Fortalecimiento de la educación pública, negociación colectiva, Hidroaysén y el conflicto mapuche son sólo algunos de los temas que, quien sea que llegue a La Moneda, deberá asumir durante su mandato.  Y pese a que los candidatos tienen puestos énfasis diversos en los asuntos que más les interesan, estos y otros ámbitos se erigen como demandas ciudadanas que llegaron para quedarse.

Con casi un 70 por ciento de aprobación, el reconocimiento internacional y una indiscutida marca en la historia del país como la primera mujer que llegó a la presidencia, Michelle Bachelet se apronta a abandonar La Moneda.

Una administración que será recordada por establecer una red de protección social en el país, pero que en el papel deja una serie de puntos a medio camino y que, quien sea que resulte electo, deberá enfrentar a su llegada a La Moneda.

La equidad de la educación, donde el movimiento social fue clave para lograr algunos cambios en ese sentido, es uno de los temas inconclusos de esta administración. Fue el denominado movimiento de los pingüinos en el 2006 el que desencadenó la redacción de una nueva Ley General de Educación que, finalmente, no tuvo mucho que ver con las exigencias de los estudiantes.

Para el presidente de la comisión asesora de la presidencia que se levantó en ese momento, Juan Eduardo García Huidobro, una de las principales debilidades que se heredaron de la nueva institucionalidad educativa se manifiesta en la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.

Según el experto, todavía quedan muchas indicaciones que discutir en el proyecto, en especial, las que se refieren a la disminución de la brecha entre los establecimientos particulares y los municipalizados.

“Queda absolutamente pendiente la creciente desigualdad y segregación de la educación chilena. Ese es un tema que tuvo presencia pública en el 2006 con los pingüinos. Ojalá que no haya otro pingüinazo para que nos preocupemos y haya un esfuerzo serio por dar igualdad de oportunidades reales”, indicó García Huidobro.

Por otro lado, las constantes manifestaciones de los profesores, que constituyeron un fuerte foco de presión durante este año, pusieron en la discusión pública aspectos como la carrera docente, la calidad de la enseñanza y la deuda histórica que terminó siendo no reconocida ni pagada, punto que deberá resolver quien ocupe el sillón presidencial en marzo.

Otro de los grandes pendientes se presentó en materia laboral. Según la directora del Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinoza, las principales deficiencias que se dan en ese sentido se relacionan con los derechos colectivos y la protección a la sindicalización.

Si bien, ya existe un proyecto de ley en el Congreso que regula la negociación colectiva, una de las promesas de campaña de Bachelet, aún no ha podido despacharse. Por lo mismo, Espinoza indicó que es necesario un cambio a nivel constitucional que se relacione con una nueva forma de concebir las relaciones laborales.

“Hay que avanzar en la elaboración de una Constitución que permita una nueva relación entre persona, trabajo y empresa, que haga viable el ejercicio de los derechos, en desmedro de la visión actual en donde prima el mercado y el trabajo solamente es un actor productivo más”, comentó la abogada.

Otro de los grandes focos de conflictos sin resolver es el las demandas mapuches. Para el abogado del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, el principal problema es la falta de reconocimiento constitucional del pueblo indígena.

Aylwin llamó la atención sobre la ausencia de propuestas de los candidatos en relación el fuerte rezago que existe en relación a las políticas de tierras, cuya entrega sólo está sujeta a la propiedad legal y no a la ancestral como plantean los mapuches. Pero además, criticó la criminalización de las reivindicaciones indígenas y la aplicación de la Ley Antiterrorista en este tipo de casos.

“Lamentablemente no vemos en los candidatos que aspiran a la presidencia un planteamiento categórico y una prioridad respecto de la deuda que tiene Chile en esta materia. Por lo mismo, es presumible que se mantenga una situación de tensión y de protesta social como una forma de llamar la atención respecto del incumplimiento de estos derechos”, afirmó el abogado.

Finalmente, otro de los grandes pendientes es la resolución respecto del futuro del proyecto Hidroaysén. Según Patricio Rodrigo, integrante del Consejo para la Defensa para la Patagonia, lo más importante es rediseñar esta iniciativa que, en su momento, fue aprobada con una serie de irregularidades.

“Ojalá que quien nos gobierne se comprometa a no hacer caso del lobby feroz que existe detrás de este proyecto y las fuertes sumas de dinero que están pagando para comprar voluntades políticas y conciencias, sino que se le haga caso a la ciudadanía. Sobre un 50 por ciento de todas las personas del país rechazan Hidroaysén por considerarlo negativo para Chile”, sentenció Rodrigo.

También quedaron en el tintero temas como el de la píldora del día después, las uniones civiles entre homosexuales e importantes reformas al sistema político como la destitución del sistema binominal y la inscripción automática y el voto voluntario. Todos dentro de un paquete pendientes que serán heredados por el próximo presidente del país.