Discurso del Rector Víctor Pérez Vera en el Aniversario nº 168 de la Universidad de Chile.
Víctor L. Pérez Vera, Rector .
LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN EL AÑO 2010
El aniversario 168 de la Universidad de Chile nos encuentra con el año en que Chile celebra su Bicentenario de vida independiente.
Llevaba sólo 32 años de vida independiente, cuando la República de Chile instaló, en 1842, la Universidad de Chile, definiendo y poniendo en práctica una de las políticas públicas más trascendentales para el desarrollo republicano de la Nación.
Cumpliendo con la misión que el Estado nos entregó por ley al instalarnos, la Universidad de Chile ha sido siempre “el adelantado” de un Chile en busca de un mejor destino, la conciencia crítica de nuestra Nación, una preservadora de valores republicanos en nuestra sociedad, y una cultivadora y difusora del conocimiento al más alto nivel en el país.
En lo institucional, nos rige un Estatuto que preserva nuestra misión, valores y cultura, y que garantiza la participación de nuestra comunidad en nuestro desarrollo institucional.
En el día de ayer y en este mismo Salón de Honor, el Senado Universitario dio una robusta cuenta de su trabajo anual, en cumplimiento del rol que le entrega nuestro Estatuto.
En investigación, seguimos siendo la universidad que tiene la mayor productividad en el país. Nuestros académicos y académicas generaron el 30 % de las publicaciones internacionales de corriente principal producidas en el país en el período 2003 – 2009; han obtenido en promedio el 28 % de los proyectos Fondecyt de la última década y que se concursan anualmente; dirigen 4 de los 6 centros de excelencia Fondap que se han concursado en ciencia y tecnología; uno de los dos centros de excelencia que se han concursado en educación; 13 de los 32 (41 %) Institutos y Anillos Milenios que se han concursado y vigentes en 2009; y 5 de los 13 (38,5 %) Proyectos Basales que se han concursado. La versión 2010 del SCIMAGO Institutions Ranking, (www.scimagoir.com), que considera la productividad y calidad de las investigaciones de 2080 universidades del mundo que en el período de los últimos 5 años hayan publicado al menos 241 trabajos, ubica a la Universidad de Chile en el lugar número 394 en el mundo, y las siguientes universidades chilenas ocupan los lugares 584 y 901.
El robustecimiento de nuestro cuerpo académico es fundamental para preservar el liderazgo en investigación y creación y en docencia de pre y postgrado. Este liderazgo no es sustentable en el tiempo si no aumentamos fuertemente el número de académicos con doctorado de prestigio internacional o que tengan formación de alto nivel en disciplinas en que el doctorado no es la modalidad usual, y si no aumentamos de manera homogénea nuestra productividad académica. No podemos ignorar que tenemos la obligación misional de ser una universidad de calidad internacional. La ley de incentivo al retiro voluntario es un instrumento importante para este propósito, al igual que los criterios transversales para los procesos de concurso de ingreso de académicos a la carrera ordinaria y que han sido aprobados por el Consejo Universitario. Tenemos que compatibilizar la necesaria descentralización académica de que gozan las unidades con la existencia y cumplimiento de criterios transversales que respondan a políticas institucionales
Con dificultades y retrasos ajenos a nosotros, y con mucha perseverancia, hemos avanzado en el proyecto Iniciativa Bicentenario para “Revitalizar las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y de la Comunicación: un compromiso con el país”. El Comité Ejecutivo del proyecto y las unidades académicas participantes, han avanzado en los Planes de Mejoramiento Académico. El pasado lunes 15 de noviembre inauguramos las oficinas del proyecto, en el Campus Gómez Millas. Ese mismo día el Convenio de Desempeño fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, de manera que contaremos este año 2010 con la primera cuota de $ 5.310 millones. En la Ley de Presupuesto de la Nación 2011 se incluye un Protocolo que establece que en los meses de enero de 2012, 2013 y 2014 se entregarán las siguientes tres cuotas por montos similares (incluyendo los reajustes correspondientes), quedando para el Presupuesto de la Nación en 2015 el establecimiento de la quinta cuota.
En docencia de pregrado tenemos 26.269 estudiantes, 52,1 % de varones y 47,9 % de mujeres. Ofrecemos 66 carreras, de las cuales 37 están acreditadas. A ellas ingresan estudiantes con los más altos puntajes de la PSU. La Encuesta Mori 2010 señala que la Universidad de Chile es considerada la mejor universidad en una encuesta realizada a estudiantes de enseñanza media de todo el país, opinión que es mayoría tanto entre estudiantes egresados de colegios municipalizados, de colegios subvencionados, como de colegios pagados. Durante 2010 se puso en práctica la Beca Equidad Universidad de Chile, destinada a financiar la diferencia entre el arancel real y el arancel de referencia (para lo cual reciben una beca del Estado), para los estudiantes de los dos primeros quintiles más vulnerables, con lo que 5.000 estudiantes estudian gratis en nuestra Universidad.
En docencia de postgrado, ofrecemos 121 programas de Magister, de los cuales 61 están acreditados, y 37 programas de doctorado, de los cuales 35 están acreditados. La próxima semana entregaremos la medalla doctoral a 152 graduados y graduadas en 2010 de nuestros programas de doctorado, la cifra más alta que hayamos entregado y que representa el 35 % de los doctorados graduados en el país.
En extensión, hemos ampliado el tipo y cantidad de actividades e incrementado nuestra presencia pública en temas país. Mención especial merece el programa “La U x Chile”, que congregó a estudiantes, funcionarios y académicos y que se instaló a iniciativa de los estudiantes de la FECH, inmediatamente de ocurrido el terremoto del pasado 27 de febrero, con el propósito de ir en ayuda de cinco comunidades de la región del Maule. La semana pasada entregamos los cinco proyectos premiados con el Fondo Valentín Letelier, creado este año en la Vicerrectoría de Extensión, y que esta vez estuvo orientado a apoyar iniciativas en apoyo a esas comunidades.
Durante 2010 se amplió a 9 meses la Asignación Universitaria Complementaria AUCAI, que consiste en el 25% del promedio de la remuneración de la jerarquía académica para quienes postulen y sean asignados. Una Comisión del Consejo Universitario está evaluando los objetivos y resultados de esta iniciativa, que significa un esfuerzo de las unidades y del Fondo General por $ 4.500 millones anuales.
En este año 2010 se cumplió con la segunda etapa del Convenio de Desempeño que tenemos con el Ministerio de Educación para la Modernización de la Gestión Institucional y que contempla un aporte fiscal de $ 3.600 millones por el período de tres años.
En lo económico, nuestros Balances y Estados Financieros son auditados externamente y publicados en un medio de difusión nacional. Hemos continuado con la política de ir reduciendo la deuda del Fondo General con las instituciones financieras y con las unidades internas, deuda que representaba $28.000 millones en 2006, y que a 2010 representa $ 11.700 millones, proyectándose que ésta se extinguirá el año 2013, con lo cual se liberarán $ 3.500 millones anuales para inversión académica. Si se quiere hablar de eficiencia, el Estado aporta de manera directa el 10% del presupuesto total de la Universidad de Chile.
