El acuerdo sobre el llamado royalty minero fue comunicado públicamente en el Senado, después de intensas negociaciones entre la Alianza, el Gobierno y la Concertación.

Los términos del acuerdo consisten en aplicar para los proyectos de minería ya existentes una tasa de tributación entre el 4 y el 9 por ciento durante los años 2010, 2011 y 2012, denominado “período de transición”, mientras que a todos los proyectos mineros nuevos se les aplicará un impuesto de entre el 5 y el 14 por ciento.

Esta nueva tasa se aplicará siempre sobre las utilidades, si el margen operacional va en el 35 por ciento se le aplicará el 5 por ciento de tributo; si la empresa consigue el 100 por ciento de utilidades se le aplicará el 14 por ciento.

Este nuevo régimen de tributación irá aparejado de una disminución de los años de invariabilidad tributaria, de los originales 8 años, se pasó a 6 años, un período que va entre 2018 y 2023. Hay que recordar que la invariabilidad tributaria establecida por el royalty aprobado durante el Gobierno de Ricardo Lagos fijó el límite de la invariabilidad tributaria en el año 2017.

Además se va a crear un Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que recibirá a razón de 100 millones de dólares por cada año de recaudación. Serán un total de 400 millones de dólares en un período de cuatro años y después el fondo será financiado vía presupuesto. De esos recursos un tercio pasará a las regiones mineras y los otros dos tercios pasarán al resto del país, incluyendo a las regiones mineras.

Después de este acuerdo político, que destraba el proyecto de ley, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló  que valoran “la actitud que tuvo la oposición en este proceso”, para dar carta al acuerdo.

Mientras tanto, el senador PS Camilo Escalona, presidente de la comisión de Hacienda afirmó que “es para el país considerablemente mejor este régimen permanente, todos estamos de acuerdo que la minería debe tributar más y eso será realidad desde el año 2018”.

El acuerdo además contempla que se va a conformar una comisión con expertos de la Concertación y la Alianza por Chile para revisar el Decreto Ley 600, que entrega un período de invariabilidad de 15 años a los proyectos extranjeros.

La senadora UDI Evelyn Matthei señaló que finalmente “concurrimos gustosos a este acuerdo” que dio el respaldo a lo negociado entre los bloques políticos, justo en momentos en que tambaleaba la propuesta. Esta  mañana las negociaciones parlamentarias fueron muy intensas y estaba la posibilidad que la Concertación acordara con el Gobierno el proyecto, excluyendo a la Alianza por Chile.