Chile es un país de contrastes. Y no sólo por su geografía. Tanto se ha repetido que somos una de las naciones más desiguales del mundo en distribución de la riqueza, que pareciera que se da por sentado y se asume como una condición invariable, sobre todo para nuestra clase dirigencial, que parece dispuesta a perpetuarla.
Como todos los años se discute el reajuste al salario mínimo. El Gobierno propuso en un comienzo, asesorado por una comisión de expertos, un aumento de los actuales 165 mil pesos a 170 mil. Pasaron días y arduas negociaciones hasta que cedieron y elevaron la cifra a algo menos de 172 mil. Estos siete mil pesos el ministro de Hacienda los calificó como un “esfuerzo”.
Mientras escribo, en el Congreso Nacional se discute acaloradamente este reajuste. La decisión está en manos de 38 senadores, quienes reciben mensualmente una dieta de 7 millones 134 mil pesos y más de 11 millones de pesos en asignaciones, y 120 diputados, quienes ganan 5 millones 161 mil pesos y tienen asignaciones por al menos otros cuatro millones mensuales. Eso en las cifras conocidas. Para qué hablar de los ministros y del propio Presidente.
Surgen cuestionamientos a la moral y la ética de esta discusión. Y resulta hasta paradójico (y bastante representativo de Chile) que quienes ganan varios millones mensuales peleen ahora por si suben cinco o diez lucas, la propina que dejan en el bar, sin mayores cuestionamientos de fondo sobre el tipo de país y de sociedad que se puede construir atribuyéndole estas diferencias de valor al trabajo y al esfuerzo de muchos en comparación con los intereses y las ganancias de pocos. Preguntas que tampoco aparecen cuando las cifras de delincuencia dibujan el espanto en la cara de tantos.
Y si bien hay parlamentarios que se oponen a este reajuste que fue calificado como “miserable” por los trabajadores, no hay que olvidar que esta no es una cifra que haya surgido de la nada, sino que se trata de un salario mínimo que lleva muchos años condenando a la pobreza a buena parte de la población, y que muchos de los mismos que ahora reclaman avalaron en gobiernos pasados.
¿Los expertos de la comisión, el ministro de Hacienda, el Presidente y los parlamentarios se imaginarán al menos cómo es vivir con 170 mil mensuales?
Alrededor de un millón setecientos mil chilenos sobrevive con el salario mínimo. Son muchos los reportajes que han intentado graficar esta casi inhumana condición y varios los informes de expertos que concluyen que lo único que resulta de esta ecuación es la pobreza perpetuada para esos trabajadores, sus familias, y probablemente su descendencia.
“El trabajo dignifica”, es una frase muy chilena. Pero cuando se gana el mínimo debe costar encontrarle sentido. Basta sacar cuentas sencillas.
El famoso (y no por bueno) Transantiago, ha subido cuatro veces el valor de su tarifa desde que asumió el nuevo Gobierno. A la hora punta, donde se moviliza la mayor parte de quienes ganan el mínimo, el Metro vale 560 pesos y la micro 480. Dos viajes al día, 22 días al mes: entre 21.120 pesos y 24.640 por persona.
Suma y sigue. La canasta básica de alimentos está valorada en cerca de 51 mil pesos per cápita. Para calcular el índice de pobreza, el ingreso total se debe dividir en cada uno de los integrantes de la familia y, según el Mideplan “si no alcanza el valor de una canasta básica de alimentos, las personas que componen ese hogar son indigentes. Por otra parte si ese ingreso se encuentra entre una y dos canastas, las personas de ese hogar son pobres no indigentes”.
La operación es simple. El promedio de las familias chilenas tiene cuatro integrantes. La mayor parte de quienes reciben el salario mínimo son los sostenedores o sostenedoras de esas familias. Si luego de toda la discusión política se logra aumentar este ingreso a 175 mil mensuales, y luego se divide en cuatro, resultan 43.750 pesos por persona o, en palabras de la encuesta Casen, cuatro indigentes.
¿Una falacia? Más parece una condena, injusta e inmoral.
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