El caso fue denunciado por el equipo de la Radio Popular Enrique Torres, que se ubica en el 94.9 de la Frecuencia Modulada y corresponde a la comuna de La Granja.
Los afectados indicaron que se han realizado investigaciones sistemáticas sobre el origen del medio y la identidad de los responsables del proyecto, lo que podría transformarse en persecución de responsabilidades judiciales.
La emisora tiene un marcado corte político y mirada crítica en su línea editorial y se autodefinen como una propuesta comunicacional comunitaria, independiente y autogestionada.
Nelson Aramburu, del equipo coordinador de la Red de Radios de los Pueblos de Chile, se mostró preocupado frente a esta situación, puesto que no sería la primera que se denuncia en nuestro país.
“La persecución a las radios comunitarias no es algo que recién esté ocurriendo. Los sectores dominantes tratan de acallar toda voz que no sea partidaria del sistema y, en particular, de la libre empresa. Archi se limpia la boca con la libertad de expresión y en la práctica actúan como aves de rapiña contra quienes no están en el negocio”, afirmó Aramburu.
A nivel de organizaciones no gubernamentales, la visión es compartida. De hecho, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) que agrupa a las radios comerciales, ya ha presentado ante la justicia casos por este tema.
Y la principal acusación contra las emisoras alternativas alude a la falta de un permiso legal para la transmisión de contenidos. Sin embargo, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano precisó que estas acciones gremiales son ilegítimas.
“Es una lógica que comienza a instalarse. No es algo aislado. La situación en La Granja y otras denuncias que habrían también hablan de que se estaría recabando información para poder identificar a las personas que están detrás de la operación de estas radios comunitarias. Esto va en escalada. Uno de los mayores problemas es la distribución del espectro porque no se puede hacer que todas las radios estén en el dial”, comentó Acevedo.
En la actualidad existe un proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, que establece un rango de 25 watts para transmitir y duración de 10 años en sus concesiones, pero sólo les permite acceder al cinco por ciento del espectro radioeléctrico.
Según Enrique Ortega, de la ONG Educación y Comunicaciones, esta falencia en la institucionalidad podría gatillar la necesidad de mantenerse fuera de los estándares permitidos para poder transmitir.
“Si el Estado no cumple con su rol de democratizar y garantizar un acceso equitativo a un bien de uso público, es natural que hayan experiencias que deban optar por estar fuera de la legalidad. El Estado no prodiga que diferentes sectores tengan acceso a hacer comunicación y ocupar el acceso radioeléctrico como ellos quieran”, sentenció Ortega.
En países como Uruguay, Argentina o Brasil se establece la posibilidad de consagrar un tercio del espectro radioeléctrico para proyectos de la sociedad civil, para equilibrar su participación con proyectos estatales y privados.
En la iniciativa que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, se presentó una norma en esta línea, para garantizar un tercio del espectro para proyectos sin fines de lucro, pero fue rechazada en el Senado y fracasó en su tramitación.
El caso fue denunciado por el equipo de la Radio Popular Enrique Torres, que se ubica en el 94.9 de la Frecuencia Modulada y corresponde a la comuna de La Granja.
Los afectados indicaron que se han realizado investigaciones sistemáticas sobre el origen del medio y la identidad de los responsables del proyecto, lo que podría transformarse en persecución de responsabilidades judiciales.
La emisora tiene un marcado corte político y mirada crítica en su línea editorial y se autodefinen como una propuesta comunicacional comunitaria, independiente y autogestionada.
Nelson Aramburu, del equipo coordinador de la Red de Radios de los Pueblos de Chile, se mostró preocupado frente a esta situación, puesto que no sería la primera que se denuncia en nuestro país.
“La persecución a las radios comunitarias no es algo que recién esté ocurriendo. Los sectores dominantes tratan de acallar toda voz que no sea partidaria del sistema y, en particular, de la libre empresa. Archi se limpia la boca con la libertad de expresión y en la práctica actúan como aves de rapiña contra quienes no están en el negocio”, afirmó Aramburu.
A nivel de organizaciones no gubernamentales, la visión es compartida. De hecho, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) que agrupa a las radios comerciales, ya ha presentado ante la justicia casos por este tema.
Y la principal acusación contra las emisoras alternativas alude a la falta de un permiso legal para la transmisión de contenidos. Sin embargo, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano precisó que estas acciones gremiales son ilegítimas.
