Ocho funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y de Chiledeportes deberán ser reintegrados a sus puestos de trabajo en los respectivos servicios por orden de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a favor de los trabajadores despedidos en junio y julio pasado.
El tribunal determinó que en todos los casos no se respetó la igualdad ante la ley y el estatuto administrativo al despedirlos sólo mediante la toma de razón de la Contraloría.
Por ello, el dictamen señala que se les debe cancelar todos sus sueldos hasta el fin de su contrata, que vence el 31 de diciembre.
Según el abogado querellante, Luis Coba Sánchez, la decisión “se basó fundamentalmente en el hecho que no había ninguna justificación para poner término a sus servicios, porque las resoluciones no mencionaban alguna causa o fundamentación”.
Ocho funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y de Chiledeportes deberán ser reintegrados a sus puestos de trabajo en los respectivos servicios por orden de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a favor de los trabajadores despedidos en junio y julio pasado.
El tribunal determinó que en todos los casos no se respetó la igualdad ante la ley y el estatuto administrativo al despedirlos sólo mediante la toma de razón de la Contraloría.
Por ello, el dictamen señala que se les debe cancelar todos sus sueldos hasta el fin de su contrata, que vence el 31 de diciembre.
Según el abogado querellante, Luis Coba Sánchez, la decisión “se basó fundamentalmente en el hecho que no había ninguna justificación para poner término a sus servicios, porque las resoluciones no mencionaban alguna causa o fundamentación”.
Ocho funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y de Chiledeportes deberán ser reintegrados a sus puestos de trabajo en los respectivos servicios por orden de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a favor de los trabajadores despedidos en junio y julio pasado.
El tribunal determinó que en todos los casos no se respetó la igualdad ante la ley y el estatuto administrativo al despedirlos sólo mediante la toma de razón de la Contraloría.
Por ello, el dictamen señala que se les debe cancelar todos sus sueldos hasta el fin de su contrata, que vence el 31 de diciembre.
Según el abogado querellante, Luis Coba Sánchez, la decisión “se basó fundamentalmente en el hecho que no había ninguna justificación para poner término a sus servicios, porque las resoluciones no mencionaban alguna causa o fundamentación”.
