El tema de la carencia de viviendas sociales surgió con fuerza el lunes y martes de esta semana cuando fuimos testigos de las más de cinco mil personas que se agolparon en las afueras de las oficinas del Serviu Metropolitano con la intención de inscribirse para postular a un subsidio habitacional.

El hecho sorprendió porque no se había visto tal cantidad de personas realizando este trámite de postulación al Fondo Solidario I y para casas usadas.

El déficit habitacional es un problema social que siempre ha estado presente en la sociedad chilena y que significa, en términos simples, que un grupo importante de la población no cuenta con los recursos económicos para acceder a la casa propia.

Según cifras oficiales del ministerio de Vivienda, la carencia de casas alcanzaba antes del terremoto a 543 mil unidades y debido a la catástrofe natural que asoló a las regiones del centro sur del país se incrementó en 370 mil casas, lo que da un total superior a las 900 mil casas.

Al finalizar la dictadura militar, en 1990, este déficit afectaba a un millón 200 mil familias, por lo que en veinte años, se ha logrado disminuir a casa la mitad, sin contar las necesidades habitacionales que dejó a su paso el terremoto, pero jamás se ha logrado resolver a cabalidad.

Las autoridades de ese tiempo aplicaban un modelo que consideraba a tres actores. Por un lado, estaban las constructoras privadas y las inmobiliarias, el ahorro de las personas y el Estado, que entregaba subsidios habitacional a quienes cumplían ciertos requisitos.

Luego, en las administraciones de la Concertación se aplicó el mismo modelo, pero se colocó el énfasis en construir el mayor número de casas durante un año llegando a levantar 120 mil unidades en doce meses.

Esta política estatal aplicada de manera constante desde el Estado permitió bajar la falta de casas a 543 mil en 2004. Sin embargo, esa manera de enfrentar el problema no satisface a sectores directamente involucrados en el tema.

Una muestra de eso es lo que señala Alexis Parada, coordinador del Movimiento Pueblo Sin Techo de Peñalolén, quien asevera que “en Chile no hay una ley general de vivienda. Hay Decretos Supremos que quedan al arbitrio del gobierno de turno. El eje central se mantiene, es decir, se enriquecen los dueños de los terrenos, los dueños de las inmobiliarias y se envía a los deudores a la banca privada”.

El dirigente social indicó que el Estado podría tomar acciones más activas para buscar una solución, señalando que “el problema es que habiendo terrenos en Santiago dentro del perímetro urbano están en manos de las grandes inmobiliarias, creemos que el Estado puede expropiar o comprar a los dueños de terrenos para crear un fondo de vivienda que permita construir para los sectores populares”

Parada también es criticó de la política habitacional de este Gobierno. “Lo primero es que se va a exigir más ahorro a los pobladores pasando de 10 UF a 50 UF (230 mil a 1 millón de pesos). De esta manera, los pobladores, al no tener la capacidad de ahorrar los recursos que se les piden, van a empezar a buscar terrenos o casas más baratas en la periferia de la ciudad con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de las familias”.

Cambian las reglas del juego para adquirir la casa propia

Para la diputada Denise Pascal, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, la desesperación de quienes pernoctaron en la calle para postular al subsidio, se explica porque “habían 9 mil familias inscritas al inicio de 2010 y al rebajar los subsidios en un 50 por ciento debido a que fueron desviados recursos hacia el fondo de reconstrucción, y hoy se abre una nueva posibilidad, pero hay poca transparencia de que los fondos que hay para este año no alcanzan a cubrir a todos quienes solicitaron la compra de viviendas usadas”.

En la actualidad el Estado no compra terrenos, no construye, no da créditos y simplemente se limita a dar subsidios. El otro gran tema es el de los allegados, gente sin casa que se va a vivir con familiares, y que quieren postular a una vivienda social y están obligados a optar por la deuda bancaria o a una vivienda sin deuda a través de un concurso.

Lo ocurrido en las oficinas del ministerio de la Vivienda es una señal de que estaría cambiando la política habitacional del Estado que se venía aplicando hace más de 30 años, cuando se implementó en 1980.

Según el académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Ricardo Tapia, el país estaba logrando una disminución del déficit habitacional gracias a que se estaban aplicando políticas de Estado de largo plazo.

El experto señaló que ahora, al parecer, “las familias tienen que postular directamente al Serviu y éste determinará cómo entrega una solución habitacional. Lo que quiere decir que las empresas constructoras van a ubicar los terrenos para construir las viviendas y después la gente con su subsidio en la mano se dirigirá a la empresa inmobiliaria que ofrezca la vivienda y el rol de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) parece que quedaría de lado”

En este sentido, el profesor de arquitectura señaló que “más allá de errores que se encontraron en las EGIS el año pasado cuando con las compras y ventas de viviendas usadas, parece que se están desechando estas entidades y se estaría volviendo al sistema de hace más de 20 años atrás, donde el Estado le entrega un subsidio o bono a la gente y ellos se entienden directamente con el sector privado constructor tradicional lo que nos parece preocupante”.

El docente concluyó que “darle al sector privado tradicional constructor el encargo de todo este intento de proteger a la gente, entregar una mejor ubicación en la ciudad, se estaría perdiendo porque la lógica de las inmobiliarias es maximizar las utilidades y un terreno bien ubicado la empresa lo va a utilizar para construir viviendas de un mejor estándar para un cliente que le pueda reportar mayores ganancias. Vivienda para los más carenciados significa volver a ubicarlos en terrenos de mala calidad en las afueras de la ciudad”.

A la luz de los últimos hechos ocurridos en el Serviu se reveló la gran incertidumbre por la que atraviesan miles de familias chilenas, que no saben si tendrán opción de obtener su casa propia y que hasta ahora la ministra Magdalena Matte no explica a los afectados. Pero además, los dineros para reconstrucción y para subsidio habitacional no están bien delimitados en el Presupuesto 2011. ¿El abrupto despertar del “sueño de la casa propia”?