la ciudad de Santiago. Destacaremos algunos:

Primero, la hegemonización del uso del espacio público en la periferia de la ciudad por parte de los delincuentes, ligados al microtráfico, en detrimento de los vecinos.

Segundo, la hegemonización del espacio público de algunos lugares centrales de la ciudad por parte de los cuidadores de autos y los vendedores ambulantes (casi siempre acompañado de delincuencia) en perjuicio de los peatones y de la gente común, quienes en muchos casos consideran el espacio público (especialmente los paseos peatonales) como un lugar de distracción y de recreación.

Tercero, el uso abusivo, respaldado por grandes y poderosos grupos de interés, que hacen los automovilistas en detrimento de la locomoción colectiva, de los peatones y de los ciclistas. Lo cual es acompañado por un cómplice e indiferente silencio de parte de las autoridades. A lo anterior súmese la pretensión de hegemonización cultural y simbólica que ejercen parte importante de las elites a través de la denominación de las calles, de la estaciones de metro y estatuas.

En todos los casos mencionados, estamos en presencia de una usurpación por parte de grupos poderosos, de  los derechos de la mayoría más débil de habitantes en el uso del espacio público de la ciudad. Por lo que la acción del Estado, como garante del bien común, debería permitir, promover y asegurar a toda la población el uso y goce de toda la ciudad.

Vemos entonces que, tan negativo como los destrozos que se hacen en el espacio péblico, es el hecho que uno solo de los actores sociales, se adueñe y hegemonice estos espacios.

Obligación de la autoridad es garantizar el uso de los espacios públicos a toda la ciudadanía. Todos debemos y podemos convivir en la ciudad, pero cuando uno de esos grupos se hace hegemónico y excluye al resto de la población, estamos en presencia de una brutal exclusión social y violación de derechos

De esta manera, nos alejamos de la posibilidad de construir una ciudad más democrática, segura, saludable y económicamente sustentable.