En los últimos días hemos visto que las autoridades inauguran las “escuelas modulares” que deberán hacer frente a la emergencia que dejó el terremoto del pasado 27 de febrero. Se escucha en los discursos que la prioridad es que los niños entren a clases y se normalice el año escolar. Sin embargo, en la lista de los pendientes quedaron temas que son urgentes para cumplir con las promesas de una educación de calidad.
El ministerio de Educación entrante debía, entre otras cosas, negociar el Estatuto Docente con los profesores y mejorar la aplicación de algunas pruebas, tareas que se postergaron debido al terremoto.
Pero las iniciativas legales que están estancadas en el Congreso tienen un capítulo aparte. Una de ellas es el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que es el que está en una mayor nebulosa. A éste se suma un proyecto que ha sido presentado como un baluarte para la consagración de una mejora en el sistema después de la criticada Ley General de Educación: la creación de la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia del ramo.
La existencia de una Agencia y una Superintendencia estaba dentro del programa del nuevo gobierno, incluso en época de campaña destacaba su aporte a la idea original del proyecto y a la consideración como un “elemento de máxima importancia la elaboración de un nuevo marco institucional (…) para orientar a los establecimientos educativos en el logro de una educación de calidad”.
Pero se necesita un empujón del gobierno para apurar el trámite legislativo y las urgencias no parecen enfocadas en este sentido, dejando a la calidad de la educación en la eterna lista de espera.
“La vida sigue y hay una serie de temas que retomar. Entre ellos, están las dos leyes en el Congreso. Una está muy adelantada y la otra es una ley que nadie está por aprobar, la ley de educación pública, que supone una discusión nacional importante”, señaló Juan Eduardo García Huidobro, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE).
La demanda por desmunicipalizar las escuelas, que han defendido profesores, estudiantes, expertos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, no está dentro de las políticas del actual mandato relacionadas con la educación pública.
“No sé si se va a lograr este año, ahí supondría una iniciativa del gobierno de representar esa ley. No sé si a este gobierno le va a interesar, pero obviamente que estamos en una crisis brutal en la educación municipal y eso es algo a lo que hay que ponerle coto”, sostuvo el ex miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.
Los expertos insisten en que no se puede dejar de lado la misión de mejorar el sistema escolar. Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones de Educación (PIIE), quien dijo que “el ministerio de Educación tiene que estar viendo la calidad” y más allá de la catástrofe “va a tener que ser paralelo (el trabajo) y por un lado seguir la política educativa que se tenía”. “No todo el país está en el suelo, gracias a Dios”.
Aunque Loreto Egaña concluyó que la ley de la Agencia y la Superintendencia “no son un cambio radical, la educación pública está afectada y los municipios desgastados”. Y precisamente ese tema puede resolverse en el proyecto que está en el Congreso, pero que no prende el interés de la autoridad y tampoco de los parlamentarios.
Este Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad facultará al ministerio para que diseñe políticas, proponga currículum, estándares de aprendizaje y desempeño.
Para el director de la oficina Regional de Educación de la Unesco, Jorge Sequeira, ésta es una oportunidad para “mejorar no sólo infraestructura sino en contenidos, calidad, acceso, curriculum, profesores y planificación escolar que permitan reactivar el sistema mejor que antes”.
Por esta razón, los especialistas esperan que en el proceso de reconstrucción de la infraestructura escolar no se empobrezca la entrega educativa y la preocupación la calidad de la enseñanza para no lamentar una nueva generación perdida.
En los últimos días hemos visto que las autoridades inauguran las “escuelas modulares” que deberán hacer frente a la emergencia que dejó el terremoto del pasado 27 de febrero. Se escucha en los discursos que la prioridad es que los niños entren a clases y se normalice el año escolar. Sin embargo, en la lista de los pendientes quedaron temas que son urgentes para cumplir con las promesas de una educación de calidad.
El ministerio de Educación entrante debía, entre otras cosas, negociar el Estatuto Docente con los profesores y mejorar la aplicación de algunas pruebas, tareas que se postergaron debido al terremoto.
Pero las iniciativas legales que están estancadas en el Congreso tienen un capítulo aparte. Una de ellas es el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que es el que está en una mayor nebulosa. A éste se suma un proyecto que ha sido presentado como un baluarte para la consagración de una mejora en el sistema después de la criticada Ley General de Educación: la creación de la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia del ramo.
La existencia de una Agencia y una Superintendencia estaba dentro del programa del nuevo gobierno, incluso en época de campaña destacaba su aporte a la idea original del proyecto y a la consideración como un “elemento de máxima importancia la elaboración de un nuevo marco institucional (…) para orientar a los establecimientos educativos en el logro de una educación de calidad”.
Pero se necesita un empujón del gobierno para apurar el trámite legislativo y las urgencias no parecen enfocadas en este sentido, dejando a la calidad de la educación en la eterna lista de espera.
“La vida sigue y hay una serie de temas que retomar. Entre ellos, están las dos leyes en el Congreso. Una está muy adelantada y la otra es una ley que nadie está por aprobar, la ley de educación pública, que supone una discusión nacional importante”, señaló Juan Eduardo García Huidobro, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE).
