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La sombra mapuche en Naciones Unidas

Columna de opinión por Hugo Mery
Viernes 24 de septiembre 2010 13:38 hrs.


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Aunque el canciller Alfredo Moreno negó que Chile fuera a rendir examen ante el mundo por el tema mapuche, lo cierto es que la comparecencia del Presidente Piñera en la Asamblea General de Naciones Unidas estuvo cruzada por la huelga de hambre que mantienen 35 comuneros de esa etnia.

No podía ser de otra manera, por el solo hecho de que fue el propio gobierno quien jndirectamente puso el asunto en el tapete, al revalidar la candidatura del país a uno de los tres asientos reservados a Latinoamérica en el Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial, y que renovará sus miembros el próximo año.

Para que el escaño se obtenga –los otros postulantes son Perú, Nicaragua y Costa Rica-, se necesitan al menos 90 votos. Dada esta situación, muchos países siguen con especial atención lo que el gobierno de derecha chileno haga, más que diga –mea culpa incluido- en la materia. El canciller Moreno recordó también que la candidatura al Consejo la presentó, en su momento, la Presidenta Michelle Bachelet, buscando, tal vez, con esta mención convocar voluntades que trasciendan el tinte político de su sucesor en La Moneda.

La verdad que, con estas alusiones, el actual gobierno no hace sino agitar la sombra que Bachelet le hace a Piñera en el escenario mundial. Aunque la ex Mandataria haya invocado tres veces durante su mandato la ley antiterrorista en contra de comuneros mapuches, su prestigio internacional es demasiado grande, como que se le ofreció la secretaría general adjunta para Asuntos de la Mujer y se la señala como posible carta de sucesión en la mismísima secretaría general de la ONU.

Que Piñera y sus ministros la invoquen no hace otra cosa que marcar el contraste, tanto que ella se dio el lujo de reaccionar con indiferencia ante las congratulaciones públicas que  por su designación hizo el Presidente en tres de sus intervenciones en Nueva York. Este aparece ante las organizaciones civiles y movimientos pro DDHH  y ante  muchos líderes políticos como una encarnación del espíritu autoritario en política y de la defensa a ultranza del derecho a la propiedad, aunque eso no se haya asomado en sus discursos en la asamblea general y en la cumbre sobre las prioridades para el desarrollo en el milenio.

Como su catadura es, en definitiva, democrática, él tiene que medir hasta dónde puede llegar en su inflexibilidad frente a los huelguistas mapuches, de modo de no traspasar la línea que sí cruzó Margaret Thatcher en 1981, cuando dejó morir  al diputado Bobby Sands, de 27 años de edad, tras 66 días de huelga de hambre, y a otros nueve líderes del IRA, el Ejército Republicano Irlandés.

Pero también los gobernantes chilenos tienen otro problema, cualquiera sea su signo político: la mantención de una anacrónica justicia militar en procesos a civiles y una durísima ley antiterrorista, la que se puede aplicar con altos grados de discrecionalidad. Es lo que ha hecho desconfiar a países como Argentina y Suiza de que en Chile existan condiciones para un juicio justo, al tener que decidir sobre las extradiciones solicitadas para dos imputados en el crimen del senador Jaime Guzmán.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.