La comunicación como un derecho humano es el principio que defiende la Red de Medios de los Pueblos. Esta idea parece demasiado genérica, pero es importante pensando en los momentos que se viven.
El debate sobre televisión digital está marcado por el avance en tecnología, pero se ha hecho invisible el marco ciudadano y comunitario que debe ser acogido por las instituciones del Estado.
Las televisoras comunitarias actualmente no tienen reconocimiento legal, funcionan al margen de la ley como las radios que no poseen concesión. Al igual que éstas, realizan todo un trabajo político y social, al alero de proyectos de comunicación libertaria, pero son perseguidas policialmente.
Por eso, el debate sobre televisión digital exige incorporar este componente comunitario, que en parte se agrupa en organizaciones como la Red de Televisoras Populares y Comunitarias de Chile y otros organismos como los Canales Comunitarios de la Red de Medios de los Pueblos.
Luis Lillo, de la emblemática Señal 3 de La Victoria, señaló que es de suma importancia que el sector ciudadano intervenga en el debate sobre TV Digital, independiente de los plazos que se han planteado desde el Ejecutivo y el Senado.
Paralelamente a la tramitación del proyecto de TV Digital, hay una persecución contra las televisoras comunitarias, ya que no existe un reconocimiento legal a este tipo de emisoras.
Paula Gálvez, del canal 3 de Pichilemu, trabaja en una de las televisoras comunitarias que ha sido perseguida, junto con reivindicar su derecho a comunicar, coincidió en que la futura ley debe diferenciar los proyectos ciudadanos.
En este sentido, los canales comunitarios plantean principios como defender la diversidad de contenidos, eliminar cualquier norma que perpetúe las concesiones y una regulación que se oriente a la educación y la libertad.
Así, existen propuestas como que la entrega de señales sea compartida entre la Subtel y el Consejo Nacional de Televisión, e financiamiento estatal a proyectos ciudadanos, cuotas de creación nacional y la existencia de un transportador público para asegurar la diversidad de transmisiones.
Estas demandas fueron planteadas en el documento “Más y mejor televisión para Chile”, que firman las televisoras, además de la Asociación de ONG´s Acción, el Colegio de Periodistas, el Observatorio de Medios Fucatel, Plataforma Audiovisual y la Unión Nacional de Artistas.
La comunicación como un derecho humano es el principio que defiende la Red de Medios de los Pueblos. Esta idea parece demasiado genérica, pero es importante pensando en los momentos que se viven.
El debate sobre televisión digital está marcado por el avance en tecnología, pero se ha hecho invisible el marco ciudadano y comunitario que debe ser acogido por las instituciones del Estado.
Las televisoras comunitarias actualmente no tienen reconocimiento legal, funcionan al margen de la ley como las radios que no poseen concesión. Al igual que éstas, realizan todo un trabajo político y social, al alero de proyectos de comunicación libertaria, pero son perseguidas policialmente.
Por eso, el debate sobre televisión digital exige incorporar este componente comunitario, que en parte se agrupa en organizaciones como la Red de Televisoras Populares y Comunitarias de Chile y otros organismos como los Canales Comunitarios de la Red de Medios de los Pueblos.
Luis Lillo, de la emblemática Señal 3 de La Victoria, señaló que es de suma importancia que el sector ciudadano intervenga en el debate sobre TV Digital, independiente de los plazos que se han planteado desde el Ejecutivo y el Senado.
Paralelamente a la tramitación del proyecto de TV Digital, hay una persecución contra las televisoras comunitarias, ya que no existe un reconocimiento legal a este tipo de emisoras.
Paula Gálvez, del canal 3 de Pichilemu, trabaja en una de las televisoras comunitarias que ha sido perseguida, junto con reivindicar su derecho a comunicar, coincidió en que la futura ley debe diferenciar los proyectos ciudadanos.
En este sentido, los canales comunitarios plantean principios como defender la diversidad de contenidos, eliminar cualquier norma que perpetúe las concesiones y una regulación que se oriente a la educación y la libertad.
Así, existen propuestas como que la entrega de señales sea compartida entre la Subtel y el Consejo Nacional de Televisión, e financiamiento estatal a proyectos ciudadanos, cuotas de creación nacional y la existencia de un transportador público para asegurar la diversidad de transmisiones.
Estas demandas fueron planteadas en el documento “Más y mejor televisión para Chile”, que firman las televisoras, además de la Asociación de ONG´s Acción, el Colegio de Periodistas, el Observatorio de Medios Fucatel, Plataforma Audiovisual y la Unión Nacional de Artistas.
La comunicación como un derecho humano es el principio que defiende la Red de Medios de los Pueblos. Esta idea parece demasiado genérica, pero es importante pensando en los momentos que se viven.
El debate sobre televisión digital está marcado por el avance en tecnología, pero se ha hecho invisible el marco ciudadano y comunitario que debe ser acogido por las instituciones del Estado.
Las televisoras comunitarias actualmente no tienen reconocimiento legal, funcionan al margen de la ley como las radios que no poseen concesión. Al igual que éstas, realizan todo un trabajo político y social, al alero de proyectos de comunicación libertaria, pero son perseguidas policialmente.
Por eso, el debate sobre televisión digital exige incorporar este componente comunitario, que en parte se agrupa en organizaciones como la Red de Televisoras Populares y Comunitarias de Chile y otros organismos como los Canales Comunitarios de la Red de Medios de los Pueblos.
Luis Lillo, de la emblemática Señal 3 de La Victoria, señaló que es de suma importancia que el sector ciudadano intervenga en el debate sobre TV Digital, independiente de los plazos que se han planteado desde el Ejecutivo y el Senado.
Paralelamente a la tramitación del proyecto de TV Digital, hay una persecución contra las televisoras comunitarias, ya que no existe un reconocimiento legal a este tipo de emisoras.
Paula Gálvez, del canal 3 de Pichilemu, trabaja en una de las televisoras comunitarias que ha sido perseguida, junto con reivindicar su derecho a comunicar, coincidió en que la futura ley debe diferenciar los proyectos ciudadanos.
En este sentido, los canales comunitarios plantean principios como defender la diversidad de contenidos, eliminar cualquier norma que perpetúe las concesiones y una regulación que se oriente a la educación y la libertad.
Así, existen propuestas como que la entrega de señales sea compartida entre la Subtel y el Consejo Nacional de Televisión, e financiamiento estatal a proyectos ciudadanos, cuotas de creación nacional y la existencia de un transportador público para asegurar la diversidad de transmisiones.
Estas demandas fueron planteadas en el documento “Más y mejor televisión para Chile”, que firman las televisoras, además de la Asociación de ONG´s Acción, el Colegio de Periodistas, el Observatorio de Medios Fucatel, Plataforma Audiovisual y la Unión Nacional de Artistas.
