Mientras en la localidad de Caimanes, en la Región de Coquimbo, cientos de personas viven asustadas a causa de un relave minero perteneciente a la empresa Los Pelambres que estaría a punto de desbordarse, en el resto del país son millones los que ni siquiera saben el peligro que tienen a su lado.

En Caimanes están al tanto de la peligrosidad del Tranque El Mauro construido en el valle alto del pueblo y no quieren vivir lo mismo que ocurrió el 27 de febrero pasado en la localidad de Pencahue, en la Región del Maule, cuando producto del terremoto, un relave se desbordó y sepultó la casa en la que vivía la familia Gálvez Chamorro, cuyos cuatro integrantes murieron.

Los familiares de los fallecidos Alejandro y María Angélica y sus dos hijas de cuatro y ocho años saben que la legislación que regula este tipo de basurales mineros es débil y también saben que no habrá mayores sanciones para los responsables de la tragedia que sufrieron.

Es por eso que solicitaron al Gobierno que interceda para hacer justicia. Apelan al Presidente Piñera para que este crimen no quede impune.

“Como no se ha hecho nada, no se ha hecho justicia, estamos pidiendo justicia. Que se castiguen a los responsables y como sabemos que ellos no van a ir a la cárcel, esperemos que indemnicen a las dos familias afectadas”, indicó Mercedes Chamorro, hermana de María Angélica, a las afueras del Palacio de La Moneda.

Más allá del caso puntual, actualmente hay más de doscientas faenas extractivas paralizadas en todo el país y junto a ellas relaves o basurales con forma de grandes piscinas altamente tóxicos y peligrosos para la comunidad, pues contienen elementos como arsénico.

Si bien Sernageomin cuenta con un registro actualizado al 2007 con los relaves abandonados gracias al aporte de la Agencia de Cooperación Ambiental de Japón, éste no es público, por lo que la población está en verdadera ignorancia respecto del riesgo de vivir al lado de una fuente venenosa.

El controvertido proyecto de ley

En el Palacio de La Moneda, la ministra vocera del Ejecutivo, Ena von Baer, asegura que hay conciencia sobre el asunto y presenta como argumento el proyecto de ley que fue presentado por el gobierno anterior y que fija ciertos estándares para el cierre de faenas mineras “en forma ordenada, eficiente, progresiva y oportuna, dentro del marco jurídico vigente”, según indica el proyecto.

Ese proyecto, sin embargo, tiene una pillería: cuenta con una indicación sustitutiva hecha por el actual ministro de Minería, Laurence Golborne, que cambia de manera importante los objetivos de la iniciativa originalmente enviada por el gobierno de Michelle Bachelet.

El diputado PPD de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja Enrique Accorsi es crítico con la iniciativa enviada por el actual Ejecutivo, pues según él, lo único que se hizo fue “rebajar absolutamente las normas para permitir que esos relaves sigan adelante sin ningún problema”.

Según el parlamentario, lo que se trata de hacer es un “blanqueo de los relaves mineros”.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, por su parte, defiende el proyecto argumentando que es un problema “que no se abordó hace más de 20 años. Es un tema que tiene una deuda desde el punto de vista ambiental que hay que resolver y nosotros queremos abordarlo en forma diligente”.

El secretario de Estado agregó que “el tema no es sólo de relaves, sino de aluviones y una serie de elementos geológicos que se hace necesario para ubicar adecuadamente las poblaciones”, por lo que se está elaborando un mapa de riesgos a través del Sernageomin.

Además, el mismo titular de Minería comentó que el proyecto apunta también a facilitar las cosas para los empresarios, por lo que es conveniente meter ambos temas en un mismo paquete para su legislación.

Desde el punto de vista ambiental

En la Fundación Terram han seguido el tema desde dos ópticas, a partir del terremoto de febrero pasado debido a la situación vivida en Pencahue: el proyecto de ley de cierre de faenas mineras y la ubicación de los tranques de relaves en el país.

Lo importante es identificar los lugares donde están estos tóxicos abandonados y crear “un catastro público donde las personas puedan acceder a la información sobre qué tipo de desechos hay, no sólo en los relaves, sino en las faenas mismas, que muchas veces están mal cerradas o no han sido totalmente desmanteladas”, indica Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, quien apunta al Estado como el responsable de esas labores de política pública.

La ambientalista asegura que el proyecto de ley con sus nuevas indicaciones no resuelve el tema de los residuos mineros, pues es incompleto.

“Lo que el Gobierno actual ha hecho es flexibilizar las condiciones en las que los privados, que no han sido evaluados ambientalmente, deberían hacerse cargo de sus faenas mineras”, asevera Liberona.

En ese mismo punto, la experta señala que otra de las principales falencias del proyecto es que “no entrega facultades al ministerio del Medio Ambiente, sino al Sernageomin, para el cierre de faenas mineras”, sin tomar en cuenta que los efectos de la contaminación afecta directamente en la salud de las personas.

En cuanto a la fiscalización de las faenas, todo queda a cargo del cuestionado Sernageomin en vez de la cartera de Medio Ambiente, dejando de lado la actual institucionalidad ambiental.

La situación es preocupante, porque según un documento revelado por Ciper Chile, en total existe un total de 216 faenas abandonadas, 47 de ellas en la Región de Coquimbo, 43 en Atacama, 38 en Antofagasta y 27 en la Región Metropolitana, muchas de las cuales están apenas a 50 metros de la casa más cercana o a menos de medio kilómetro de los pueblos.