Se puso en práctica la Ley de Incentivo al Retiro Voluntario que otorga mejores condiciones económicas para quienes se retiran, liberando recursos para incorporar nuevos académicos y hacer más eficiente nuestra gestión. Hasta hoy, 671 personas (265 académicos y 406 funcionarios) se han acogido a este beneficio. El pasado viernes 12 de noviembre y con la colaboración de la Oficina de Bienestar, hicimos un acto en el Teatro de la Universidad de Chile, con la participación del la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Universidad de Chile, para homenajear la dedicación y compromiso con nuestra Casa de Estudios de quienes se han retirado este año.
El terremoto del pasado 27 de febrero afectó nuestras actividades docentes, de investigación y de gestión y la infraestructura y equipamiento. Hubo que cerrar la Casa Central, por deterioros estructurales en los tres tímpanos exteriores y en los arcos de los dos corredores del segundo piso, además de daños en diversas murallas interiores. Varias unidades académicas vieron interrumpidas temporalmente sus actividades y una tuvo que trasladarse a otro lugar, el Instituto de Asuntos Públicos, y para el cual se está en proceso de reubicación para 2011 debido a las inadecuadas instalaciones que actualmente tienen.
La estimación definitiva de los desembolsos incurridos por el terremoto y de los seguros comprometidos, permitirá que en las próximas semanas se haga el llamado al Fondo Concursable de $ 600 millones, contemplado en el Presupuesto 2010, destinado a financiar proyectos de infraestructura con impacto en la calidad de vida de las comunidades de las unidades académicas, principalmente de los estudiantes.
Todo lo que he descrito es el resultado del trabajo comprometido, generoso y de excelencia de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria, y de todas las unidades académicas, para quienes vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento.
INICIATIVAS INSTITUCIONALES
De acuerdo al programa que presenté durante mi reciente postulación a la rectoría, hemos constituido, bajo la dirección de la Prorrectora, las comisiones para elaborar propuestas en los temas de: 1) educación, para recuperar el liderazgo tanto en la formación inicial de profesores como en investigación y postgrado en educación; 2) mejoramiento de la equidad e inclusión en el ingreso de estudiantes; y 3) instalación de un seminario permanente para el análisis, debate y elaboración de propuestas de políticas sobre la educación pública.
En el primer tema, con el propósito de renovar su histórico compromiso con la calidad y la equidad de la educación nacional, la Universidad de Chile llevará adelante un Proyecto Institucional de Educación, el cual potenciará su actividad académica en este campo, especialmente en lo referido a la formación inicial y continua de profesores. Las orientaciones estratégicas y conceptos que servirán de marco para su desarrollo son la excelencia académica, la vinculación con la investigación, la integración disciplinaria y organizacional, la vocación pública, la conexión con los desafíos reales del sistema escolar, y una visión de futuro y apertura al mundo.
Actualmente la Universidad forma profesores de Educación Media y profesores de Educación Parvularia y Básica Inicial a través de propuestas formativas innovadoras. Dichos programas atraen a muy buenos estudiantes y forman docentes que se caracterizan por una sólida formación disciplinaria, autonomía intelectual y profundidad reflexiva respecto de la acción docente. No obstante esto, su impacto y desarrollo están limitados por la existencia de un cuerpo académico reducido, escasa infraestructura y equipamiento, insuficiente desarrollo de la investigación asociada a su quehacer, dispersión institucional y falta de articulación con el proyecto académico global de la Universidad.
El objetivo de este proyecto es realizar un análisis estratégico para la implementación del Proyecto Institucional de Educación en la Universidad de Chile. La propuesta resultará del trabajo conjunto de las personas, programas y unidades que aportan actualmente al área de la educación en la Universidad a través de iniciativas reconocidas por su calidad. Así, se cumplirá con el propósito de construir sobre las fortalezas existentes, superar las debilidades, asegurar el abordaje del problema desde una perspectiva multidisciplinaria y evitar el aislamiento institucional de la formación docente. En los últimos años la Universidad ha impulsado mayores capacidades en investigación educativa a través del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), incrementando significativamente su contribución a las políticas públicas y al mejoramiento de la educación a través de proyectos de innovación. La universidad está hoy en buena posición para abordar el desafío de contribuir de manera relevante al ámbito de la educación: su liderazgo en investigación, la amplitud temática de su quehacer, su singular calidad de universidad compleja y la presencia extendida de la educación en la Universidad, son todas condiciones con un alto potencial para generar un espacio moderno para su desarrollo.
Los objetivos específicos son: a) elaborar un modelo educativo para las pedagogías y realizar una propuesta para asegurar programas de formación inicial y continua de profesores de excelencia en todos los niveles (Preescolar, Básica y Media) a través del fortalecimiento de los programas existentes y la creación de nuevos programas), b) proponer y promover acciones para robustecer, a un estándar de calidad internacional, la investigación en educación especialmente aquella más relevante para la formación docente, c) proponer una institucionalidad universitaria coherente con el Proyecto Institucional de Educación y d) estimar las inversiones necesarias para dotar de infraestructura y del cuerpo académico requerido para el logro de las metas establecidas.
En el segundo tema, para implementar el plan de acceso equitativo a la Universidad estamos trabajando en el desarrollo de una política de inclusión sistémica que contemple acciones que actúen en distintos niveles para reducir las múltiples barreras que dificultan el acceso a la educación de calidad de los grupos más postergados (ingreso, progreso e inserción laboral). Nos preocuparemos que las intervenciones propuestas estén orientadas hacia la identificación y el desarrollo del talento, el esfuerzo y el compromiso y deberán estar informadas por las mejores prácticas a nivel nacional e internacional y por el estado del arte en la investigación, considerando también las experiencias piloto que se han realizado en la Universidad (por ejemplo los programas de equidad de FEN, FACSO, Medicina).
El diseño se fundará en un análisis cuidadoso de la situación actual en la Universidad de Chile a nivel del ingreso, el progreso y la inserción laboral desde la perspectiva de la inclusión, utilizando información de distintas fuentes. Nos preocuparemos que las nuevas políticas estén informadas por la evidencia y guiadas por nuestros valores. Además de acordar nuevas formas de ingreso y del diseño de los instrumentos correspondientes, será necesario desarrollar sistemas de apoyo a lo largo de la carrera o programa y preparar a los alumnos para enfrentar el mercado laboral con oportunidades equivalentes. La formación debe abarcar no solo conocimientos y habilidades vinculados a las disciplinas, sino también otras competencias relevantes para la participación efectiva en la sociedad.
El programa de equidad e inclusión deberá tener un soporte organizacional a nivel de las facultades, institutos y de la administración central para lo que será necesario definir cuáles serán las estructuras de apoyo y el rol potencial de algunos programas existentes (Bachillerato, Unidad de Formación General).
