No extraña que en su cuenta anual, la Defensora Penal Pública, Paula Vial, se haya referido particularmente al abuso de la prisión preventiva, como uno de los aspectos más preocupantes del contexto judicial de la actualidad. No extraña porque es el tema con el que abrió fuego en el medio de comunicación que inaugurara a fines del año pasado, Revista 93, donde se dio el lujo de exhibir todos los argumentos que hacen de esta medida precautoria uno de los instrumentos más injustos y atentatorios a los derechos humanos del Chile actual.

No extraña porque  uno de los aspectos que llaman la atención de esta abogada de 40 años es su visión de los medios de comunicación, que más allá de temerles, como suele suceder con muchos abogados que prefieren el silencio o la escasa exposición pública, ella los enfrenta, con una revista institucional y por si fuera poco, una columna en el semanario The Clinic.

Paula Vial Reynal tiene un postítulo en Criminología, es candidata a doctora en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y es
la primera mujer en asumir el cargo de Defensora Pública, luego de ser designada por el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que quiere decir que fue parte de un duro y exhaustivo proceso de selección y que no llegó hasta allí ni por pituto ni cuoteo. Antes de eso, desde 2003, se había desempeñado como Defensora Regional de O’Higgins. A los 18 meses en el cargo, con cambio de gobierno incluido, fue confirmada por el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, lo que a muchos debe haber extrañado o molestado, cuando sus simpatías políticas además, son concertacionistas. “Sé que es complicado entender nuestro trabajo cuando estamos permanentemente tensionando el sistema y en muchas oportunidades no les gusta lo que planteamos. Pero para efectos personales sólo concibo el ejercicio de este cargo haciéndolo de esta manera, como un rol de contraste, de desafío”, dice.  Y justifica la tarea del defensor: “Entendemos que sea poco empática nuestra función como defensores, probablemente, por la poca conciencia de los derechos de cada uno. Pero lo que intentamos demostrar es que el juego de la seguridad está exigiendo mucho más de lo que es necesario y, por lo tanto, tenemos que tomar conciencia que todas las cesiones que hacemos respecto de nuestros derechos y garantías lo hacemos respecto de todos y no sólo de algunos”, enfatiza.

Con un estilo directo que forjó en Argentina donde nació y vivió hasta los 17 años, Paula Vial dice que “su rol es el de la piedra en el zapato”, cuando busca defender a quienes todos quieren acusar y cuando su percepción de lo que sucede con la delincuencia en nuestro país no coincide con la que tiene el gobierno. “En Chile, no tenemos una delincuencia desatada. Un 10 por ciento de nuestros imputados son jóvenes y ese número se ha mantenido, no obstante se incluyó el tramo entre 14 y 16 años. En rigor, hubo una baja”, afirma. Sin embargo, Sebastián Piñera insiste en el fin de la puerta giratoria, de endurecer las penas o crear registros de delincuentes. “Es que en paralelo a esta política de endurecimiento existe una política de rehabilitación, de reinserción, para ello se requiere de una defensa empoderada que permita hacer los contrastes adecuados. Hay que buscar que no le parezca tan natural a la sociedad contar con una serie de registros y, si por último así se hace, las decisiones que se adopten sean producto de una discusión. El debate público es fundamental y desde él surgen mejores conclusiones. Siempre he tenido la percepción que desde la seguridad ciudadana hay mucha uniformidad”, dice.

Una pastora aymara discriminada

En su cuenta anual y como ya se preveía, la defensora pública acusó un aumento de casi un 40 por ciento de la prisión preventiva como medida precautoria, una cuestión que le preocupa debido a la falta de sensibilidad respecto de lo que ésta implica. “Se ha perdido la noción de lo que significa la pérdida de libertad y cualquier medida que atente contra este derecho es tremendamente intrusiva, atentatoria de manera directa a las personas, su entorno. Cuando se olvida aquello, pareciera que la prisión preventiva debiera ser una medida necesaria a aplicar a todos los que cometen delitos y por cierto, no es justo ni adecuado. Hay que considerar también nuestra propia realidad carcelaria, ya que si el Estado encierra a alguien, lo priva de libertad pero esto no quiere decir que además, le quite su dignidad. El uso excesivo de la prisión preventiva cuando no se realiza en condiciones de dignidad es un tema que nos preocupa. El esfuerzo que debiera hacerse es por buscar otras alternativas que cumplan el objetivo principal que buscamos, cual es el logro de la paz social, la disminución de la delincuencia y vivir en una sociedad segura”, explica.

Alzó fuerte la voz de Paula Vial como defensora pública y como mujer, cuando se  condenó a 10 años de cárcel a Gabriela Blas, una pastora aymara que fue acusada por abandonar a su hijo Domingo, de cuatro años,  en el Altiplano chileno mientras pastoreaba. “Ella es un ejemplo de una conjunción de discriminaciones y un ejercicio fallido de lo que la propia ley, convenios y tratados internacionales nos exigen. Nosotros somos una sociedad multicultural que se inicia con los pueblos originarios y tenemos una obligación de Estado para con ellos respecto de su cultura. Esto se vulneró con ella ya que desde nuestra perspectiva occidental pareciera que pudiera haber un componente de abandono que es de lo que fue acusada, sin embargo, ella aplicó su historia ancestral, ya que ella no abandonó a su hijo sino que tenía la plena seguridad que cuando volviera el niño iba a estar donde ella le señaló, debido a una costumbre y características propias de un pueblo sumiso y obediente”, sintetiza.