Más de diez comunidades Mapuche del territorio de Quepe presentaron un recurso de protección contra el ministerio de Obras Públicas por dictar un decreto que autoriza la construcción de un aeropuerto en la región de la Araucanía, sin realizar la consulta correspondiente.
El abogado del Observatorio Ciudadano – entidad que patrocina este recurso junto a treinta dirigentes indígenas – Matías Meza explicó que la acción se fundamenta en “una nueva situación de vulneración de derechos de los pueblos originarios, en especial, del convenio 169 de la OIT, que está vigente en Chile hace casi un año”.
El jurista precisó que en este caso “están solicitando que se anule la adjudicación de concesión para realizar la consulta conforme a lo que establece el derecho internacional. Esto significa que el proceso se debe verificar de acuerdo a los estándares orientados a alcanzar el consentimiento de las comunidades respecto de las medidas que se quieren aplicar”.
Meza añadió que con este decreto también se vulneran garantías constitucionales como la igualdad ante la ley de los pueblos indígenas, la libertad de conciencia y el ejercicio de todos los cultos.
Los demandantes solicitan que el contrato de licitación otorgado a la empresa BELFIS sea dejado sin efecto y se obligue al Estado Chileno a materializar su deber de consultar a los pueblos.
El aeropuerto utilizaría una superficie aproximada de 460 hectáreas. Se estima que la inversión del proyecto es de cien millones de dólares y que la generación de empleo será de trescientas personas en un periodo de dos años y cien personas en la fase de operación.
Sin embargo, el Observatorio Ciudadano advirtió que dicho espacio se encuentra sobre tierras que tradicionalmente han sido utilizadas por las comunidades con presencia de sitios de significación cultural, étnica, religiosa y ceremonial indígena.
En este sentido, Iván Reyes Alcamán, presidente de la organización Ayun Mapu, que reúne a las comunidades, indicó que les molesta “que se quiera construir un aeropuerto en un terreno donde tenemos nuestros propios planes. Estamos reclamando la restitución de tierras ancestrales en el sector, que los fundos sean devueltos a las comunidades y, sin embargo, el gobierno quiere construir un aeropuerto en medio de este conflicto. Esperamos que se parta por un proceso de consulta, pero que finalmente se anule esta iniciativa que no trae ningún beneficio a la región y menos a las comunidades indígenas”.
Em la misma línea,Mario Lemuñir, presidente de la comunidad Francisco Lemuñir, sostuvo que “los presidentes y los dirigentes de estas comunidades somos descendientes directos de los caciques a quienes se les quemaron sus casas y mataron a sus familias. Ellos están en algún punto de ese sector donde hay pozos y fosas clandestinas. Allí están los huesos de nuestros antepasados y si hacen el aeropuerto en esa zona destruirán las comunidades”.
Hace varios meses las comunidades Mapuche de la Araucanía han realizado todo tipo de acciones para oponerse a esta obra, sin resultados positivos, enterándose a través de la prensa que el anterior Gobierno adjudicó la licitación sólo unos días antes del cambio de mando.
Más de diez comunidades Mapuche del territorio de Quepe presentaron un recurso de protección contra el ministerio de Obras Públicas por dictar un decreto que autoriza la construcción de un aeropuerto en la región de la Araucanía, sin realizar la consulta correspondiente.
El abogado del Observatorio Ciudadano – entidad que patrocina este recurso junto a treinta dirigentes indígenas – Matías Meza explicó que la acción se fundamenta en “una nueva situación de vulneración de derechos de los pueblos originarios, en especial, del convenio 169 de la OIT, que está vigente en Chile hace casi un año”.
El jurista precisó que en este caso “están solicitando que se anule la adjudicación de concesión para realizar la consulta conforme a lo que establece el derecho internacional. Esto significa que el proceso se debe verificar de acuerdo a los estándares orientados a alcanzar el consentimiento de las comunidades respecto de las medidas que se quieren aplicar”.
Meza añadió que con este decreto también se vulneran garantías constitucionales como la igualdad ante la ley de los pueblos indígenas, la libertad de conciencia y el ejercicio de todos los cultos.
Los demandantes solicitan que el contrato de licitación otorgado a la empresa BELFIS sea dejado sin efecto y se obligue al Estado Chileno a materializar su deber de consultar a los pueblos.
El aeropuerto utilizaría una superficie aproximada de 460 hectáreas. Se estima que la inversión del proyecto es de cien millones de dólares y que la generación de empleo será de trescientas personas en un periodo de dos años y cien personas en la fase de operación.