La demanda por desmunicipalizar las escuelas, que han defendido profesores, estudiantes, expertos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, no está dentro de las políticas del actual mandato relacionadas con la educación pública.
“No sé si se va a lograr este año, ahí supondría una iniciativa del gobierno de representar esa ley. No sé si a este gobierno le va a interesar, pero obviamente que estamos en una crisis brutal en la educación municipal y eso es algo a lo que hay que ponerle coto”, sostuvo el ex miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.
Los expertos insisten en que no se puede dejar de lado la misión de mejorar el sistema escolar. Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones de Educación (PIIE), quien dijo que “el ministerio de Educación tiene que estar viendo la calidad” y más allá de la catástrofe “va a tener que ser paralelo (el trabajo) y por un lado seguir la política educativa que se tenía”. “No todo el país está en el suelo, gracias a Dios”.
Aunque Loreto Egaña concluyó que la ley de la Agencia y la Superintendencia “no son un cambio radical, la educación pública está afectada y los municipios desgastados”. Y precisamente ese tema puede resolverse en el proyecto que está en el Congreso, pero que no prende el interés de la autoridad y tampoco de los parlamentarios.
Este Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad facultará al ministerio para que diseñe políticas, proponga currículum, estándares de aprendizaje y desempeño.
Para el director de la oficina Regional de Educación de la Unesco, Jorge Sequeira, ésta es una oportunidad para “mejorar no sólo infraestructura sino en contenidos, calidad, acceso, curriculum, profesores y planificación escolar que permitan reactivar el sistema mejor que antes”.
Por esta razón, los especialistas esperan que en el proceso de reconstrucción de la infraestructura escolar no se empobrezca la entrega educativa y la preocupación la calidad de la enseñanza para no lamentar una nueva generación perdida.
En los últimos días hemos visto que las autoridades inauguran las “escuelas modulares” que deberán hacer frente a la emergencia que dejó el terremoto del pasado 27 de febrero. Se escucha en los discursos que la prioridad es que los niños entren a clases y se normalice el año escolar. Sin embargo, en la lista de los pendientes quedaron temas que son urgentes para cumplir con las promesas de una educación de calidad.
El ministerio de Educación entrante debía, entre otras cosas, negociar el Estatuto Docente con los profesores y mejorar la aplicación de algunas pruebas, tareas que se postergaron debido al terremoto.
Pero las iniciativas legales que están estancadas en el Congreso tienen un capítulo aparte. Una de ellas es el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que es el que está en una mayor nebulosa. A éste se suma un proyecto que ha sido presentado como un baluarte para la consagración de una mejora en el sistema después de la criticada Ley General de Educación: la creación de la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia del ramo.
La existencia de una Agencia y una Superintendencia estaba dentro del programa del nuevo gobierno, incluso en época de campaña destacaba su aporte a la idea original del proyecto y a la consideración como un “elemento de máxima importancia la elaboración de un nuevo marco institucional (…) para orientar a los establecimientos educativos en el logro de una educación de calidad”.
Pero se necesita un empujón del gobierno para apurar el trámite legislativo y las urgencias no parecen enfocadas en este sentido, dejando a la calidad de la educación en la eterna lista de espera.
“La vida sigue y hay una serie de temas que retomar. Entre ellos, están las dos leyes en el Congreso. Una está muy adelantada y la otra es una ley que nadie está por aprobar, la ley de educación pública, que supone una discusión nacional importante”, señaló Juan Eduardo García Huidobro, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE).
La demanda por desmunicipalizar las escuelas, que han defendido profesores, estudiantes, expertos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, no está dentro de las políticas del actual mandato relacionadas con la educación pública.
“No sé si se va a lograr este año, ahí supondría una iniciativa del gobierno de representar esa ley. No sé si a este gobierno le va a interesar, pero obviamente que estamos en una crisis brutal en la educación municipal y eso es algo a lo que hay que ponerle coto”, sostuvo el ex miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.
Los expertos insisten en que no se puede dejar de lado la misión de mejorar el sistema escolar. Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones de Educación (PIIE), quien dijo que “el ministerio de Educación tiene que estar viendo la calidad” y más allá de la catástrofe “va a tener que ser paralelo (el trabajo) y por un lado seguir la política educativa que se tenía”. “No todo el país está en el suelo, gracias a Dios”.
Aunque Loreto Egaña concluyó que la ley de la Agencia y la Superintendencia “no son un cambio radical, la educación pública está afectada y los municipios desgastados”. Y precisamente ese tema puede resolverse en el proyecto que está en el Congreso, pero que no prende el interés de la autoridad y tampoco de los parlamentarios.
Este Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad facultará al ministerio para que diseñe políticas, proponga currículum, estándares de aprendizaje y desempeño.
Para el director de la oficina Regional de Educación de la Unesco, Jorge Sequeira, ésta es una oportunidad para “mejorar no sólo infraestructura sino en contenidos, calidad, acceso, curriculum, profesores y planificación escolar que permitan reactivar el sistema mejor que antes”.
Por esta razón, los especialistas esperan que en el proceso de reconstrucción de la infraestructura escolar no se empobrezca la entrega educativa y la preocupación la calidad de la enseñanza para no lamentar una nueva generación perdida.