En el curso de su trabajo, la Comisión convocará a otros académicos, estudiantes y profesionales para conformar los grupos de trabajo que sean necesarios para avanzar en materias específicas generando productos concretos de acuerdo con las metas planteadas. Se espera la entrega de un primer informe por parte de la comisión la tercera semana de marzo, el cual servirá de insumo para la realización de un taller a realizarse en el mes de abril.
El tercer tema busca constituir un espacio de reflexión y debate sobre la educación pública en la Universidad de Chile, que tenga el potencial de trascender hacia el espacio público.
Sus propósitos son: enriquecer el análisis y discusión sobre la educación pública en el país; renovar las ideas que fundamentan la importancia de que Chile cuente con una educación pública significativa; contribuir a una revalorización social de la educación pública en Chile; posicionar a la Universidad de Chile como un actor relevante en el debate público nacional sobre educación; influir en la agenda pública (política y medios de comunicación) en torno a la importancia y urgencia de abordar los problemas y desafíos específicos de la educación pública.
Hasta el momento se ha definido tres tipos de actividades que, en conjunto, constituirían el “seminario permanente”: seminarios, diálogos presenciales y foro virtual y web del seminario. El seminario está pensado como una actividad continua que permanecerá al menos durante los próximos cuatro años.
En el mes de marzo 2011 instalaremos una comisión para analizar el tema de los cupos de ingreso a la Universidad, con miras a ampliar en un 40% la matrícula tanto de pregrado como de postgrado en los próximos diez años, para dar respuesta a la creciente demanda nacional por educación superior pública de calidad.
A la luz del informe de la Contraloría General de la República, constituiremos una comisión de expertos en derecho, telecomunicaciones, finanzas y comunicaciones para estudiar la relación contractual entre la Universidad de Chile y Chilevisión y para elaborar un proyecto que instale en la Universidad de Chile una plataforma de servicios digitales que incluya la televisión digital, como instrumento esencial para nuestro proyecto educacional.
Continuaremos nuestro trabajo junto a los rectores de universidades estatales ante el Gobierno y el Parlamento para modificar aquellos mecanismos administrativos y financieros a los que estamos sujetos y que obstaculizan nuestra gestión. Hemos logrado que en la ley de Presupuesto de la Nación para 2011 se incluya una disposición que permite que durante 2011 y sujeto a requisitos financieros definidos por el Ministerio de Hacienda, las universidades estatales se endeuden a 20 años para financiar proyectos de desarrollo en infraestructura y equipamiento.
El mecanismo de endeudamiento a 20 años y la reconversión de activos será motivo de análisis de nuestras instancias colegiadas de gobierno, a partir de marzo 2011, de modo de generar la capacidad de inversión académica, infraestructura y equipamiento que requiere la Universidad de Chile para que todas sus unidades académicas tengan un mismo y alto estándar de calidad, para mejorar y ampliar nuestra productividad académica en investigación y docencia, y para hacer frente al aumento sustentable de cupos. Estos mecanismos de financiamiento permitirán, entre otras iniciativas, mejorar la infraestructura y equipamiento de nuestro Hospital Clínico.
En el día de hoy la Contraloría General de la República ha aprobado el proyecto que permitirá financiar, vía un leaseback, la inmediata construcción de las nuevas instalaciones que permitirán concentrar la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en Olivos, un proyecto largamente esperado por su comunidad y que contempla 8.434 m2 nuevos construidos y 1.784 m2 de remodelación de aulas. La capacidad de endeudamiento que se generará permitirá que el espacio que se liberará en Vicuña Mackenna 20 se habilite para el Instituto de Asuntos Públicos, y que se construya un nuevo edificio para la Facultad de Ciencias, erradicando definitivamente y después de más 40 años las “barracas”. Ambos proyectos ya están en curso.
LA DIVERSIDAD: EL SELLO DE NUESTRO BICENTENARIO
En cada celebración de un nuevo año de vida de nuestra universidad abrimos las puertas de éste, nuestro Salón de Honor, para conmemorar a la primera institución de educación superior del país. Hoy son 168 años de existencia los que nos hacen comparecer y como siempre, reflexionar sobre el momento que atraviesa.
Ahora, más que nunca, no es posible reflexionar el hoy de la Universidad de Chile sin el sustrato que, como una tierra firme, nos apoya: su historia diversa y su libre desarrollo. La historia sólo se recupera desde un tiempo concreto, el hoy; pero también el futuro se sueña y se desprende desde el momento actual (no puedo dejar de notar con preocupación que hay intentos por disminuir las horas de Historia en la enseñanza escolar, una compleja decisión pues sin memoria es imposible construir una comunidad reflexiva y con capacidad de crear y cambiar desde sus cimientos genealógicos). Y, no se trata, en esta conmemoración de traer sólo la historia nostálgica del “todo tiempo pasado fue mejor” o de la “época funesta”, que rompió los cauces democráticos, alienando gran parte de nuestro patrimonio material y simbólico. Es más bien la idea de una historia cuyo peso pone en evidencia las transformaciones que nuestra institución ha sufrido, en la medida en que es la más antigua, la republicana por excelencia y que por ir de la mano con el Estado fue y será sujeto de sus vaivenes y de los cambios sociales que implican mutaciones en éste. Observando esta historia, es factible hipotetizar que, tal vez, la diversidad que compuso a la Universidad de Chile desde sus inicios, ha sido su gran fortaleza, su horizonte y su defensa.
No es casualidad, entonces, que la diversidad haya sido el eje temático del conjunto de actividades que hemos desarrollado durante la semana que termina. Hemos querido celebrar este 168 aniversario colocando en escena una materia, un problema acuciante, que es local, nacional y global, al mismo tiempo, y que nos caracteriza e identifica. Así, en distintos campus de la Universidad han tenido lugar coloquios, debates y conversaciones articulados en un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, denominado “La Diversidad y el País que Queremos”. Así, se tornó visible que la complejidad de la Universidad de Chile hace juego y carne, precisamente, con la noción de diversidad que la acompaña.
La pluralidad como forma de construir universidad ha sido la marca que ha labrado un camino desde la concepción misma de Bello, con la noción de que “todas las verdades se tocan” en la composición polifónica de las ciencias, las artes y las humanidades, hasta el sentido laico -y porque no decir liberal- de la libertad de cátedra, que es un equivalente a decir: libertad de pensamiento. Por cierto, esta posibilidad de la diversidad como punto que se instala en el ejercicio de la reflexión, de la investigación y de la enseñanza arranca desde la identidad de la Universidad de Chile como institución pública. La identidad supone una comunidad que comparte rasgos comunes que lo diferencian de otras; en nuestro caso, una identidad arraigada en los valores republicanos y en la idea de lo nacional como norte de una energía que se expande hasta los recodos más olvidados con sus verdades y sus preguntas. Desprenderse de esa identidad no es fácil, y podemos apreciar que aún cuando las condiciones históricas cercenaron esa extensión nuestra en el territorio, aún cuando nuestra topografía universitaria fue desterrada, todavía en las regiones, cuando se habla de algunas universidades locales, se dice: “fue una sede de la Universidad de Chile”. Hoy día, esta vocación nacional se aparece a ese síndrome del cuerpo amputado, el que todavía se siente, aún cuando se ha perdido.
