La educación superior pública es uno de los puntos más críticos en la confrontación ideológica que se da entre las diferentes opciones políticas que existen. Hay una disputa abierta donde se encuentra una diversidad de modelos posibles, que responden a distintos proyectos de sociedad.

La prensa ya ha dado a conocer algunas medidas del nuevo Ministerio de Educación, entre las que es importante destacar la restricción de las becas de posgrado; el acortamiento hasta el penúltimo año de algunos beneficios de financiamiento para estudiantes de carreras rentables y el aumento de los plazos para postulación al crédito con aval del Estado, que es privado, mientras el Fondo Solidario es reducido. Todas éstas confluyen en la misma visión de educación como un bien netamente privado, cuyo fundamento ideológico es que la educación superior constituye una inversión como cualquier otra, donde la mayor parte del beneficio es recibida por quien obtiene el grado académico, lo que justificaría entonces que el estudiante tenga que acceder a crédito en lugar de becas como forma de financiamiento.

Esta posición se ubica al extremo de una concepción radicalmente neoliberal, que además de ser inconsulta, porque habría que ver qué piensan la sociedad o los actores sociales representativos de ella, es profundamente impopular. Las movilizaciones estudiantiles en la última década se han planteado en contra de estas políticas y las propuestas surgidas del mundo académico, como el “nuevo trato”, también han sugerido caminos alternativos.

Lo más grave es que esos objetivos políticos y los fundamentos ideológicos que los sustentan se anteponen a cualquier análisis de su impacto en la sociedad chilena. Este modelo, al mirar los grados académicos como proyectos de inversión, desincentiva a estudiar carreras “no rentables” (arte, filosofía, teatro, etcétera). Por otro lado, el financiamiento a base de créditos privados, regulados mediante el mercado de capitales, produce que las tasas de interés sean mayores. Aun cuando la falta de colateral de estos estudiantes es cubierta por el aval del Estado, son las universidades quienes cubren los costos en caso de abandono en los primeros años, produciendo el incentivo a rebajar los estándares de calidad para no reprobar a estos estudiantes. Además, pareciera ser que abrir estos beneficios, en igualdad de condiciones para todas las instituciones acreditadas sin considerar sus características, busca encubrir un conflicto de intereses.

Un modelo como el que se apuesta a instalar no existe prácticamente en ningún lugar del mundo y la razón es muy clara. El común entendido apunta a considerar la educación superior como un bien mixto, que además de producir la movilidad social de quienes acceden a ella -bajo el cuestionable supuesto de que en Chile pueden ingresar los sectores populares-, otorga a la sociedad el beneficio de una población culta y bien formada en el ejercicio de la ciudadanía, en las artes y las ciencias, lo que produce una incidencia significativa en el crecimiento y desarrollo social del país.

Bajo una concepción de educación superior como inversión social, los beneficios o externalidades generados por la educación motivan al Estado a generar estímulos para facilitar el acceso a la universidad sin trabas económicas, reduciendo los costos privados en que los estudiantes deben incurrir. Esto se logra a través de políticas de financiamiento como aranceles diferenciados, becas o gratuidad de estudios. Si bien sigue existiendo un beneficio individual para quienes se educan, puede producirse un interesante retorno mediante la ubicación estratégica de los egresados por un número de años de “servicio social”, o a través de una reforma tributaria progresiva que permita cobrar un porcentaje más alto a quienes obtienen mayores ingresos.

Considerar la educación superior como un bien privado, impulsado por radicales concepciones ideológicas o para facilitar las ganancias de las empresas del rubro y los grandes grupos financieros, sólo nos lleva a renunciar a la posibilidad de invertir en las universidades públicas para generar más democracia, ciencia responsable y desarrollo equitativo.

* Estudiante de Medicina, senador universitario y presidente Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECh)