Molestia general se vive al interior de las organizaciones medio ambientales por el ingreso al Parlamento del proyecto de Ley que establece el pago de un impuesto específico municipal por la instalación de centrales de generación eléctrica, más conocido como Ley de Compensaciones a centrales eléctricas.

Lo que la iniciativa legal busca es redistribuir la carga impositiva de las empresas eléctricas, parte de los impuestos que antes se pagaban a las arcas fiscales nacionales, ahora irán a los municipios.

A juicio de las organizaciones ciudadanas el proyecto presenta un aspecto positivo y otro negativo. Lo bueno es que los recursos que se entreguen por las empresas se quedarán en los lugares donde funcionen, recompensando de alguna forma el daño que se produce al medio ambiente y a los habitantes de la zona. Lo negativo respondería a una manera de garantizar ‘equidad territorial’ en cuanto a la distribución de los impactos que producen este tipo de proyecto en los territorios.

Para la encargada del tema de fundación  Terram, Paola Vasconi,  este proyecto de ley es una luz para Hidroaysén y Campiche entre otros.

"Es una luz para todas aquellas centrales que están aprobadas o están en evaluación, pero que todavía no se han interconectado a ninguno de los dos sistemas. Son los términos planteados por lo que podría leerse como una manera de viabilizar la instalación de proyectos como Los Robles, Barrancones, Campiche, incluso las centrales de Hidro Aysén", subrayó la experta.

Respecto del uso de este impuesto, Paola Vasconi, señala que “Lo más grave es que con una propuesta como esta se inhibe la participación de las comunidades y de los gobiernos locales en la evaluación ambiental de los proyectos, debido a la entrega de compensaciones directas a los municipios, disminuyendo aún más su capacidad para defenderse frente a los grandes proyectos energéticos”.