Sin embargo, los bienes culturales -como los llamó Amanda Labarca- que se produjeron y producen en la Universidad de Chile no se extinguen y, convertidos en valores, en discurso y práctica académica permanecen y nos identifican. Nuestra raigambre estatal es, sin duda, uno de esos valores que, no obstante los cambios profundos de la sociedad chilena, forman parte indisoluble de nuestro quehacer. Hay quienes piensan que es un anacronismo seguir manteniendo ese bien de “lo público”, sin embargo para nosotros el concepto de lo público va más allá de la mera aparición, del ser visto; sino que radica en “cómo” se aparece. Este como, en la Universidad de Chile, se liga a la convergencia de la ciudadanía, de la pluralidad en la “plaza pública”, lugar desde el cual es posible lo heterogéneo, lo plural como posibilidad y oportunidad de acceder a la igualdad.
El valor de público que hemos defendido, no se vincula con el mayor o menor grado de aporte del Estado a nuestros proyectos de desarrollo -aunque evidentemente es una parte de nuestras demandas-, sino que va más allá: se trata de la defensa de un conjunto de símbolos ligados a la construcción de una ciudadanía que goza de herramientas críticas para emprender, desde el bien común, el trazado de los cambios del país. No son los intereses de un grupo dominante, ni de un conjunto de empresarios, ni de una religión los que se juegan en la noción de universidad pública, sino los intereses de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas que en libertad pueden dialogar, consensuar, debatir los horizontes en los cuales anhelan habitar el mundo y comprender las cosas. Son esos sentidos los que subyacen a nuestra noción de lo público y son esos los sentidos que podemos leer y releer en la historia de la Universidad de Chile. Baste sólo decir que es la universidad que más presidentes -y presidenta- de la república han egresado de sus aulas. Ello, más que un recuento de blasones pone de manifiesto que nuestra institución hace posible ese ejercicio de ciudadanía, pero al mismo tiempo su responsabilidad en la formación de las elites republicanas.
Cuando hablamos de la formación de las elites republicanas, no estamos pensando en una minoría que proviene de las clases acomodadas, sino justamente de la Universidad de Chile como espacio, como matriz y posibilidad de acceso a la multiplicidad de aquellos y aquellas que quieren aprender a vivir y sentir el sello de la Universidad de Chile y su vocación de servicio público. Quienes ingresan a nuestra institución es evidente que lo hacen porque la marca histórica y la continuidad que nos hemos empeñado en darle hacen una diferencia a la hora de elegir. Es por ello que luchamos también por aumentar los niveles de equidad en el ingreso de nuestros y nuestras estudiantes y que bregamos porque la calidad y excelencia de lo que enseñamos esté siempre en la vanguardia y en los mejores estándares universitarios.
Estamos ciertos que las condiciones de la educación de hoy, reguladas por un mercado que segrega el conocimiento de manera brutal por clases sociales, juega en contra de nuestras aspiraciones de un más amplio acceso, de una mayor igualdad y de una mayor equidad.
Pero nos preguntamos ¿qué sería de Chile sin la Universidad de Chile? ¿Acaso la perseverancia en los lineamientos de nuestra tradición, unido al cambio constante que exige el medio social no es una garantía de adaptabilidad sin pérdida de los valores? Es por ello que insistimos en que somos necesarios, porque portamos una genealogía y al mismo tiempo, sin olvidarla, la potenciamos y proyectamos en un mundo de rápidas transformaciones. Habrá pensado en esto la persona que, en la pared poniente de nuestra Casa Central escribió, y todavía se puede ver: “Sin la U no hay Chile”.
No es extraño entonces, que esta ceremonia de aniversario albergue una serie de rituales republicanos que se ligan al reconocimiento interno de las diversidades y de la riqueza que de ella emana, las medallas, los diplomas, el acto público de una comunidad que se mantiene fiel a sí misma en la dialéctica de los cambios.
Es fundamental en una sociedad del conocimiento y globalizada tener esta garantía de una universidad pública que no se doblega ante las amenazas y que ante ellas enarbola sus más preciadas herramientas: las luces que titilan desde el tiempo y las del devenir, y que pueden traducirse, en clave contemporánea -sin traicionar en este caso-, en los valores de la inclusión social, del respeto a los derechos humanos, a la equidad, a la igualdad en la diferencia, al compromiso social y a la búsqueda del desarrollo humano, por sobre el mercado como productor de valores.
Qué duda cabe que hoy la diversidad es un problema y un dilema- país, y por ello nos sentimos en el deber de exigir interiormente y hacia el exterior, a nuestra democracia, la capacidad de viabilizar una política intercultural, que a la vez de posibilitar la cohesión social, confiera un real valor a lo plural, a lo múltiple. Experimentamos hace unas semanas una encrucijada: por un lado, el rescate de los 33 mineros en la Tercera Región, que dejó al descubierto fallas graves relacionados con las condiciones laborales, en el cual todo el país se unió a la lucha de la vida contra la muerte, pero al mismo tiempo tenía lugar una huelga de hambre de un grupo de personas del pueblo mapuche privadas de libertad en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado, configurando un episodio más del conflicto milenario e irresuelto del Estado chileno con este pueblo originario.
Ese abigarrado cuadro trasluce que la diversidad se torna en desventaja -y por qué no decir inequidad- cuando se trata de la vida de los trabajadores de la mediana minería y cuando se pertenece a una identidad cultural distinta y discriminada históricamente. También el uso o no del velo en un colegio de la capital, y las demandas del pueblo rapanui han concitado nuestra atención interpelándonos. Debemos estar preparados para construir una cultura de la diversidad desde los derechos humanos, y a la Universidad le cabe un rol en la interpelación a nuestra capacidad de conocer y convivir sin prejuicios con la diversidad de género, cultural y la riqueza étnica y social de Chile.
Se trata de un desafío enorme para nuestra Universidad en el Bicentenario de la República, pero sabemos que hemos ido paso a paso respondiendo, construyendo un camino académico que le da sentido actual al término igualdad y propone al país una reflexión sobre la misma. Nuestros centros de estudios de género, étnicos, de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de políticas públicas, los aportes desde la medicina a las materias de sexualidad y reproducción, entre otros, son un ejemplo. Es evidente que en ninguna otra universidad el enfoque y alcance de estas materias pueden discurrir en libertad plena y ser objeto curricular de pre y postgrado, así como campos para la investigación y la extensión.
