Hace ya varios días que Socovil, empresa responsable del emblemático edificio Alto Río de Concepción que colapsó luego del terremoto del 27 de febrero, ha sido el blanco de críticas por parte de los usuarios afectados.
Primero fueron los peritajes preliminares que detectaron fallas estructurales en la edificación del complejo habitacional. Después se descubrió que el entonces presidente de la delegación regional de Cámara de la Construcción, Juan Ignacio Ortigosa, sería uno de los propietarios de la cuestionada inmobiliaria, mientras que ahora los abogados de los residentes que vivían en Alto Río denunciaron que Socovil habría traspasado su patrimonio a otras sociedades con el fin de eludir la acción de la justicia.
Esta preocupante situación fue tratada en la firma de un convenio entre la Cámara Chilena de la Construcción y la Intendencia de Santiago. Ahí, el presidente del gremio, Lorenzo Constant, confirmó una investigación técnica y disciplinaria de la comisión ética de la entidad y advirtió que los socios de la Cámara que incurran en anomalías pueden ser sancionados por el gremio, llegando incluso a la desvinculación.
“Hay sanciones serias. Vamos a esperar que la comisión analice la situación. Hay que reunir todos los antecedentes, no vamos a rehuir del tema e informaremos cuál será nuestra posición como gremio. Las sanciones de ese tipo son mucho más fuertes que las otras y no descarto ninguna situación”, aseveró Constant.
Mediante una declaración pública, Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza Martínez, dueños de la cuestionada inmobiliaria, dijeron que resulta absolutamente falso que el patrimonio de Río Huequén Limitada o Constructora Socovil Limitada, vendedora y constructora del edificio Alto Río, hayan experimentado disminución o menoscabo con posterioridad al 27 de febrero del presente.
En tanto, el nuevo intendente de la Región Metropolitana Fernando Echeverría, dijo que la prioridad del gobierno es ir en ayuda de los residentes de las viviendas que colapsaron con el sismo y enfatizó que después será el momento de evaluar las responsabilidades que tuvieron las empresas en el colapso de inmuebles.
“El aspecto judicial va por otro camino. Aquí estamos preocupados de la emergencia. Por supuesto que van a respetarse los derechos y van a haber todas las instancias necesarias para hacerlo. Por lo que hemos estudiado de los proyectos inmobiliarios, hay gran cantidad de gente que tiene seguros por terremoto. Hay que hacer un llamado para que ellos apliquen esas pólizas, que los van a defender”, sostuvo el ex titular de la Cámara de la Construcción.
Desde la arista penal de este caso, el abogado querellante de las víctimas que fallecieron debido al desplome del edificio Alto Río, Gonzalo Contreras, informó que se iniciarán peritajes paralelos a los que realiza el Ministerio Público para establecer con claridad las presuntas
responsabilidades en el colapso de la estructura.
En paralelo, la Fiscalía Regional del Biobío dijo que desde el jueves pasado se encuentra en Concepción un equipo del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la U. de Chile realizando peritajes técnicos que ayuden a precisar las causas exactas del derrumbe.
Hace ya varios días que Socovil, empresa responsable del emblemático edificio Alto Río de Concepción que colapsó luego del terremoto del 27 de febrero, ha sido el blanco de críticas por parte de los usuarios afectados.
Primero fueron los peritajes preliminares que detectaron fallas estructurales en la edificación del complejo habitacional. Después se descubrió que el entonces presidente de la delegación regional de Cámara de la Construcción, Juan Ignacio Ortigosa, sería uno de los propietarios de la cuestionada inmobiliaria, mientras que ahora los abogados de los residentes que vivían en Alto Río denunciaron que Socovil habría traspasado su patrimonio a otras sociedades con el fin de eludir la acción de la justicia.
Esta preocupante situación fue tratada en la firma de un convenio entre la Cámara Chilena de la Construcción y la Intendencia de Santiago. Ahí, el presidente del gremio, Lorenzo Constant, confirmó una investigación técnica y disciplinaria de la comisión ética de la entidad y advirtió que los socios de la Cámara que incurran en anomalías pueden ser sancionados por el gremio, llegando incluso a la desvinculación.
“Hay sanciones serias. Vamos a esperar que la comisión analice la situación. Hay que reunir todos los antecedentes, no vamos a rehuir del tema e informaremos cuál será nuestra posición como gremio. Las sanciones de ese tipo son mucho más fuertes que las otras y no descarto ninguna situación”, aseveró Constant.
