Los republicanos de Kentucky acaban de nominar como candidato a senador a un miembro de su ala más conservadora quien, en nombre de la libertad, recientemente ha dicho que la ley de derechos civiles de 1964 – que otorga igualdad ante la ley de todos los ciudadanos independientemente de su raza – es demasiado amplia y que no debe ser aplicada cuando se entromete en los negocios privados. En una entrevista en TV pude escuchar al candidato Rand Paul decir que el abomina de las actitudes racistas, pero que le parece que no puede obligarse a un local comercial a no discriminar. En su favor argumenta que tal derecho – el de discriminar – sería comparable al que aplica una conocida cadena de café al prohibir entrar con armas a la vista a sus locales (un derecho constitucional en los Estados Unidos). Añadió que le parece muy bien que el Estado imponga tolerancia e igualdad en los espacios públicos pero que hacerlo en los espacios privados sería prerrogativa de los dueños de tales espacios. El caso me trajo a la memoria las opiniones de un alto personero del gobierno anterior cuando se despidió al director del periódico La Nación, argumentando que era un derecho de los dueños hacer tal cosa cuando el periodista no actuaba de acuerdo a la línea impuesta por ellos. La delgada línea divisoria entre la libertad profesional o de expresión y la de la libertad comercial se hacía desaparecer a favor de esta última.
Las palabras aguantan todo. Al referirse al ya muy comentado mensaje presidencial último, un agudo columnista de un poderoso periódico hacía notar que allí se habían revelado aspectos ideológicos extremos, como el de aplicar estímulos monetarios a la estabilidad matrimonial de largo plazo o aplicar políticas selectivas en la educación preuniversitaria, sector que por definición debe ser mirado pensando en toda la población escolar. Concuerdo con ese articulista. Luego de las elecciones presidenciales de Enero de este año, escribí que la coalición saliente había aplicado políticas de derecha en áreas clave de la economía como son la salud, la educación, la previsión y la movilización, confiando más en el desarrollo de entidades privadas estimuladas por la capacidad individual de pago (los votos monetarios) que en el diseño colectivo a partir de los recursos recolectados mediante impuestos.* Paradójicamente, la derecha política fue exitosa al criticar lo hecho en esas áreas y llegó al gobierno. No cabe, por lo tanto, preguntarse si ahora hará algo distinto. Más aun, lo hecho hasta aquí sugiere que se continuará en la misma senda. He aquí un ejemplo.
En uno de las pocas áreas en que ya se ha visto acciones concretas es en el transporte urbano. Allí la alianza que gobernó Chile durante veinte años planteó un cambio profundo en el transporte colectivo de superficie como eje central del combate a la congestión y contaminación urbanas. Lo que hizo fue todo lo contrario, desarrollando un gigantesco sistema de vías para los automóviles y rediseñando el sistema de buses sin contemplar financiamiento adecuado, llegando a una flota pequeña de grandes vehículos. El desastre que ocurrió – aumento de los tiempos de espera y hacinamiento en horas punta – se debió a la imposición de cubrir los costos de operación del sistema con la recaudación por pasajes, manteniendo una tarifa comparable a la pre-existente. De ahí que se favoreciera ofrecer una capacidad basada en pocos buses grandes, que resultan más baratos que muchos buses de menor tamaño, lo que sería mejor para los usuarios. Ante el resultado se intentó en tres años aumentar la flota a costa de subsidios para mejorar las frecuencias de servicio. Hacia el final del mandato del Ministro Cortázar se constituyó un “panel de expertos” que recomendaría los ajustes tarifarios necesarios para operar el sistema. Como el subsidio se acaba el 2014, es evidente que el autofinanciamiento obliga a subir las tarifas, lo que hace del panel una simple calculadora que divide el costo del sistema – hoy con más de 6000 buses – por el total de usuarios para llegar a una tarifa que cubra los gastos. Y eso lo saben los dos ministros: el anterior y el actual. Sin embargo el primero dice que nunca hubo acuerdo para el alza que ya se está observando y el segundo dice que es producto de las recomendaciones del panel.
Así es que no sólo los bancos nos intentan engañar cuando nos envían cartas diciendo que tienen buenas nuevas para nosotros cuando en realidad están subiendo las comisiones. También las declaraciones de tolerancia que esconden una renovada defensa del racismo y las políticas sociales que en realidad extienden la esfera privada en sectores claves como la educación, la salud y la previsión. El objeto es, por supuesto, dificultar la búsqueda del Bello Sino.