Entendemos que la aceptación de un mayor grado de diversidad supone una mayor libertad efectiva para los sujetos, pues es mayor el abanico de alternativas que se le abre a la hora de crear y disponer de su vida. La diversidad, o al menos la consecución social del grado de diversidad que le permitiría ser aceptado, aparece para las personas como un fin en si mismo, como un sinónimo de libertad real. Corresponde a la Universidad, en tanto fuente de insumos pertinentes para el desarrollo de políticas públicas y sobre todo, de políticas culturales, en tanto gran observatorio de la realidad social y sobre todo en tanto formadora de ciudadanos y ciudadanas, preocuparse de que la diversidad cultural, étnica y social se pueda convertir en potencial de creatividad, crecimiento y desarrollo humano y no en fuente de tensiones sociales o en campo propicio a la violencia y a la muerte. Por otro lado, nos corresponde también, en nuestra propia relación con el medio, una mirada y una acción horizontal, una relación humana de diálogo que en su conmoción transforme y nos transforme, produciendo un camino de valores humanos que impacte desde nuestro interior al exterior.
Creemos también que a las políticas públicas en educación, les corresponde transformar la diversidad cultural en un factor de entendimiento y no en uno de exclusión social y discriminación. Hasta ahora, el modelo educativo chileno ha soslayado el hecho de que cada cultura posee una lógica distinta en el ordenamiento y producción de sus conocimientos, y que ésta obedece a una necesidad fundamental de mantenerse y proyectarse en el tiempo. Es allí donde nuestra universidad tiene mucho que seguir aportando al país. Es por eso que defendemos la educación pública, por un tema de valores, por ser garantía de respeto y vivencia de la diversidad, la inclusión y cohesión social, el pluralismo y la libertad de pensamiento al interior del aula, que es donde realmente importa para la construcción de ciudadanía.
En el gesto fundacional de nuestra Casa de Estudios está implícito el concepto y la herencia de la Universitas, término que refiere al nombre latino formado sobre el adjetivo Universus (traducible como “todo”,”entero”, “universal”), derivado a su vez de Unus (que, obviamente, significa “uno”). Es decir que Universitas es: Todo, acaso el epítome de lo plural por excelencia, y, Uno, la síntesis máxima de lo singular.
¿Cómo podría ser posible para esta Universidad tocar todas las verdades, correr los tupidos velos, humanizar la ciencia, empujar las fronteras del conocimiento y abrir espacios para el arte y la cultura si no hubiese adoptado el canon del pluralismo, la polifonía y el aprendizaje de la diversidad? Sobre unos pilares tan sólidos como flexibles frente a las demandas del desarrollo del país, nuestra universidad fue asumiendo roles fundacionales en prácticamente todas las áreas en las que la naciente república requería el aporte innovador que se fraguaba en nuestras aulas y laboratorios.
En la época en que se definían los rasgos culturales identitarios de nuestro país, la Universidad creaba, entre otros organismos, el Teatro Experimental, el Coro Universitario, la Editorial Jurídica y la Editorial Universitaria, la Orquesta Sinfónica de Chile y el Ballet Nacional, el Museo de Arte Popular Americano y el Museo de Arte Contemporáneo. En los momentos en que el país demandaba respuestas para mejorar la salud de los chilenos y chilenas, nacía el Hospital Universitario José Joaquín Aguirre, nuestro Hospital Clínico, así como también nuestra Escuela de Salud Pública.
En las décadas de los cincuenta y sesenta, nuestra Corporación experimentó un nuevo desarrollo con la creación de los institutos de investigación al interior de las facultades y la implementación de sedes en algunas regiones tales como Valparaíso y Antofagasta y de los colegios Universitarios regionales en Temuco, La Serena, Talca, Osorno y Arica, a las que se sumaron posteriormente algunos otros, abarcando prácticamente todo el país desde Arica hasta Magallanes.
Pese a todo y en un contexto de aguda competencia, con unas reglas de juego no siempre justas, la Universidad de Chile supo mantenerse en pie y seguir adelante, gracias a su gente. Esta condición, este bien público, este bien cultural debe acrecentarse porque como hemos sostenido es un capital social de calidad, pluralismo y diversidad del cual la República no puede prescindir. Es por eso que reclamamos contra la privatización de la educación superior: ella afectaría la diversidad que requiere la formación de la elite republicana y profundizaría la inequidad que hoy exhibe nuestro sistema educacional.
RECLAMAMOS PARA QUE SE HAGA EFECTIVA LA CONDICIÓN PÚBLICA DE NUESTRA CASA DE ESTUDIOS
Alguien escribió que “Nos gusta llamar testarudez a la perseverancia ajena, pero le reservamos el nombre de perseverancia a nuestra testarudez”. Por el contrario, como soy de los que creen que las mejores cosas de esta vida son hechas a base de perseverancia, por lo que aún a riesgo de ser considerado por muchos de ustedes como un testarudo, vuelvo hoy a la carga exigiendo que se haga efectiva la condición pública de nuestra casa de estudios.
No es un privilegio lo que reclamamos. Todo lo contrario, fue una ley pública y generosa la que nos hizo nacer; fruto del mandato de un pueblo soberano que nos creó en 1842 para cumplir una función primordial. Por lo que es absurdo que ahora se nos ponga en la situación de tener que reclamar nuestros derechos a quien nos los concedió, la naciente república. Quien ejerce un derecho, a nadie ofende. Es eso lo que nosotros pedimos. Que se nos reconozca el derecho a existir y desarrollarnos pues no somos hijos de la voluntad de un particular guiada por su libertad de emprendimiento, muy loable por cierto. La Universidad de Chile es otra cosa, es la manifestación de la voluntad soberana que manda, prohíbe y permite.
No sólo nuestro espíritu es público, sino que también lo es nuestro cuerpo. Si nuestro mandante, insisto, el pueblo soberano, nos retirara su confianza o considerase que nuestra misión está cumplida, ¿qué pasaría con este edificio que nos cobija y con hasta el más humilde enser de esta universidad? ¿De quienes serían? Pues volverían a su dueño, el Estado, que es de todos los chilenos y chilenas. Nada hay aquí que materialmente sea de una sociedad inmobiliaria privada o de una agrupación particular, religiosa, empresarial o de otro tipo. Perdonen el burdo materialismo, pero en estos tiempos pareciera ser que a ratos es eso lo que nos orienta. Lo digo con orgullo, cuando deje de ser rector, me iré de mi oficina sin nada, pues hasta el sillón que ocupo es de todos los chilenos y chilenas.
Nacimos por ley particular y concreta con la más alta finalidad: contribuir a consolidar y a servir a la naciente república de Chile. Don Juan Egaña, en su proyecto Constitucional de 1811, al definir aparentemente por primera vez a Chile como república, afirma que “Los Gobiernos deben cuidar de la educación e instrucción pública, como una de las primeras condiciones del pacto social. Todos los Estados dejeneran, i perecen a proporción que se descuida la educación, i faltan las costumbres que la sostienen, i dan firmeza a los principios del cada Gobierno”. ¿Palabras añejas que no han resistido el paso del tiempo? Para nada, si queremos ser desarrollados debemos invertir en lo público.
