El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación International de Derechos Humanos presentaron su Informe Anual 2010. El texto es un examen detallado por regiones de la situación de defensores de derechos humanos en 2009.
En el caso de Chile, el reporte aborda la complejidad de varios temas que aún se mantienen críticos como el primer Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Si bien, el Consejo de Derechos Humanos valoró la información entregada, aseguró que aún persisten deficiencias profundas en la institucionalidad actual y que no se han tomado en cuenta las 75 indicaciones que se le realizaron al país en la materia.
Entre las principales falencias destacan la falta de un Defensor del Pueblo, de un sistema electoral más democrático, atención sobre la situación de los indígenas y sobre los derechos de las mujeres, niños y migrantes.
En relación con la figura del Defensor del Pueblo también llamado Ombudsman, José Araya del Observatorio Ciudadano indicó que “desde el punto de vista profesional es una labor un tanto desconocida, que incluso la gente no reconoce como una profesión, entonces es muy complicado generar ciertas medidas de protección que garanticen el trabajo de estas personas”.
Araya añadió que “estos instrumentos permiten justamente aumentar el grado de exposición de este tema dentro de la comunidad internacional y con ello generar recomendaciones con el fin de que estos mecanismos tengan mayores posibilidades de hacer un monitoreo más específico e implementar medidas de resguardo en el caso de los defensores que tengan vulneraciones al derecho a la vida con el fin de proteger su labor”.
El Observatorio también hace un análisis respecto de la criminalización de la protesta social, los obstáculos contra los defensores de derechos humanos y el hostigamiento para quienes apoyan a las comunidades mapuches, destacando el contexto político en cada unas de las regiones del mundo.
En este sentido, el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez, afirmó que “cuando la protesta social se criminaliza existe una represión a la participación” y agregó que esto es “un atentado contra la democracia porque el Estado no puede pretender que la gente se quede tranquila en su casa asintiendo todo de forma pasiva”.
Jerez precisó que bajo este paradigma se justificaría la utilización de castigo por desórdenes simples hasta la aplicación de la Ley Antiterrorista, lo que es contrario a la Constitución que garantiza la libertad de expresión.
A nivel de continentes, el documento indica que “en 2009, el continente americano fue sacudido por el primer golpe de Estado que tuvo lugar en territorio americano tras la caída de las dictaduras militares durante los años ochenta. Mientras que el golpe de Estado del 28 junio de 2009 en Honduras tomo por sorpresa a la totalidad del continente, también le recordó que el pasado nunca está suficientemente lejos, y que la construcción de la democracia es un desafío permanente”.
También continuaron los movimientos de protesta relacionados
con la tenencia de la tierra, la explotación de los recursos naturales
y la protección del medio ambiente (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
El Salvador, Guatemala, México, Perú). Los campesinos y los pueblos originarios han sido los sectores más afectados por los intereses estratégicos de ciertas empresas sobre sus tierras, en particular de empresas de extracción minera y de agrocombustibles.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación International de Derechos Humanos presentaron su Informe Anual 2010. El texto es un examen detallado por regiones de la situación de defensores de derechos humanos en 2009.
En el caso de Chile, el reporte aborda la complejidad de varios temas que aún se mantienen críticos como el primer Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Si bien, el Consejo de Derechos Humanos valoró la información entregada, aseguró que aún persisten deficiencias profundas en la institucionalidad actual y que no se han tomado en cuenta las 75 indicaciones que se le realizaron al país en la materia.
Entre las principales falencias destacan la falta de un Defensor del Pueblo, de un sistema electoral más democrático, atención sobre la situación de los indígenas y sobre los derechos de las mujeres, niños y migrantes.
En relación con la figura del Defensor del Pueblo también llamado Ombudsman, José Araya del Observatorio Ciudadano indicó que “desde el punto de vista profesional es una labor un tanto desconocida, que incluso la gente no reconoce como una profesión, entonces es muy complicado generar ciertas medidas de protección que garanticen el trabajo de estas personas”.
Araya añadió que “estos instrumentos permiten justamente aumentar el grado de exposición de este tema dentro de la comunidad internacional y con ello generar recomendaciones con el fin de que estos mecanismos tengan mayores posibilidades de hacer un monitoreo más específico e implementar medidas de resguardo en el caso de los defensores que tengan vulneraciones al derecho a la vida con el fin de proteger su labor”.
