Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 28 de marzo de 2024


Escritorio

Entra en vigor una versión suavizada de la ‘Ley Arizona’

Una jueza federal bloquea las cláusulas más polémicas de una norma que el presidente Obama denunció por entenderla discriminatoria. Así, se ha retirado las facultades de la policía para detener a personas “sospechosas” de ser inmigrante ilegal por su aspecto o la obligatoriedad de llevar los papeles encima. Arizona ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema.

Radio Francia Internacional

  Jueves 29 de julio 2010 16:33 hrs. 
Radio-Uchile

Compartir en

Faltaban menos de 24 horas para que entrara en vigor una de las leyes más polémicas que se han conocido en Estados Unidos, la ley migratoria de Arizona, cuando el jueves por la noche la jueza Susan Bolton emitió un veredicto que rebaja sus cláusulas más polémicas. Especialmente una: la que permitía detener a cualquier persona bajo la “sospecha razonable de que se encontrara en el país ilegalmente”, es decir, que tuviera aspecto de inmigrante.

De esta manera, se impone en cierta medida, y de forma temporal, el criterio que defendía el presidente norteamericano, Barack Obama, quien ordenó recurrir la Ley de Arizona en los tribunales al entender que tiene el “potencial de ser aplicada de forma discriminatoria”, con el “riesgo de que cualquiera que pueda parecer un inmigrante ilegal pueda ser molestado o detenido”.

La jueza de Phoenix enfocó su sentencia sobre la aplicación de la ley en base a un conflicto de competencias entre el Gobierno federal, al que ha atribuido la potestad de aplicar semejantes medidas, y los estados. “Hay muchas posibilidades detenga a residentes legales con esta ley”, dice la jueza Bolton, al aplicar esta medida “impondría una carga extraordinaria […] a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno federal tiene autoridad para imponer”. De esta manera, evitó entrar en la polémica de si la ley es racista o discriminatoria con la población latina.

También suspendió Bolton otras partes de una ley que ha causado estupor en numerosos analistas pero que ha suscitado un apoyo popular en EEUU incuestionable, según una encuesta del Instituto Gallup, que le atribuye un apoyo del 60% de la población de todo el país. Cuestiona la legalidad de otorgar a la policía poderes en materia migratoria y suspende las cláusulas que definían como delito que los inmigrantes no lleven la documentación en todo momento o que los ilegales pidan trabajo en lugares públicos.

En un discurso pronunciado a primeros de julio en la Casa Blanca, Obama abogó por una regulación de la inmigración que “refleje los valores de un Estado de Derecho y un país de inmigrantes”, como EEUU. Y, refiriéndose a medidas como la Ley Arizona, advirtió de que “no se puede detener y deportar a 11 millones de personas”. Una reflexión semejante, realiza la jueza Bolton en su sentencia, pero amparándose en la falta de infraestructura para respetar algunos derechos civiles fundamentales.

Considera que el Estado no tiene la capacidad logística ni económica para asumir las detenciones masivas que promueve la ley. “Pedir a las fuerzas del orden de Arizona que comprueben el estatus migratorio de cada persona detenida perjudicaría a inmigrantes ilegales porque su libertad se vería reducida mientras se comprueba su situación”, dice Bolton.

La batalla aún no ha terminado

No obstante, lo más probable es que éste no sea el fin jurídico de la Ley SB1070. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien promulgó la ley, ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Corte Suprema estadounidense. “La batalla aún no ha terminado”, sentenció en un comunicado.

Efectivamente no ha terminado. Porque si la ley es popular entre los norteamericanos, también ha despertado el espíritu combativo de numerosos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. Este mismo jueves han anunciado que los actos de protesta siguen en pie a pesar de que el texto ha sido rebajado sustancialmente. Bajo la llamada de un “día de acción civil”, se espera que miles de manifestantes se concentren frente al capitolio de Arizona para protestar por una ley que consideran xenófoba. Para ellos el fallo es un alivio, pero no un final para su movilización. “Es sólo un paso importante que ayudará a proteger a los residentes de Arizona en contra de perfiles discriminatorios”, declaró Alessandra Soler Meetze, directora de la Unión de Libertades Civiles de América en Arizona.

La repercusión del fallo judicial no sólo se circunscribe al ámbito local estadounidense, también supone una cuestión diplomática para EEUU. Los dirigentes de diversos países latinoamericanos, como el mexicano Felipe Calderón, han mostrado a la Administración estadounidense su malestar por el texto de Arizona. Así, los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras manifestaron su conformidad con una sentencia que hubiera afectado a 460.000 inmigrantes sin papeles que viven en el Estado de Arizona.

Síguenos en