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Parlamento despacha Ley de Radiodifusión Comunitaria

El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, el texto sólo genera nuevas condiciones técnicas y jurídicas para las emisoras, pero no modifica el sistema de acceso a concesiones ni modifica las sanciones penales de la actual normativa.

Ricardo Salazar

  Jueves 14 de enero 2010 9:55 hrs. 
Radio-Uchile

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El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, el texto sólo genera nuevas condiciones técnicas y jurídicas para las emisoras, pero no modifica el sistema de acceso a concesiones ni modifica las sanciones penales de la actual normativa.

El proyecto recibió  78 votos a favor en la sala de la Cámara de Diputados, con lo que fue despachado en tercer trámite constitucional por el parlamento.

En el aspecto técnico, el proyecto de ley establece nuevas condiciones técnicas, aumentando la altura de sus antenas de 6 a 18 metros y su potencia de 1 a 10 watt.

Originalmente se habían contemplado 15 watt para las emisoras, pero se modificó este punto en el Senado, reduciendo a sólo 10 watt, situación que molestó al diputado del PPD Patricio Hales, quien igualmente votó a favor de la iniciativa.

"Si antes había derecho a tener una radio con un watt de potencia y hoy se le van a dar diez wat, la Cámara aprobó 15 watt, señor presidente y no 10 watt. De todas formas aunque el Senado haya castigado a las radios comunitarias, y si en cambio se discutiera en una comisión mixta y se retrasara, se va a seguir postergando y las radios comunitarias seguirán perjudicadas", indicó el parlamentario.

El texto además establece un espacio que va solamente desde el 107 hasta el 108 en frecuencia modulada para acceso preferente de las radios comunitarias, situación que fue justificada por el presidente de la Archi, Luis Pardo Sainz.  

"Se logra generar un segmento especial del espectro radioeléctrico donde sólo van a estar las radios comunitarias lo que se traduce en que se supera una larga historia de interferencias y conflictos por el uso radioeléctrico entre unas y otras. En ese sentido el proyecto regula de mejor forma ese aspecto que como está hoy genera una competencia desleal en especial para las radios más pequeñas en regiones", dijo el dirigente.

En tanto, el Parlamento se negó a consagrar un aspecto que se ha debatido y aprobado en diferentes legislaciones del continente, como la posibilidad de reservar un tercio del espectro radioeléctrico para proyectos de la sociedad civil y sin fines de lucro.  

La ministra Secretaria General de Gobierno, Pilar Armanet, se encargo de justificar por qué La Moneda no tomó esta idea en el texto.

"Hay que compatibilizar dos intereses importantes. Por un lado, las radios comunitarias para que tengan el espacio que efectivamente estén garantizados. Existen concesionarios que tienen derechos sobre el dial y esos dos derechos son los que se tenían que compatibilizar", señaló la vocera.

El proyecto contó  con el respaldo de la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), pero por el contrario partida, la Red de Radios de los Pueblos de Chile manifestó su rechazo a los actuales términos del proyecto.  

"Reunidos como Red de Radios de los Pueblos de Chile declaramos: Reivindicamos el derecho a la libertad de expresión, somos actores relevantes en el debate sobre la radiodifusión comunitaria como actividad informativa, educativa y consciente, sin interés de lucro. La Asociación de Radiodifusores de Chile busca defender el negocio de empresarios radiales. Nos mantendremos unidos y firmes para el libre uso del espectro radioeléctrico y el derecho a la libertad de expresión no asegurada porque no garantiza un tercio del espectro para la sociedad civil", enfatizó la Red de Radios de los Pueblos.

La expectativas de esta organización eran genera la posibilidad de llevar adelante un debate más fuerte, como en Argentina o Uruguay.

Con este resultado, sólo falta la promulgación del texto, a menos que se le coloque un veto presidencial, posteriormente, deben pasar 120 días, para que la Subsecretaría de telecomunicaciones dicte los reglamentos que implementan la nueva norma.

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