“Es una lógica que comienza a instalarse. No es algo aislado. La situación en La Granja y otras denuncias que habrían también hablan de que se estaría recabando información para poder identificar a las personas que están detrás de la operación de estas radios comunitarias. Esto va en escalada. Uno de los mayores problemas es la distribución del espectro porque no se puede hacer que todas las radios estén en el dial”, comentó Acevedo.
En la actualidad existe un proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, que establece un rango de 25 watts para transmitir y duración de 10 años en sus concesiones, pero sólo les permite acceder al cinco por ciento del espectro radioeléctrico.
Según Enrique Ortega, de la ONG Educación y Comunicaciones, esta falencia en la institucionalidad podría gatillar la necesidad de mantenerse fuera de los estándares permitidos para poder transmitir.
“Si el Estado no cumple con su rol de democratizar y garantizar un acceso equitativo a un bien de uso público, es natural que hayan experiencias que deban optar por estar fuera de la legalidad. El Estado no prodiga que diferentes sectores tengan acceso a hacer comunicación y ocupar el acceso radioeléctrico como ellos quieran”, sentenció Ortega.
En países como Uruguay, Argentina o Brasil se establece la posibilidad de consagrar un tercio del espectro radioeléctrico para proyectos de la sociedad civil, para equilibrar su participación con proyectos estatales y privados.
En la iniciativa que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, se presentó una norma en esta línea, para garantizar un tercio del espectro para proyectos sin fines de lucro, pero fue rechazada en el Senado y fracasó en su tramitación.
El caso fue denunciado por el equipo de la Radio Popular Enrique Torres, que se ubica en el 94.9 de la Frecuencia Modulada y corresponde a la comuna de La Granja.
Los afectados indicaron que se han realizado investigaciones sistemáticas sobre el origen del medio y la identidad de los responsables del proyecto, lo que podría transformarse en persecución de responsabilidades judiciales.
La emisora tiene un marcado corte político y mirada crítica en su línea editorial y se autodefinen como una propuesta comunicacional comunitaria, independiente y autogestionada.
Nelson Aramburu, del equipo coordinador de la Red de Radios de los Pueblos de Chile, se mostró preocupado frente a esta situación, puesto que no sería la primera que se denuncia en nuestro país.
“La persecución a las radios comunitarias no es algo que recién esté ocurriendo. Los sectores dominantes tratan de acallar toda voz que no sea partidaria del sistema y, en particular, de la libre empresa. Archi se limpia la boca con la libertad de expresión y en la práctica actúan como aves de rapiña contra quienes no están en el negocio”, afirmó Aramburu.
A nivel de organizaciones no gubernamentales, la visión es compartida. De hecho, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) que agrupa a las radios comerciales, ya ha presentado ante la justicia casos por este tema.
Y la principal acusación contra las emisoras alternativas alude a la falta de un permiso legal para la transmisión de contenidos. Sin embargo, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano precisó que estas acciones gremiales son ilegítimas.
“Es una lógica que comienza a instalarse. No es algo aislado. La situación en La Granja y otras denuncias que habrían también hablan de que se estaría recabando información para poder identificar a las personas que están detrás de la operación de estas radios comunitarias. Esto va en escalada. Uno de los mayores problemas es la distribución del espectro porque no se puede hacer que todas las radios estén en el dial”, comentó Acevedo.
En la actualidad existe un proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, que establece un rango de 25 watts para transmitir y duración de 10 años en sus concesiones, pero sólo les permite acceder al cinco por ciento del espectro radioeléctrico.
Según Enrique Ortega, de la ONG Educación y Comunicaciones, esta falencia en la institucionalidad podría gatillar la necesidad de mantenerse fuera de los estándares permitidos para poder transmitir.
“Si el Estado no cumple con su rol de democratizar y garantizar un acceso equitativo a un bien de uso público, es natural que hayan experiencias que deban optar por estar fuera de la legalidad. El Estado no prodiga que diferentes sectores tengan acceso a hacer comunicación y ocupar el acceso radioeléctrico como ellos quieran”, sentenció Ortega.
En países como Uruguay, Argentina o Brasil se establece la posibilidad de consagrar un tercio del espectro radioeléctrico para proyectos de la sociedad civil, para equilibrar su participación con proyectos estatales y privados.
En la iniciativa que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, se presentó una norma en esta línea, para garantizar un tercio del espectro para proyectos sin fines de lucro, pero fue rechazada en el Senado y fracasó en su tramitación.
