El domingo 7 de junio, recién pasado, se realizó en la Comuna de Las Condes un plebiscito en el barrio Colon-Martín de Zamora, en el que la pregunta fue si se aceptaba o rechazaba la construcción de un mall en ese barrio.

Ganó la propuesta de los vecinos de oponerse a la construcción de dicho centro comercial, el cual, de acuerdo a la opinión mayoritaria de los residentes del sector, afectaría su calidad de vida.

Más allá del resultado de la consulta, podemos decir que ganó un sistema de democracia urbana. Incluso un medio tituló, de manera entusiasta y exagerada, que había sido derrotado el establishment.

Algo similar ocurrió hace un par de años atrás en la comuna de Vitacura, en que la opinión de los vecinos logró detener un gran negocio inmobiliario de construcción en altura.

Sin duda que estos son dos grande ejemplos en Santiago de democracia urbana. ¿Pero esta posibilidad de participación es solo posible para el ABC1?

Cabe entonces preguntarse acerca de una serie de fenómenos en nuestra ciudad:

¿Por qué no se consultó a los habitantes de Santiago respecto a la definitiva enajenación de río Mapocho respecto a la ciudad que significó la construcción de la Costanera Norte y que ahora está significando la construcción de la Costanera Sur?

¿Por qué no se consulta a los “beneficiados” de las políticas de vivienda social si quieren ser trasladados a vivir amontonados en comunas pobres, lejanas y sin servicios?

¿Por qué no se consultó a los vecinos (y también a los expertos) por la destrucción de redes sociales y de patrimonio arquitectónico y cultural que ha significado el boom inmobiliario del centro histórico de Santiago, lo cual, también, ya está afectando al barrio Avenida Matta? ¿Se les preguntó a los habitantes de esos sectores de la ciudad si quieren mantener su estilo de vida?

¿Por qué nunca se ha consultado a los vecinos si quieren vivir al lado de edificios que le quitan vista, les hacen sombra y que tienen una mala, prematura y fea vejez?

¿Por qué no le consulta a los habitantes de todas nuestras ciudades si estamos o no de acuerdo  con la política pública nacional de transporte en que se beneficia de manera grosera el uso del automóvil privado, contaminante y congestionante?
¿Estamos de acuerdo los ciudadanos con esta política permanente que cercena parques y veredas, para hacer caber más automóviles?

¿Por qué no se le consulta a la gente si es que quieren que vuelva la homicida competencia por captar pasajeros en el sistema de transporte público?

En resumen, la pregunta central es ¿Por qué se consulta solo a algunos por solo algunos temas, y no a la mayoría de los ciudadanos por temas tanto o más relevantes que están destruyendo patrimonio y redes, y segregando aun más nuestra ciudad?