La sala del Senado despachó el miércoles el texto de la nueva Ley de Discapacidad, dando un nuevo paso en la ratificación del marco normativo.
El proyecto de ley que “establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad” reemplaza el texto de la actual norma, creada en 1994.
Entre sus fundamentos, la iniciativa establece un cambio en las políticas públicas destinadas a este segmento de la población, pasando desde un criterio de satisfacción de necesidades a otro basado en la perspectiva de derechos.
El proyecto ahora debe concluir su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde, si es aprobado, sería despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
La sala del Senado despachó el miércoles el texto de la nueva Ley de Discapacidad, dando un nuevo paso en la ratificación del marco normativo.
El proyecto de ley que “establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad” reemplaza el texto de la actual norma, creada en 1994.
Entre sus fundamentos, la iniciativa establece un cambio en las políticas públicas destinadas a este segmento de la población, pasando desde un criterio de satisfacción de necesidades a otro basado en la perspectiva de derechos.
El proyecto ahora debe concluir su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde, si es aprobado, sería despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
La sala del Senado despachó el miércoles el texto de la nueva Ley de Discapacidad, dando un nuevo paso en la ratificación del marco normativo.
El proyecto de ley que “establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad” reemplaza el texto de la actual norma, creada en 1994.
Entre sus fundamentos, la iniciativa establece un cambio en las políticas públicas destinadas a este segmento de la población, pasando desde un criterio de satisfacción de necesidades a otro basado en la perspectiva de derechos.
El proyecto ahora debe concluir su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde, si es aprobado, sería despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