Somos una universidad pluralista, universidad verdadera abierta a la universalidad del saber. Los pueblos que se desarrollan ven en el disenso, el cambio y la diversidad como riqueza de su comunidad, y sospechan de las unanimidades, las inmutabilidades y las uniformidades. Se trata de comunidades pluralistas. Por el contrario, las naciones avanzan al abismo de las disensiones, secesiones y guerras civiles cuando todos viven encerrados en sus propios guetos, sin que existan valores comunes, filiaciones cruzadas y puntos de encuentro. Así, las instituciones de educación pública garantizan la existencia de proyectos educativos no particularistas ni discriminatorios, en donde no sólo se tolera sino que se promueve la diversidad sociocultural: la misión de la educación pública no es aumentar la diversidad de ofertas en el mercado educacional, sino promover la diversidad al interior de cada una de las instituciones. Algunas universidades pueden optar por ser pluralistas. Nosotros no tenemos opción, debemos ser pluralistas por el bien de Chile y de su pueblo.
Somos una universidad pública que vive la cohesión social como una realidad y no como una aspiración de un país que, si quiere ser desarrollado, tiene que atacar las escandalosas desigualdades que lo dividen. Desde los albores de la república hemos establecido constitucionalmente que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Lo sabemos, se trata de la igualdad ante la ley que prohíbe que el legislador haga discriminaciones arbitrarias. Pero, que larga distancia es la que separa el dicho del hecho. El Informe de Desarrollo Humano Mundial del 2010 acaba de consignar el triste record: de las quince naciones más desiguales del mundo, una mayoría pertenece a América Latina, Chile entre ellas. No es desarrollada una sociedad en la que el ejercicio de un derecho tan fundamental como es el de la educación dependa del sexo, estirpe o condición de cada cual. Así no solo se destruye el ideal republicano de vivir en una comunidad donde todos los hombres y mujeres seamos igualmente libres, sino que además se afecta la calidad de la educación, pues los resultados académicos de una comunidad educativa segmentada son inferiores a los que se obtendrían con mayor integración social.
Tenemos una vocación nacional. Desde siempre se nos ha pedido que desarrollemos proyectos educacionales considerados de interés común, trabajando e invirtiendo en áreas del conocimiento y la cultura cuyo valor privado puede ser muy bajo, pero de gran impacto social; así como campos que aunque no satisfagan criterios de rentabilidad económica, son esenciales para el desarrollo cultural y social de una nación, como las artes, las humanidades o las ciencias sociales.
Sé que para muchas personas estas razones, que promueven lo público respecto de lo privado, resultan extrañas. Mal que mal vivimos en una economía de mercado cuyo ethos es un individuo que busca maximizar sus beneficios con el menor costo posible. Las virtudes públicas se alcanzarían tras una extraña alquimia transformadora de vicios privados, a través de la cual cada quien, buscando su propio interés, promovería sin quererlo el bien común. Detrás de este razonamiento se encuentran muchos males de este siglo, como el crack de 1929 o la crisis del 2008. La codicia y la avaricia no son amigas de la humanidad. Por lo pronto, no de los pobres y clases medias que ven que sus derechos, basados en su dignidad inalienable y mérito incuestionable, pasan a depender de sus ingresos económicos. Así el padre no puede darle la atención médica a su hijo, cuyos medicamentos la razón humana ha creado, porque carece de ingresos. Lo mismo ocurre con la madre de una hija, brillante alumna en un colegio municipal, que no puede continuar sus estudios superiores porque los ingresos familiares no alcanzan. Sin el apoyo de la sociedad, todo estará perdido para ellos y para ellas. Por eso, lo público debe primar sobre lo particular, por el bien de todos. Los ciudadanos no somos clientes y el Estado no es un supermercado de bienes y servicios que se dan al mejor postor.
SEGUIREMOS RECLAMANDO POR UN NUEVO TRATO
Cuando hablamos de Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades -y quiero recordar que S.E. el Presidente don Sebastián Piñera manifestó aquí mismo su compromiso y su respaldo a esta propuesta, señalando que ello conlleva deberes y derechos de ambas partes- no estamos reivindicando una prerrogativa o un privilegio infundado o sólo referido al hecho, obviamente determinante, de que el Estado de Chile es el propietario de estas universidades.
El nuestro no es en primera línea un argumento de propiedad, es un argumento de responsabilidad de país, de servicio a la comunidad nacional, de contribución a su desarrollo y a la profundización de las capacidades de nuestro pueblo para auto-determinarse democráticamente. Este argumento apunta a la necesidad de estructurar el sistema de educación superior del país, que hoy, por efecto de la expansión de las universidades privadas y de la carencia de mecanismos de regulación efectivos, dista de ser un sistema coherente y orgánico y tiene más las características de un conjunto de instituciones altamente heterogéneas en calidad, orientación y finalidades.
Pero al plantear la necesidad de establecer un Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades, centrado en el incremento sustantivo de los aportes basales de libre disposición y la reciprocidad de compromisos en torno a las disposiciones misionales de estas universidades, lo que estamos haciendo es sentar las bases de todo el sistema. No estamos generando un segmento aparte e inconexo o autosuficiente: estamos reclamando la responsabilidad fundamental que le cabe al Estado en la articulación del sistema fijando, en conjunto con sus universidades, criterios objetivos de desarrollo y mecanismos transparentes de rendición de cuentas, que puedan irradiar al sistema en concordancia con su diversidad y sus especificidades. Estas bases tienen una expresión financiera, obviamente. Y lo hemos planteado del modo ya dicho: un incremento sustantivo del aporte basal de libre disposición, que le permita a las universidades del Estado realizar el conjunto de sus actividades regulares sin la presión apremiante del autofinanciamiento en que se han debatido durante las últimas décadas, sin tener que sobrecargar a sus estudiantes y sus familias para subvencionar los costos de esas actividades, con el agravante de inequidad que esto tiende a provocar, y permitiendo mantener a su cuerpo académico y a su personal de colaboración con remuneraciones dignas.
De ningún modo estamos de acuerdo con que el financiamiento de la educación superior en Chile se implemente a través de convenios de desempeño. No somos contrarios a este instrumento, que nos parece valioso en cuanto permite establecer acuerdos entre las políticas que el Estado busque impulsar en educación superior en función de su fortalecimiento, rendimiento y externalidades positivas y las orientaciones misionales que las universidades autónomamente han definido como horizonte de su labor. Pero entendemos que este instrumento solo puede y debe tener aplicaciones selectivas, dirigidas al fomento de desarrollos específicos que encarnen esos acuerdos entre el Estado y las instituciones de educación superior.
No puede dejar de preocuparnos, por consiguiente, las señas emanadas del Ministerio de Educación en el sentido de plantear este instrumento como mecanismo general de financiamiento, en un contexto en que todas las universidades serían tratadas indistintamente como iguales. Una política de esa naturaleza significa el fin de las universidades del Estado y la generalización del sistema privado ya sin ninguna reserva, y si ese es el propósito sería no sólo deseable, sino exigible que se lo diga expresamente.
