Más de un millón y medio de palestinos viven en los 360 kilómetros cuadrados de la Franja de Gaza, uno de los territorios más densamente poblados del mundo, pero también donde se comenten las mayores violaciones a los derechos humanos y prácticas para las que no caben eufemismos, pues lisa y llanamente se trata de un genocidio.

Este territorio, ocupado ilegalmente en 1967 por el ejército de Israel, fue recuperado en un 80 por ciento por la Autoridad Nacional Palestina en 1994. El 2006, sus ciudadanos, en elecciones democráticas, le dieron la mayoría parlamentaria al movimiento islámico Hamas, más reacio a las negociaciones con Israel que Al Fatah, partido dominante en Cisjordania, la otra parte de territorio desmembrado que los palestinos han logrado recuperar para sí luego de 62 años de ocupación.

El 2007, pugnas internas entre Hamas y Al Fatah, dejaron finalmente a Gaza en manos del primero, situación política que no le gustó a Israel y decidió imponer el más férreo bloqueo, impidiendo el acceso a alimentos, agua, servicios básicos, medicinas y tratamientos, menos aún, el derecho al libre tránsito. Gaza se convirtió así en la cárcel a cielo abierto más grande de la que tenga registro la Humanidad.

Acorralados entre Israel, al mar Mediterráneo y la cerrada y ultraresguardada frontera con Egipto, los habitantes de Gaza no tienen escapatoria. Israel sabe de ghettos, y aplicó su experiencia, mejorada con los años, en establecer uno donde esperan que los encarcelados mueran lenta y dolorosamente para llevar a cabo sus pretensiones colonialistas. Un macabro genocidio.

La imposibilidad de los palestinos de escapar de la “cárcel” de Gaza quedó más en evidencia cuando en diciembre de 2008 Israel comenzó un ataque militar despiadado que dejó 1471 muertos, 437 de ellos niños, y cuatro mil heridos. En la embestida, el ejército sionista atacó una sede de la ONU y lanzó armas químicas prohibidas contra la población civil. Hechos “condenados” (como siempre sólo verbalmente) por la comunidad internacional.

Pese a estas atrocidades, y a muchísimas más que ha cometido desde 1948 en contra de los palestinos, Israel ha estado protegido por el velo de la impunidad, avalado por Estados Unidos, quien reiteradamente impone su veto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desfavorables a su socio militar en Medio Oriente. Esto le ha permitido, entre otras cosas, no acatar más de setenta de estas resoluciones. Pero sigue sin pasar nada y, con su silencio o inoperancia, la comunidad internacional continúa permitiendo las violaciones flagrantes a todos los derechos.

Probablemente fue esa impunidad, adquirida ya como costumbre, la que llevó a Israel a atacar este lunes a la flotilla pacifista que se dirigía a Gaza con diez mil toneladas de ayuda humanitaria. El abordaje del ejército sionista también fue acorde a sus prácticas comunes: soldados fuertemente armados contra civiles y en medio de aguas internacionales, violando todos los acuerdos existentes.

No dudaron en matar a pacifistas, como antes tampoco trepidaron a la hora de asesinar inocentes.

Pero el mundo se pregunta las razones de Israel para cometer semejante ataque. Existen motivos políticos de fondo, como entorpecer el reinicio de las negociaciones directas con los palestinos para no verse forzados a detener la construcción de asentamientos ilegales en los territorios ocupados. Una medida de escape que utiliza frecuentemente para interrumpir las conversaciones de paz.

Pero también querían evitar que la flotilla llegara a Gaza con un cargamento aún más peligroso que la ayuda humanitaria para salvar vidas: entre los 750 activistas iban parlamentarios de nueve países, intelectuales, artistas y, peor aún, sesenta periodistas que tenían como objetivo informar al mundo de las atrocidades que los israelíes comenten contra los palestinos.

Y si bien la comunidad internacional repudió el hecho, Naciones Unidas optó por una tibia declaración y encargó una indagatoria. Es de esperar que esta vez que los afectados son ciudadanos de los países miembros y no “sólo palestinos”, se emprendan acciones concretas que pongan freno a una impunidad descarada y criminal que ya no conoce límites.