Mediante una declaración pública, Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza Martínez, dueños de la cuestionada inmobiliaria, dijeron que resulta absolutamente falso que el patrimonio de Río Huequén Limitada o Constructora Socovil Limitada, vendedora y constructora del edificio Alto Río, hayan experimentado disminución o menoscabo con posterioridad al 27 de febrero del presente.
En tanto, el nuevo intendente de la Región Metropolitana Fernando Echeverría, dijo que la prioridad del gobierno es ir en ayuda de los residentes de las viviendas que colapsaron con el sismo y enfatizó que después será el momento de evaluar las responsabilidades que tuvieron las empresas en el colapso de inmuebles.
“El aspecto judicial va por otro camino. Aquí estamos preocupados de la emergencia. Por supuesto que van a respetarse los derechos y van a haber todas las instancias necesarias para hacerlo. Por lo que hemos estudiado de los proyectos inmobiliarios, hay gran cantidad de gente que tiene seguros por terremoto. Hay que hacer un llamado para que ellos apliquen esas pólizas, que los van a defender”, sostuvo el ex titular de la Cámara de la Construcción.
Desde la arista penal de este caso, el abogado querellante de las víctimas que fallecieron debido al desplome del edificio Alto Río, Gonzalo Contreras, informó que se iniciarán peritajes paralelos a los que realiza el Ministerio Público para establecer con claridad las presuntas
responsabilidades en el colapso de la estructura.
En paralelo, la Fiscalía Regional del Biobío dijo que desde el jueves pasado se encuentra en Concepción un equipo del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la U. de Chile realizando peritajes técnicos que ayuden a precisar las causas exactas del derrumbe.
Hace ya varios días que Socovil, empresa responsable del emblemático edificio Alto Río de Concepción que colapsó luego del terremoto del 27 de febrero, ha sido el blanco de críticas por parte de los usuarios afectados.
Primero fueron los peritajes preliminares que detectaron fallas estructurales en la edificación del complejo habitacional. Después se descubrió que el entonces presidente de la delegación regional de Cámara de la Construcción, Juan Ignacio Ortigosa, sería uno de los propietarios de la cuestionada inmobiliaria, mientras que ahora los abogados de los residentes que vivían en Alto Río denunciaron que Socovil habría traspasado su patrimonio a otras sociedades con el fin de eludir la acción de la justicia.
Esta preocupante situación fue tratada en la firma de un convenio entre la Cámara Chilena de la Construcción y la Intendencia de Santiago. Ahí, el presidente del gremio, Lorenzo Constant, confirmó una investigación técnica y disciplinaria de la comisión ética de la entidad y advirtió que los socios de la Cámara que incurran en anomalías pueden ser sancionados por el gremio, llegando incluso a la desvinculación.
“Hay sanciones serias. Vamos a esperar que la comisión analice la situación. Hay que reunir todos los antecedentes, no vamos a rehuir del tema e informaremos cuál será nuestra posición como gremio. Las sanciones de ese tipo son mucho más fuertes que las otras y no descarto ninguna situación”, aseveró Constant.
Mediante una declaración pública, Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza Martínez, dueños de la cuestionada inmobiliaria, dijeron que resulta absolutamente falso que el patrimonio de Río Huequén Limitada o Constructora Socovil Limitada, vendedora y constructora del edificio Alto Río, hayan experimentado disminución o menoscabo con posterioridad al 27 de febrero del presente.
En tanto, el nuevo intendente de la Región Metropolitana Fernando Echeverría, dijo que la prioridad del gobierno es ir en ayuda de los residentes de las viviendas que colapsaron con el sismo y enfatizó que después será el momento de evaluar las responsabilidades que tuvieron las empresas en el colapso de inmuebles.
“El aspecto judicial va por otro camino. Aquí estamos preocupados de la emergencia. Por supuesto que van a respetarse los derechos y van a haber todas las instancias necesarias para hacerlo. Por lo que hemos estudiado de los proyectos inmobiliarios, hay gran cantidad de gente que tiene seguros por terremoto. Hay que hacer un llamado para que ellos apliquen esas pólizas, que los van a defender”, sostuvo el ex titular de la Cámara de la Construcción.
Desde la arista penal de este caso, el abogado querellante de las víctimas que fallecieron debido al desplome del edificio Alto Río, Gonzalo Contreras, informó que se iniciarán peritajes paralelos a los que realiza el Ministerio Público para establecer con claridad las presuntas
responsabilidades en el colapso de la estructura.
En paralelo, la Fiscalía Regional del Biobío dijo que desde el jueves pasado se encuentra en Concepción un equipo del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la U. de Chile realizando peritajes técnicos que ayuden a precisar las causas exactas del derrumbe.