No es de ningún modo sostenible una situación como la actual (y que, por supuesto, se viene desarrollando desde hace años), en que el Estado mantiene a sus universidades y al mismo tiempo las grava con limitaciones de acción de diversa índole y les entrega recursos cada vez más exiguos, a la vez que favorece por medio de diversos mecanismos, medidas y omisiones la expansión de un sistema privado carente de regulaciones eficaces. Reclamamos para que todos los recursos públicos que se entragan en educación superior sean fiscalizados por la Contraloría General de la República, como sucede hoy sólo con las universidades estatales.
Por eso nos parece fundamental abrir un debate sobre las formas de financiamiento de la educación superior, a qué instituciones y con qué condiciones y limitaciones deben y alternativamente pueden serle asignados recursos fiscales, cuáles son los mecanismos apropiados para ello y cómo corresponde que sean diversificados según los destinatarios y los compromisos que vayan asociados a ellos; un debate sobre los esquemas de regulación que deben ser establecidos, cómo deben contemplar la diversidad de instituciones del sistema y cómo deben implantar en todo caso una suficiente transparencia informativa sobre las características, calidades y capacidades objetivables de esas instituciones, unido esto a las formas de fiscalización pública de sus respectivos desempeños, de lo cual, hoy en día, carecemos dramáticamente.
Por eso, también, sostenemos que la premisa para ese debate es el establecimiento de una relación adecuada entre el Estado y sus instituciones de educación superior; esto da una orientación clara para la subsiguiente formulación de un contexto normativo que involucre a todo el aparato educacional. Chile necesita con urgencia un sistema universitario más coherente, y nosotros entendemos que es un deber primario nuestro contribuir a su gestación, así como exigir que las políticas públicas que lo rijan sean objeto de debate y acuerdo entre todos los actores relevantes y de cara al país.
En este sentido, reclamamos contra las señales, las miradas y los relatos privatizadores que surgen de las propuestas y medidas del Ministro de Educación. Reclamamos por la ampliación del fondo concursable Mecesup a universidades privadas nuevas, muchas de las cuales se compran y se venden en el mercado, precisamente sin que se haya producido ningún tipo de debate al respecto. Es inentendible que se pretenda -so pretexto de la eficiencia y la competencia- que el Estado subsidie a universidades privadas que, en los hechos, tienen fines de lucro, al tiempo que descuida a sus universidades estatales; es como si el Estado decidiera -con esos mismos pretextos- subsidiar a las clínicas de salud privada y descuidar a los hospitales públicos, o a las empresas mineras privadas, descuidando a Codelco, o a las empresas privadas de seguridad, descuidando a Carabineros. Si en salud, minería y seguridad ciudadana estas situaciones serian rechazadas por absurdas, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Educación esté pensando hacer esto en educación superior?
Especialmente preocupante es que a través de medidas específicas -en este caso, un instrumento de financiamiento- se esté imponiendo unilateralmente una política pública de alto impacto sobre todo el sistema universitario. Medidas como esta van dirigidas a la indiscriminación entre las instituciones de educación superior, como si no hubiese diferencias, en muchos casos sustantivas, de calidad, de complejidad, de sentido, de misión, de objetivos, de rendimiento y de logro entre ellas. Esa indiscriminación sanciona la privatización de la educación superior, que no solo tiene que ver con la condición de propiedad bajo la cual operen las instituciones, sino (y esto es lo decisivo) con la subordinación de la educación a los mecanismos e intereses del mercado. La privatización es la mercantilización de la educación superior, que abarca desde el lucro que los propietarios privados hacen con sus instituciones -algo no permitido por la legislación- hasta la formación de capacidades especializadas que permitan potenciar la dinámica mercantil. Un acompañante inseparable de este proceso es, por cierto, la consolidación de las desigualdades flagrantes e indignantes que exhibe nuestro país, y que cubren todos los ámbitos: la capacidad económica, el estatus social, el acceso a los bienes culturales, el acceso a las esferas del poder.
Nosotros no podemos estar de acuerdo con la idea de que el papel orgánico que le cabe a la educación en el desarrollo del país sea simplemente la preparación de “capital humano” diversamente calificado para las necesidades y demandas del sistema laboral en el contexto de la economía de mercado. No podemos congeniar con la idea de una educación que, en una proporción muy estrecha de establecimientos y de destinatarios, se orienta a formar las élites dirigentes del país, asegurando que sean enteramente congruentes con los sectores altamente favorecidos por la distribución desigual del ingreso y de las oportunidades, y vinculados a una amplia gama de poderes, formales, institucionales y fácticos, con lo cual, obviamente, se perpetúa un esquema de privilegios económicos, políticos y sociales que hace de Chile uno de los países con mayor desigualdad en toda América Latina.
Nosotros creemos que la educación tiene una misión más alta. Que si ciertamente es tarea de las universidades formar personas con alta capacidad profesional que contribuyan de manera experta e innovadora a las necesidades y al bienestar de la población, así como al desarrollo general “social, económico, cultural” del país, ello no debe ocurrir sin el fomento de una conciencia lúcida respecto de esas mismas necesidades, de ese bienestar y de ese desarrollo. Creemos que es tarea de la universidad preparar personas con vocación crítica y voluntad de transformación, y, para decirlo de una vez, con un alto sentido político, de responsabilidad y compromiso social, y con la convicción de que no es posible un desarrollo estable y favorable para todos sin una profundización de la democracia, que es vocación preferente de la educación pública, en cuanto esta favorece la participación, el pluralismo, el diálogo, el acuerdo razonado, la no discriminación y la primacía del interés común por sobre cualquier interés particular o corporativo. Esto supone un ambiente de formación que no es cualquiera.
Cuando se habla de la producción de bienes públicos como criterio para diferenciar entre instituciones de educación superior (entendiendo por tales bienes en la mayoría de los casos externalidades), se deja de lado el punto central: que no se producen bienes públicos en el sentido pleno de la palabra y del concepto si no hay un ambiente público en que se los produzca. Quienes participan en ese ambiente se reconocen como miembros de una comunidad y no como meros empleados y clientes, se saben convocados por un interés común no simplemente por los intereses particulares de individuos y grupos, y tienen, en fin, la capacidad de auto-determinarse a partir de los principios que animan ese interés común. No viven la universidad como una continuación del mundo privado, sino como lugar de apertura a la sociedad, cuyas necesidades y demandas los interpelan.
Entonces, no es indiferente para el país la existencia de universidades que respondan a los intereses comunes de la nación por sobre cualquier tipo de interés corporativo o ideológico; no es indiferente la existencia de universidades que tienen como tarea no sólo la generación, transmisión y aplicación de conocimiento, sino también la construcción y ampliación permanente de un espacio libre de interrogación, de indagación, de crítica y debate como espacio propicio para esa generación, transmisión y aplicación. El conocimiento requiere de esa libertad como su principio inalienable, y al mismo tiempo requiere encarnarse en prácticas de personas que se hacen responsables de esa libertad y la fomentan en sus respectivos ámbitos de acción. Este es el sentido de nuestra defensa de la educación pública: lo que defendemos no son prerrogativas ni ventajas particulares, sino esa libertad y su espacio, y el derecho que tiene cualquier hija o hijo de esta tierra a aspirar y a acceder a la mejor educación que pueda recibir, y que en virtud de esa educación pueda proyectarse a mejores horizontes de vida personal y común. Y esto es intransable pues tiene que ver con el tipo de país futuro que queremos para nuestros hijos e hijas.