El Observatorio también hace un análisis respecto de la criminalización de la protesta social, los obstáculos contra los defensores de derechos humanos y el hostigamiento para quienes apoyan a las comunidades mapuches, destacando el contexto político en cada unas de las regiones del mundo.
En este sentido, el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez, afirmó que “cuando la protesta social se criminaliza existe una represión a la participación” y agregó que esto es “un atentado contra la democracia porque el Estado no puede pretender que la gente se quede tranquila en su casa asintiendo todo de forma pasiva”.
Jerez precisó que bajo este paradigma se justificaría la utilización de castigo por desórdenes simples hasta la aplicación de la Ley Antiterrorista, lo que es contrario a la Constitución que garantiza la libertad de expresión.
A nivel de continentes, el documento indica que “en 2009, el continente americano fue sacudido por el primer golpe de Estado que tuvo lugar en territorio americano tras la caída de las dictaduras militares durante los años ochenta. Mientras que el golpe de Estado del 28 junio de 2009 en Honduras tomo por sorpresa a la totalidad del continente, también le recordó que el pasado nunca está suficientemente lejos, y que la construcción de la democracia es un desafío permanente”.
También continuaron los movimientos de protesta relacionados
con la tenencia de la tierra, la explotación de los recursos naturales
y la protección del medio ambiente (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
El Salvador, Guatemala, México, Perú). Los campesinos y los pueblos originarios han sido los sectores más afectados por los intereses estratégicos de ciertas empresas sobre sus tierras, en particular de empresas de extracción minera y de agrocombustibles.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación International de Derechos Humanos presentaron su Informe Anual 2010. El texto es un examen detallado por regiones de la situación de defensores de derechos humanos en 2009.
En el caso de Chile, el reporte aborda la complejidad de varios temas que aún se mantienen críticos como el primer Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Si bien, el Consejo de Derechos Humanos valoró la información entregada, aseguró que aún persisten deficiencias profundas en la institucionalidad actual y que no se han tomado en cuenta las 75 indicaciones que se le realizaron al país en la materia.
Entre las principales falencias destacan la falta de un Defensor del Pueblo, de un sistema electoral más democrático, atención sobre la situación de los indígenas y sobre los derechos de las mujeres, niños y migrantes.
En relación con la figura del Defensor del Pueblo también llamado Ombudsman, José Araya del Observatorio Ciudadano indicó que “desde el punto de vista profesional es una labor un tanto desconocida, que incluso la gente no reconoce como una profesión, entonces es muy complicado generar ciertas medidas de protección que garanticen el trabajo de estas personas”.
Araya añadió que “estos instrumentos permiten justamente aumentar el grado de exposición de este tema dentro de la comunidad internacional y con ello generar recomendaciones con el fin de que estos mecanismos tengan mayores posibilidades de hacer un monitoreo más específico e implementar medidas de resguardo en el caso de los defensores que tengan vulneraciones al derecho a la vida con el fin de proteger su labor”.
El Observatorio también hace un análisis respecto de la criminalización de la protesta social, los obstáculos contra los defensores de derechos humanos y el hostigamiento para quienes apoyan a las comunidades mapuches, destacando el contexto político en cada unas de las regiones del mundo.
En este sentido, el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez, afirmó que “cuando la protesta social se criminaliza existe una represión a la participación” y agregó que esto es “un atentado contra la democracia porque el Estado no puede pretender que la gente se quede tranquila en su casa asintiendo todo de forma pasiva”.
Jerez precisó que bajo este paradigma se justificaría la utilización de castigo por desórdenes simples hasta la aplicación de la Ley Antiterrorista, lo que es contrario a la Constitución que garantiza la libertad de expresión.
A nivel de continentes, el documento indica que “en 2009, el continente americano fue sacudido por el primer golpe de Estado que tuvo lugar en territorio americano tras la caída de las dictaduras militares durante los años ochenta. Mientras que el golpe de Estado del 28 junio de 2009 en Honduras tomo por sorpresa a la totalidad del continente, también le recordó que el pasado nunca está suficientemente lejos, y que la construcción de la democracia es un desafío permanente”.
También continuaron los movimientos de protesta relacionados
con la tenencia de la tierra, la explotación de los recursos naturales
y la protección del medio ambiente (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
El Salvador, Guatemala, México, Perú). Los campesinos y los pueblos originarios han sido los sectores más afectados por los intereses estratégicos de ciertas empresas sobre sus tierras, en particular de empresas de extracción minera y de agrocombustibles.
