El primer proyecto que tramitará el Ejecutivo en el Congreso para financiar parte del plan de medidas destinadas a la reconstrucción ya tiene sus primeros reparos. Inmediatamente después de haber sido ingresado, el texto fue cuestionado por dirigentes y parlamentarios de la Concertación, quienes lo calificaron como “poco integrador” e “improvisado”.

La iniciativa legal crea una institucionalidad que determinará el funcionamiento de las donaciones de empresas extranjeras y nacionales, pero sólo cuando se haya dictado antes un Estado de Catástrofe. Dentro de esta norma, se establecen beneficios tributarios para los donativos que tengan como objetivo financiar la reedificación.

Las devoluciones van entre el trece y el cuarenta por ciento, lo que es visto desde la oposición como una forma de que los entes privados se impongan ante el Estado como motor de la reconstrucción.

“Simultáneamente con este procedimiento planteado en la ley se disminuirían los recursos que el propio Estado tendría para enfrentar estos desafíos. No se puede pretender privatizar la reconstrucción sin asociarla a un gran plan, que sigue como tarea pendiente”, sostuvo el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre.

En esta línea, la presidenta del PPD, diputada Adriana Muñoz manifestó que este proyecto no genera una solución de fondo en cuanto a elaborar y aplicar un programa de reconstrucción nacional y precisó que su implementación generaría poco más de cuarenta millones de dólares, cifra que estaría muy por debajo de las necesidades del país en  esta materia.

“A un mes a la cabeza del gobierno, Sebastián Piñera ha dado muestra de estar perdido en muchas materias. No solamente en la instalación real de funcionarios que se hagan cargo de la conducción del Estado sino que en materia de reconstrucción se está improvisando. Eso no puede seguir sucediendo, sobre todo en relación a la fuente de financiamiento si es tan claro: Chile tiene recursos y debemos enfrentar la emergencia”, señaló la parlamentaria.

Por su parte, el diputado del PS Sergio Aguiló señaló que, dado el escenario actual, es necesario elaborar una nueva estructura tributaria. “Si subimos apenas cuatro puntos al impuesto a la renta de las grandes empresas, eso nos arrojaría mil 200 millones de dólares al año. Sólo con eso podríamos financiar toda la reconstrucción del país. Estos son recursos adicionales, marginales, más bien es una aproximación ideológica y lo que quiere el gobierno es colocar una impronta, la llamada democracia tributaria, es decir, que sean los propios empresarios los que decidan dónde poner los fondos que antes tributaban”, dijo.

¿Teletón con recursos fiscales?

Sin embargo, no sólo los parlamentarios tuvieron sus reparos a esta iniciativa. Una visión crítica sobre este tema presentó el economista y director del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, CENDA, Hugo Fazio, al afirmar que “esto en el fondo va a ser una Teletón con recursos fiscales. Nadie estaría en contra que las empresas efectúen  donaciones, pero que las hagan sin estímulos públicos. Si tienen una mirada altruista de lo que hay que hacer en el país, que entreguen dineros y que aporten a resolver problemas”.

El académico indicó además que “cuando se realice alguna obra determinada, que en buena medida descansará en recursos estatales, tal como en la Teletón se realizará publicidad a las empresas que otorgan las donaciones”.

A su vez, el experto de la consultora Gemines, Alejandro Fernández, planteó que una  nueva Ley de Donaciones “no sería el camino más adecuando en este proceso, pues provocaría más complicaciones en el sistema tributario y generaría más diferencias entre los que pagan  menos y más impuestos en el país. Por ello, no me parece un mecanismo demasiado satisfactorio para reconstrucción y además no creo que tenga un impacto significativo en términos de recaudar montos muy importantes”.

Frente a las críticas de los analistas y de los legisladores de la Concertación, que  amenazaron con no aprobar la iniciativa por considerar que da garantías tributarias a los empresarios, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió la nueva institucionalidad, señalando que esta normativa flexibilizará los incentivos tributarios ya existentes para potenciar las donaciones.

“Aquí lo que estamos haciendo es dar un pequeño incentivo, porque los llamados siempre ocurren, pero hay que tener estímulos y ayudas para que la solidaridad pueda llegar en montos suficientes a las personas afectadas por la catástrofe”, dijo el secretario de Estado.

Opinión compartida por el diputado de RN, Joaquín Godoy quien afirmó que “además de que el Estado tiene que hacer un gasto efectivo en la reconstrucción, está gastando un porcentaje muy importante de financiamiento desde el fondo privado. En esto hay que ser inteligentes y si existen generosidades del mundo privado hay que hacerlos participar y desde ese punto de vista este proyecto cumple cabalmente con eso”.

La iniciativa gubernamental creará un Fondo de Reconstrucción y, según reveló el propio Presidente Sebastián Piñera en Estados Unidos, espera contar con ocho  mil a diez mil millones de dólares.

Los recursos destinados para el levantamiento de la infraestructura caída como consecuencia del terremoto podrán ser descontados -en un porcentaje no superior al 40 por ciento – como gastos de los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta (Empresas). En tanto, para los contribuyentes del Impuesto Global Complementario (personas naturales) funcionará como una especie de “crédito tributario”.

En el gobierno aseguran que el proyecto correrá por un camino paralelo a la reforma tributaria que contempla el alza moderada de impuestos a las grandes compañías y que el mismo Presidente presentará en los próximos días.