Por eso impulsamos hoy, como esfuerzo prioritario de la Universidad de Chile, el tema de la educación en todos sus niveles. Porque es el tema estratégico nacional de mayor relevancia en el presente, y esta significación solo irá acrecentándose en el futuro.
Como señalé al asumir la rectoría, hace 5 meses, y lo he reiterado hoy, nos hemos comprometido a seguir impulsando las transformaciones en nuestra propia estructura de enseñanza, a generar las innovaciones que esta requiere, a resguardar y acrecentar el ingreso de estudiantes con sentido concreto y efectivo de equidad, todo ello en el marco de algo que tenemos pendiente y que no puede esperar más tiempo: formulación e implementación de un proyecto educativo que reafirme el sentido de lo público, que responda creadoramente a las exigencias de calidad y satisfaga progresivamente las condiciones de equidad, que fomente el desarrollo humano y el potencial innovador de nuestra juventud.
Nos mueve el doble propósito de incrementar el impacto de la educación pública y de responder a la capacidad que esta debe tener para estimular la movilidad social en el país. Es lo que hemos dicho: el compromiso de la Universidad de Chile no se restringe al cultivo disciplinario ni a la formación de profesionales altamente competentes, no se limita a esforzarnos por elevar día a día la calidad de nuestras actividades y de sus productos, insertándonos en el segmento de excelencia universitaria en el concierto internacional.
Entendemos que estas son exigencias fundamentales que se desprenden de nuestra condición de universidad, y buscamos proyectar un modelo de cultivo incondicionado y creador del saber, y articularlo con el aseguramiento de la pertinencia del conocimiento y sus aplicaciones en vista de las necesidades nacionales. Pero al mismo tiempo entendemos que tenemos que satisfacer en plenitud esas exigencias para cumplir con nuestro compromiso primordial, que es el compromiso con el país y con su pueblo, con su desarrollo en todos los ámbitos, y muy especialmente con el desarrollo humano integral y con la ampliación de los espacios de libertad, de participación y de construcción del bien común.
Eso está en la esencia de la misión de una universidad del Estado, y especialmente de una universidad estatal y nacional que lleva el nombre de Universidad de Chile.
DEBEMOS ESTAR SIEMPRE ALERTAS
El pasado 23 de junio y en este mismo Salón de Honor, S.E. el Presidente de la República y Patrono de la Universidad de Chile, don Sebastián Piñera Echenique nos recordaba que la Universidad debía ser la conciencia crítica de la Nación.
Nada podría interpretar mejor nuestra misión fundacional y nuestra historia. Para preservarnos en ello, como Universidad pública debemos estar siempre alertas. Tenemos el deber moral de denunciar cuando avizoremos las miserias que se enmascaran detrás de estos espejismos -el éxito económico, el consumismo, el individualismo, el egoísmo – que, de tanto en tanto, adormecen nuestras conciencias y colonizan nuestros espíritus. Traducido al día de hoy, ello significa que debemos estar alertas y emprender con urgencia acciones cuando tantas niñas y tantos niños de Chile no alcanzan una educación de calidad, condenándolos a una vida de incertidumbres económicas y frustración social.
Leo al Profesor Mark Edmunson, de la Universidad de Virginia, quién para mirar críticamente la sociedad -adormecida y satisfecha- de los Estados Unidos del 2010, curiosamente no recurre a intelectuales o científicos de hoy, sino a la lucidez del poeta inglés William Blake, quién hace 200 años atrás describía en su famoso poema London las penurias horribles que debían padecer los niños de la sociedad victoriana, grandilocuente y satisfecha sociedad imperial de entonces, a quienes sus padres enviaban a limpiar chimeneas, antes de verlos morir de hambre.
Edmunson cree que el poema podría llamarse como cualquier ciudad moderna de hoy y el veredicto de Blake tendría la misma actualidad. El poema nos revela a nosotros mismos. “Londres” habla de un poeta-profeta vagando por la ciudad imperial, glamorosa y poderosa pero teñida por la miseria humana que está en todas partes alrededor de él:”… me marca en cada rostro que encuentro / marcas de debilidad, las marcas de dolor.” La gente que ve Blake es miserable, en gran parte porque sus espíritus se han hecho miserables por una cosmovisión reduccionista y limitada por formas opresivas, prisionera del miedo, del individualismo egoísta, obsesionada por la seguridad de su exitismo privado, egoístas. Son las víctimas de la abulia intelectual y el nihilismo moral.
En su profecía poética Blake sugiere que si se quiere entender el estado moral de un país, es mejor verificar primero y ver cómo se trata a sus niños, que son sus hijos. ¿Se los trata con bondad o se les explota? ¿Se les acoge en una sociedad marcada por la codicia y el miedo individualista, o coloreada por los valores del amor al otro y la vitalidad de la tolerancia por lo diverso?
Un gran número de niños en las sociedades más modernas del planeta no tienen suficiente para alimentarse bien. No digo comer. Digo alimentarse bien. Tal vez no se mueren de hambre, pero tienen hambre. La comida que reciben es muchas veces “comida chatarra”, que tarde o temprano los intoxica y los enferma. Viven en casas horribles y en barrios peores. Asisten a malas escuelas, donde hay pocos libros o ningún libro, y donde los profesores están sobrecargados de trabajo y abrumados por exigencias que no pueden cumplir. Muchos niños de nuestros países están tan atrapados en sus propias vidas, bajo la mirada complaciente de una sociedad colonizada culturalmente, como los niños deshollinadores pobres quedaron atrapados en el Londres victoriano 200 años antes. Blake creía que el individualismo era puro miedo al futuro. El individuo vive sin amor, se aísla aferrado patológicamente a la seguridad. El miedo al futuro hace que la conciencia se adormezca y que la sociedad se acostumbre a vivir con los horrores de la miseria, del maltrato, del abandono, de la ignorancia y la intolerancia.
He sostenido una y otra vez que no es moralmente aceptable que miles de niñas y niños de Chile sean maltratados por nuestra sociedad con la educación que les entregamos.
Seguiremos reclamando, fundadamente y con toda la energía que sea necesaria, por nuestros derechos, como chilenos y chilenas, a tener y preservar una educación pública de calidad y equitativa para todos y para todas, especialmente para los niños y niñas pobres de nuestro país.
Si reclamamos por nuestros derechos, es porque queremos cumplir con nuestros deberes. Y sólo cumpliendo con ellos Chile podrá ser desarrollado.
Feliz Aniversario Universidad de Chile!
Viva la Universidad de Chile, Viva la Universidad de Chile Libre!
Viva Chile!
Muchas gracias
Rector
Víctor Pérez Vera
