El Tribunal Supremo Militar Policial de Perú abrió un proceso por traición a la patria contra Víctor Ariza Mendoza, el supuesto agente que habría espiado a favor de Chile.

Por este delito, el funcionario de la Fuerza Aérea Peruana puede ser sancionado con 20 a 35 años de prisión. El juez del tribunal militar tiene un plazo de 90 días para emitir un informe que pasa al Consejo de Guerra, que tiene 60 días para pronunciar la sentencia, la que finalmente sería revisada por el Tribunal Supremo Militar Policial.

El ministro peruano de Justicia, Aurelio Pastor, había confirmado que el agente Ariza estaba recluido por orden del juez Luis Garzón, que tiene a su cargo el caso por los presuntos delitos de revelación de secretos nacionales, traición a la patria y lavado de activos en agravio del Estado.

Según dijo, ambos fueros pueden avanzar en forma paralela en sus respectivos procesos, pero ninguno podría pronunciar sentencia hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo sobre cuál tiene la competencia.

Sin embargo, el presidente del tribunal castrense, contraalmirante Carlos Meza justificó la apertura del juicio militar porque, en su opinión, "es mucho más drástico y mucho más rápido".

El Presidente Alan García, calificó en duros términos el supuesto espionaje y exigió explicaciones al gobierno chileno. Además, asoció la acusación con la demanda marítima que su gobierno hizo ante La Haya y aseguró que este tipo de acciones no pueden ser respondidas “con juegos de guerra ni mostrando los dientes”, en clara alusión a otro hecho que tensionó las relaciones entre ambos países: el ejercicio bélico Salitre II.

“No se puede responder con juegos de guerra, no se puede responder mostrando los dientes acerados de las armas, porque esa no es una costumbre democrática. Queremos guardar toda la calma, toda la serenidad y así se lo pido al pueblo peruano Perú. Vean en este acto de espionaje un homenaje a la grandeza peruana. Y al crecimiento del Perú, solo el débil apela a esas armas, solo el que se siente menos espía", recalcó García.

García además insistió en que es muy difícil la integración de los pueblos en base a sospechas y desconfianzas y llamó al desarme armamentista de los países de la región.

La respuesta llegó en voz del Canciller Mariano Fernández, luego de una reunión desarrollada en el palacio de La Moneda, con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; el embajador chileno en Perú, Fabio Vío; el ministro de Defensa, Francisco Vidal y el vicepresidente, Edmundo Pérez Yoma.

Fernández fue enfático para dar cuenta de la posición chilena respecto del tema, afirmando que ninguna institución chilena tiene prácticas de espionaje; llamando a la tranquilidad a ambos países.

“El gobierno de Chile no practica el espionaje y no aceptamos imputaciones de ninguna parte, respecto de estos asuntos, queremos decir enfáticamente: Chile no tiene nada que ver en este caso. No tenemos ninguna información disponible que permita vislumbrar siquiera algún tipo de participación chilena y al Perú en general y a la opinión pública, como el Presidente García lo ha señalado serenidad y le pedimos sobre todo a las autoridades peruanas, investigar a fondo el asunto”, afirmó Fernández.

En cuanto a la condición del embajador chileno en Lima, Fabio Vío, quien se encontraba de vacaciones en nuestro país por motivos familiares, Fernández señaló que seguirá “en consulta” por el gobierno, con el fin de seguir recabando antecedentes de la situación.

Pero, a pesar de los gestos, las autoridades peruanas insisten en la tesis del espionaje. De hecho el jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú, mayor Nicolás Asín, dijo ante la comisión de Inteligencia del Congreso que existen documentos que prueban la participación del gobierno de Chile en este hecho.

La prensa peruana indica que el jefe castrense se presentó en sesión reservada por más de una hora en dicha comisión y dio a conocer nueva información sobre los documentos que el espía Ariza Mendoza habría vendido a Chile, y que “podrían comprometer la seguridad nacional”.