La jueza María José Sarmiento se basó en un recurso de amparo presentado por la oposición, que cuestionaron la remoción del presidente del Banco Central de ese país decretada el jueves por la Presidenta Fernández.
La jueza federal María José Sarmiento acogió los recursos de amparo por parte de la Coalición Cívica, Pro y la Unión Cívica Radical para impedir la utilización de los fondos del Banco Central (BC) hasta que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que instruyó al BC a girar el dinero para constituir un fondo de garantía para el pago de la deuda.
La resolución judicial está aún en su primera etapa en el instituto emisor, por lo que el presidente interino, Miguel Ángel Pesce, y uno de los directores, Sergio Chodos, no se dieron aún por formalmente notificados y presionan para concretar la transferencia de 6.500 millones de dólares que impidió la jueza.
En la práctica se necesita que un funcionario de carrera del banco acepte firmar la creación de la cuenta por la que los fondos pasarían al Tesoro Nacional. Sin embargo, nadie quiere hacerse responsable de una decisión que podría ser cuestionada por la Justicia.
El fallo se produce al día siguiente de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner destituyera mediante decreto a Martín Redrado de su cargo de presidente del Banco Central.
La remoción de Martín Rebrado
La jefa de Estado acusó al presidente del Banco Central de mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, única causal que permite su remoción, pero que no está probada.
La Mandataria adoptó la medida sin consultar la Comisión Bicameral, paso previo considerado por la ley, argumentando que el Parlamento ha comenzado su receso por vacaciones.
Cabe la posibilidad que la justicia en los próximos días declare inconstitucional la decisión de la Presidenta Fernández.
El gobierno lograría su propósito con la transferencia de 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central a una cuenta del Tesoro, operación que Martín Rebrado demorará por motivos jurídicos aparentemente válidos.
El problema es que ya nadie cree que estos fondos servirán de garantía del pago de los vencimientos de la deuda en 2010. La clase política y los expertos están convencidos de que el destino de las reservas será para cubrir necesidades de financiamiento mucho más urgentes.
Para Cristina Fernández el balance es desastroso, quien afirmaba el restablecimiento de la confianza de los mercados sobre la capacidad de pago de Argentina, pues ahora obtiene resultados contrarios.
Además, está el hecho de comenzar el año con una crisis política tan imprevista como evitable.
La jueza María José Sarmiento se basó en un recurso de amparo presentado por la oposición, que cuestionaron la remoción del presidente del Banco Central de ese país decretada el jueves por la Presidenta Fernández.
La jueza federal María José Sarmiento acogió los recursos de amparo por parte de la Coalición Cívica, Pro y la Unión Cívica Radical para impedir la utilización de los fondos del Banco Central (BC) hasta que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que instruyó al BC a girar el dinero para constituir un fondo de garantía para el pago de la deuda.
La resolución judicial está aún en su primera etapa en el instituto emisor, por lo que el presidente interino, Miguel Ángel Pesce, y uno de los directores, Sergio Chodos, no se dieron aún por formalmente notificados y presionan para concretar la transferencia de 6.500 millones de dólares que impidió la jueza.
En la práctica se necesita que un funcionario de carrera del banco acepte firmar la creación de la cuenta por la que los fondos pasarían al Tesoro Nacional. Sin embargo, nadie quiere hacerse responsable de una decisión que podría ser cuestionada por la Justicia.
El fallo se produce al día siguiente de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner destituyera mediante decreto a Martín Redrado de su cargo de presidente del Banco Central.
La remoción de Martín Rebrado
La jefa de Estado acusó al presidente del Banco Central de mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, única causal que permite su remoción, pero que no está probada.
La Mandataria adoptó la medida sin consultar la Comisión Bicameral, paso previo considerado por la ley, argumentando que el Parlamento ha comenzado su receso por vacaciones.
Cabe la posibilidad que la justicia en los próximos días declare inconstitucional la decisión de la Presidenta Fernández.
El gobierno lograría su propósito con la transferencia de 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central a una cuenta del Tesoro, operación que Martín Rebrado demorará por motivos jurídicos aparentemente válidos.
El problema es que ya nadie cree que estos fondos servirán de garantía del pago de los vencimientos de la deuda en 2010. La clase política y los expertos están convencidos de que el destino de las reservas será para cubrir necesidades de financiamiento mucho más urgentes.
Para Cristina Fernández el balance es desastroso, quien afirmaba el restablecimiento de la confianza de los mercados sobre la capacidad de pago de Argentina, pues ahora obtiene resultados contrarios.
Además, está el hecho de comenzar el año con una crisis política tan imprevista como evitable.
La jueza María José Sarmiento se basó en un recurso de amparo presentado por la oposición, que cuestionaron la remoción del presidente del Banco Central de ese país decretada el jueves por la Presidenta Fernández.
La jueza federal María José Sarmiento acogió los recursos de amparo por parte de la Coalición Cívica, Pro y la Unión Cívica Radical para impedir la utilización de los fondos del Banco Central (BC) hasta que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que instruyó al BC a girar el dinero para constituir un fondo de garantía para el pago de la deuda.
La resolución judicial está aún en su primera etapa en el instituto emisor, por lo que el presidente interino, Miguel Ángel Pesce, y uno de los directores, Sergio Chodos, no se dieron aún por formalmente notificados y presionan para concretar la transferencia de 6.500 millones de dólares que impidió la jueza.
En la práctica se necesita que un funcionario de carrera del banco acepte firmar la creación de la cuenta por la que los fondos pasarían al Tesoro Nacional. Sin embargo, nadie quiere hacerse responsable de una decisión que podría ser cuestionada por la Justicia.
El fallo se produce al día siguiente de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner destituyera mediante decreto a Martín Redrado de su cargo de presidente del Banco Central.
La remoción de Martín Rebrado
La jefa de Estado acusó al presidente del Banco Central de mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, única causal que permite su remoción, pero que no está probada.
La Mandataria adoptó la medida sin consultar la Comisión Bicameral, paso previo considerado por la ley, argumentando que el Parlamento ha comenzado su receso por vacaciones.
Cabe la posibilidad que la justicia en los próximos días declare inconstitucional la decisión de la Presidenta Fernández.
El gobierno lograría su propósito con la transferencia de 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central a una cuenta del Tesoro, operación que Martín Rebrado demorará por motivos jurídicos aparentemente válidos.
El problema es que ya nadie cree que estos fondos servirán de garantía del pago de los vencimientos de la deuda en 2010. La clase política y los expertos están convencidos de que el destino de las reservas será para cubrir necesidades de financiamiento mucho más urgentes.
Para Cristina Fernández el balance es desastroso, quien afirmaba el restablecimiento de la confianza de los mercados sobre la capacidad de pago de Argentina, pues ahora obtiene resultados contrarios.
Además, está el hecho de comenzar el año con una crisis política tan imprevista como evitable.
