En la centroizquierda chilena se ha abierto un debate que bien podría servir para reorientar a la titubeante Concertación de Partidos por la Democracia.  Se trata de un tema externo, pero con suficientes derivaciones como para fijar la autocrítica en puntos que vayan algo más allá de egos heridos.  Y que, tal vez, le aporte algo de peso ideológico a la política local. Sin desconocer, por cierto, que la materia en debate va mucho más allá de las fronteras chilenas.

La Social Democracia Internacional (IS) acaba de sacar Informe sobre Venezuela.  En él se señala que en ese país impera una “dictadura moderna”, ejercida por la administración que encabeza el presidente Hugo Chávez. El contenido del documento ha causado tensiones en dos colectividades socialdemócratas chilenas.  Dirigentes del Partido Socialista (PS) consideran que su presidente interino, senador Fulvio Rossi, ha trasgredido el pensamiento histórico del PS al apoyar la condena. Cabe señalar que se trata de la cuna ideológica del ex presidente Salvador Allende. En el Partido por la Democracia (PPD), en cambio, el tema ha sido opacado por las elecciones internas. Aunque el ex presidente de la colectividad, Sergio Bitar, respaldó fervientemente lo dicho por la IS.  Igual actitud ha tenido la Democracia Cristiana. Y hasta Jovino Novoa, funcionario de la dictadura y hoy senador, batió palmas.

El tema que aborda la IS puede inscribirse en las campañas que periódicamente orquesta el Departamento de Estado contra el gobierno de Caracas. Hoy, la prensa local reflota el tema. El Secretario de Estado Adjunto de los EEUU para América Latina, Arturo Valenzuela (chileno estadounidense) resalta el “importante esfuerzo” que ha hecho el presidente Barack Obama por “cambiar el ambiente” de tensión que impera en las relaciones bilaterales Caracas – Washington. Cabe recordar que el ex presidente norteamericano Bill Clinton, demócrata como Obama, fue uno de los impulsores de la “Tercera Vía”, visión que hasta ahora marca las posiciones socialdemócratas a nivel mundial.

La condena de la IS va directo al centro del problema que hoy pareciera inquietar en todo el orbe: el sentido de la democracia. En este caso específico, el gobierno venezolano es cuestionado por transgredir normas elementales de convivencia democrática.  Se señala que ha roto la institucionalidad y que deterioró las bases productivas del país. Allí subyace una defensa irrestricta al Derecho de Propiedad.  Y, por extensión, a la propiedad de los medios de información.  En ese ámbito, Chávez ha sido cuestionado reiteradamente por su intención de restar poder a los grupos económicos sobre los medios de comunicación.

En cuanto a la validez democrática del gobierno venezolano, pareciera que no debería haber discusión. En diez años ha participado en 15 elecciones y vencido el 14. Gracias a una reforma de la Constitución Política, Chávez podrá presentarse para un nuevo período en 2012. De triunfar, gobernaría en el lapso comprendido entre 2013 y 2019. ¿Quizás por ello es que la IS habla de “dictadura moderna”?

Es evidente que lo que se juega en Venezuela va mucho más allá de su caso particular. País de una inmensa riqueza, quinto exportador de petróleo en el mundo, puede encabezar proyectos alternativos a los delineados desde Washington para esta parte del planeta, sin temor a ser estrangulado económicamente.  Y hasta entregar respaldo a compañeros de ruta como Cuba, Bolivia, Nicaragua o Ecuador.

Pero este tema da para algo más que la cotidianeidad, por importante que ella sea.  Aquí también está en entredicho lo que se entiende por democracia. Recientemente, miembros de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), opositora a Chávez, visitaron Chile.  Lo hicieron para participar en un taller de adoctrinamiento político, cuyos expositores fueron destacados dirigentes de la Concertación. El MUD intenta seguir los pasos de la experiencia chilena para superar las diferencias que hasta ahora han debilitado a los contradictores de Hugo Chávez.

La experiencia que la oposición venezolana quiere copiar aún no ha sido capaz de crear una Constitución Política diferente a la dejada por la dictadura del general Augusto Pinochet. Si bien ésta ha sido intervenida cosméticamente, el fondo sigue siendo el mismo. Ello redunda en que Chile sea uno de los diez países que peor reparten la riqueza en el mundo y que el poder político se distribuya sólo en dos bloques.  Eso significa que una buena parte de la ciudadanía queda sin posibilidades de participación.  Los medios de comunicación son manejados por unos pocos grupos económicos. Y el Estado, durante 20 años, no dio pasos certeros para destrabar ese nudo que impide la información plena de los chilenos. La libertad de información de que hoy se ufanan quienes condenan a Chávez, ha sido descrita como libertad de empresa. Es cierto, existe libertad de crear empresas periodísticas, pero éstas no viven de la circulación. Es esencial la publicidad que aportan las compañías privadas, si es que el Estado no juega su rol de equilibrio.  Y en Chile claramente no lo ha jugado.

El tema de la condena a Venezuela debería abrir un debate profundo sobre el tipo de democracia que se está construyendo allá y acá.