Desde antes de la instalación de la administración de Sebastián Piñera comenzaron a generarse diversos cuestionamientos sobre algunas situaciones que, si bien son legales, podrían considerarse “al filo de la ley”, abriendo un amplio debate sobre su legitimidad.

Se trata de temas sensibles como la relación entre las nuevas autoridades de la República con empresas particulares, a partir de la misma figura emblemática del Presidente  Sebastián Piñera, cuya evidente relación con los negocios ha sido un tema ineludible.

En este tópico también se adscriben la relación de ministros, intendentes y gobernadores que poseen empresas en las mismas regiones donde ejercen el poder y donde realizan labores de fiscalización, así como también de algunos lobbystas que, al presionar por determinados intereses, terminan por convertirse en verdaderas autoridades de gobierno.

Sin ir más lejos mucho se cuestionó la designación de Jaime Mañalich como ministro de Salud, cuando aún se desempeñaba como director de la Clínica Las Condes; Joaquín Lavín como titular de Educación, siendo fundador y dueño de la Universidad del Desarrollo, y Alfredo Moreno en Relaciones Exteriores, quien participaba en el directorio de Falabella, empresa que tiene intereses en Argentina, Colombia y Perú, entre otros titulares nominados. Todos ellos tuvieron que dejar sus cargos y participaciones por razones obvias.

Lo mismo sucedió con los intendentes como, por ejemplo, Fernando Echeverría por la Región Metropolitana, quien fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y gerente general de la constructora Echeverría Izquierdo, responsable del Edificio Altos de Huechuraba que sufrió graves daños con el terremoto.

Así suma y sigue. Para qué decir de los gobernadores, de los cuales cinco, aunque no están  cuestionados  por conflictos de intereses, están en entre dicho por problemas judiciales y de deudas.

Para el director ejecutivo de la Fundación Pro-Acceso, Moisés Sánchez, el problema no está en tener estos llamados “conflictos de intereses”, sino en cómo se maneja la información y las medidas de transparencia que adopta el Estado. “Ahí es donde  hay que hacer avanzar en la agenda de transparencia con normas que regulen el lobby y que profundicen sobre la declaración de patrimonio, que son temas fundamentales”, dijo.

Sánchez aclaró que si bien existe una iniciativa en el Congreso para regular el lobby, el proyecto lleva años detenido por falta de consenso
Por otro lado, en relación a la venta de las acciones de LAN y la participación que el Presidente Piñera aún mantiene en Chilevisión y Blanco Negro, el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, David Ibaceta, señaló que no existe ningún impedimento legal para que el mandatario se desvincule de las empresas.

Sin embargo, el conflicto radica en un problema ético, “de actividad de principios y para los efectos de ejercer con plena independencia el cargo. La única manera en que  pueda hacerlo es no teniendo ningún tipo de interés económico y político o de cualquier otra naturaleza en las actividades en las que es actor principal,  más todavía cuando se trata del Presidente de la República”.

Además, el abogado aclaró que la elusión tributaria que se le imputa al mandatario desde la oposición, en sí misma no es constitutiva de delito, sino que es un proceso que está dentro de la legalidad vigente, que busca reducir carga tributaria de cualquier persona, pero que, sin duda, cobra un mayor impacto al afectar al mandatario.

María Inés de Ferrari de la ONG Participa, indicó que en esta materia existe una regulación parcial, por lo que es importante debatir el tema y que el debate se plasme en leyes que definan con precisión los límites y momentos en que se deben tomar las decisiones. “Y eso habría que ampliaron no sólo a qué es lo que pasa cuando tú llegas a un cargo, sino qué pasa desde dónde tú vienes y qué pasa cuando tú dejas el cargo. Qué pasa con una persona que ha tenido un cargo público durante mucho tiempo y a los dos meses está trabajando en la empresa privada en la misma área”, dijo.

Finalmente, los expertos apuntan a estudiar la experiencia internacional de los países que han generando buenas prácticas al respecto y adaptarlas a nuestra realidad particular, generando protocolos de probidad y transparencia en esta materia.

Asimismo señalaron que Chile tiene una gran oportunidad para dar una lección a la región de cómo regular estos conflictos y, en este sentido, una buena señal es la instalación del debate en los medios de comunicación, como también la preocupación de la ciudadanía y los actores políticos. Todavía quedan cuatro años para hacerlo.