Sin embargo, el Observatorio Ciudadano advirtió que dicho espacio se encuentra sobre tierras que tradicionalmente han sido utilizadas por las comunidades con presencia de sitios de significación cultural, étnica, religiosa y ceremonial indígena.
En este sentido, Iván Reyes Alcamán, presidente de la organización Ayun Mapu, que reúne a las comunidades, indicó que les molesta “que se quiera construir un aeropuerto en un terreno donde tenemos nuestros propios planes. Estamos reclamando la restitución de tierras ancestrales en el sector, que los fundos sean devueltos a las comunidades y, sin embargo, el gobierno quiere construir un aeropuerto en medio de este conflicto. Esperamos que se parta por un proceso de consulta, pero que finalmente se anule esta iniciativa que no trae ningún beneficio a la región y menos a las comunidades indígenas”.
Em la misma línea,Mario Lemuñir, presidente de la comunidad Francisco Lemuñir, sostuvo que “los presidentes y los dirigentes de estas comunidades somos descendientes directos de los caciques a quienes se les quemaron sus casas y mataron a sus familias. Ellos están en algún punto de ese sector donde hay pozos y fosas clandestinas. Allí están los huesos de nuestros antepasados y si hacen el aeropuerto en esa zona destruirán las comunidades”.
Hace varios meses las comunidades Mapuche de la Araucanía han realizado todo tipo de acciones para oponerse a esta obra, sin resultados positivos, enterándose a través de la prensa que el anterior Gobierno adjudicó la licitación sólo unos días antes del cambio de mando.
Más de diez comunidades Mapuche del territorio de Quepe presentaron un recurso de protección contra el ministerio de Obras Públicas por dictar un decreto que autoriza la construcción de un aeropuerto en la región de la Araucanía, sin realizar la consulta correspondiente.
El abogado del Observatorio Ciudadano – entidad que patrocina este recurso junto a treinta dirigentes indígenas – Matías Meza explicó que la acción se fundamenta en “una nueva situación de vulneración de derechos de los pueblos originarios, en especial, del convenio 169 de la OIT, que está vigente en Chile hace casi un año”.
El jurista precisó que en este caso “están solicitando que se anule la adjudicación de concesión para realizar la consulta conforme a lo que establece el derecho internacional. Esto significa que el proceso se debe verificar de acuerdo a los estándares orientados a alcanzar el consentimiento de las comunidades respecto de las medidas que se quieren aplicar”.
Meza añadió que con este decreto también se vulneran garantías constitucionales como la igualdad ante la ley de los pueblos indígenas, la libertad de conciencia y el ejercicio de todos los cultos.
Los demandantes solicitan que el contrato de licitación otorgado a la empresa BELFIS sea dejado sin efecto y se obligue al Estado Chileno a materializar su deber de consultar a los pueblos.
El aeropuerto utilizaría una superficie aproximada de 460 hectáreas. Se estima que la inversión del proyecto es de cien millones de dólares y que la generación de empleo será de trescientas personas en un periodo de dos años y cien personas en la fase de operación.
Sin embargo, el Observatorio Ciudadano advirtió que dicho espacio se encuentra sobre tierras que tradicionalmente han sido utilizadas por las comunidades con presencia de sitios de significación cultural, étnica, religiosa y ceremonial indígena.
En este sentido, Iván Reyes Alcamán, presidente de la organización Ayun Mapu, que reúne a las comunidades, indicó que les molesta “que se quiera construir un aeropuerto en un terreno donde tenemos nuestros propios planes. Estamos reclamando la restitución de tierras ancestrales en el sector, que los fundos sean devueltos a las comunidades y, sin embargo, el gobierno quiere construir un aeropuerto en medio de este conflicto. Esperamos que se parta por un proceso de consulta, pero que finalmente se anule esta iniciativa que no trae ningún beneficio a la región y menos a las comunidades indígenas”.
Em la misma línea,Mario Lemuñir, presidente de la comunidad Francisco Lemuñir, sostuvo que “los presidentes y los dirigentes de estas comunidades somos descendientes directos de los caciques a quienes se les quemaron sus casas y mataron a sus familias. Ellos están en algún punto de ese sector donde hay pozos y fosas clandestinas. Allí están los huesos de nuestros antepasados y si hacen el aeropuerto en esa zona destruirán las comunidades”.
Hace varios meses las comunidades Mapuche de la Araucanía han realizado todo tipo de acciones para oponerse a esta obra, sin resultados positivos, enterándose a través de la prensa que el anterior Gobierno adjudicó la licitación sólo unos días antes del cambio de mando.
