La semana pasada en Estados Unidos un grupo de expertos recomendó postergar el examen preventivo de cáncer de mama con mamografía, desde los 40 a los 50 años y desde los 50 en adelante hacerlo cada dos años. Se exceptuaron de aquello las mujeres con antecedentes clínicos o familiares que aumentaran su riesgo. Esa recomendación confirmó la que había hecho otro grupo de expertos en 1997 y que por presiones de la industria, de los especialistas y los parlamentarios no se había acogido.

Fue la recomendación del año 97 la que nos hizo incorporar en el AUGE la garantía de mamografía a los 50 años y también tuvimos numerosas presiones para adelantarla.

Esta vez en Estados Unidos nuevamente las resistencias se puede adivinar de donde vinieron: la sociedad de médicos radiólogos y la sociedad de médicos cancerólogos. Se sumaron a ellos parlamentarios vinculados a la industria médica o los infaltables “polillas” que aprovechan cualquier ocasión para hacerse notar.

Los avances tecnológicos de la actualidad obligan a ser extraordinariamente cautelosos en las recomendaciones de uso de la tecnología. La capacidad de prevenir, detectando precozmente enfermedades tiene que compararse con la cantidad de veces que el examen sale normal o sólo sospechoso. En muchos casos es más el daño que el beneficio. Las sospechas diagnósticas desencadenan numerosas consecuencias, partiendo por la angustia que le generan al paciente, los gastos adicionales en los que tiene que incurrir y entrar en una maraña de derivaciones a especialistas y subespecialistas que son las delicias del mercado de la salud.

Es muy importante para definir normas técnicas que se transforman en política pública contar con grupos de expertos ajenos a las presiones o intereses de la industria. Hoy es obligación que cualquier profesional involucrado en estas definiciones haga una declaración de conflictos de interés que va desde haber recibido financiamiento para investigaciones hasta haber sido premiado con un viaje a congresos científicos internacionales en lugares de gran atractivo turístico.

En primer lugar las autoridades políticas deben cuidar que sus colaboradores más cercanos tengan total independencia en el área en que les tocará tomar decisiones. La declaración de intereses y de patrimonio de alguna manera protege en este sentido.

El Ministro de Salud deberá exigir a todos sus colaboradores y a todos los integrantes de los comités de expertos una declaración de conflictos de interés de manera de proteger a la ciudadanía de decisiones que pudieran estar influidas por intereses ajenos al bienestar de los pacientes.

Pero también, ojo con las organizaciones ciudadanas. Muchas se prestan para defender ingenuamente el uso de determinados medicamentos o exámenes para sus asociados. Sin embargo, son numerosas las que han sido penetradas por la industria farmacéutica o de la tecnología, haciendo contribuciones para el arriendo de sus sedes, sus publicaciones y gastos corrientes.  Los dirigentes de estas asociaciones deben estar atentos para que sus intereses altruistas no sean desvirtuados y también hacer públicos sus vínculos de todo tipo con la industria.

El complejo médico industrial es el segundo en importancia después de la industria de la guerra y a diferencia de ésta, se presenta como un activo defensor del bienestar de las personas y el progreso de la humanidad. En muchas ocasiones esto es cierto, pero en otras esconde sólo intereses lucrativos y comerciales que están muy lejos de beneficiar a la población.

Un vínculo estrecho entre autoridades, profesionales y ciudadanía, sumado a mecanismos que obliguen a trasparentar los conflictos de interés serán algunas de las medidas que nos protegerán de estos lobos con piel de oveja.