Más de 30 dirigentes de organizaciones asistieron a la Fundación Heinrich Böll para participar de la mesa de debate convocada por la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, Acción.
Para animar el debate se conformó un panel bastante variado que contó con la participación de la academia, de las municipalidades y de la experiencia de las organizaciones que trabajan directamente en terreno, para así analizar el lento proceso de reconstrucción y la tardía respuesta del Gobierno ante las demandas de los distintos sectores afectados por el terremoto, que tal como dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Pérez, alcanza a un 23 % de avance.
Los datos duros los puso el economista Hugo Fazio, quien presentó el informe “Gasto Público y Reconstrucción”. En su presentación deja claro que Chile tiene y siempre tuvo los fondos para realizar una reconstrucción mucho más ágil, pero se han creado limitantes que dificultan el aumento del gasto fiscal.
“Chile tiene dos mecanismos que limitan el gasto público: Uno que viene de los ´90, que es la ley de responsabilidad fiscal, que hace que los ingresos cíclicos como el crecimiento económico y el precio del cobre, si pasan un determinado nivel no se pueden usar ni para transformar el país en alguna dirección, ni para atender problemas sociales como la reconstrucción. El otro es uno que estableció este Gobierno, que es una irracionalidad por todos lados, donde el gasto público en ningún caso puede ser más que el crecimiento del producto interno bruto”, explicó Fazio.
El economista planteó que la alta cotización del cobre en el mercado internacional, que otorgará a las arcas fiscales unos 50 mil millones de dólares en cuatro años si se mantiene el valor del metal rojo y los más de 13 mil millones de dólares ahorrados en el fondo de estabilización económico y social, son al menos suficientes para financiar la reconstrucción proyectada a cuatro años por el gobierno.
Hasta el momento se han entregado 158 mil subsidios, es decir el 71,8% de lo comprometido, pero lo engañoso es que el 95% de los beneficios entregados corresponden sólo a reparación y no a viviendas definitivas que necesitan los más afectados por el terremoto y maremoto.
Otros de los integrantes del panel que animó el debate fue el académico Claudio Pulgar, director del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, quien manifestó que el gobierno perdió una oportunidad de haberse instalado como el gran facilitador de un proceso participativo y deja claro que no ha habido voluntad para realizar cambios en las políticas de vivienda.
“Se ha perdido tiempo muy valioso de haber generado nuevos instrumentos y políticas. Se ha planteado la posibilidad de generar una nueva institucionalidad, una agencia de reconstrucción, cosa que no se ha hecho. El caso de Dichato es emblemático. La posibilidad de reconstruir un pequeño poblado con procesos reales de participación se ha desperdiciado y eso ha provocado un conflicto social no sólo ahí sino que en muchas de las localidades afectadas”, comentó el académico.
También se puso sobre la mesa el controversial tema del financiamiento y la utilización de fondos regulares de los programas de subsidio a la vivienda para la reconstrucción.
Según las cifras del ministerio, en 2009 había disponibles para subsidios 60 mil millones de UF para todo el país. Este año sólo hay 55 mil millones de UF de los cuales 33 mil 500 son para reconstrucción y 21 mil 500 son para los programas regulares.
Esto implica que en el caso de la Región Metropolitana hay 6 mil subsidios disponibles para los programas regulares, cuando la demanda es de 30 mil y a nivel nacional hay 87 mil disponibles y la demanda es de más de 150 mil subsidios de vivienda.
“En definitiva la reconstrucción se está financiando con cargo a estos programas regulares afectando a los vecinos que están de allegados. En esa lógica lo que hemos planteado es que se está generando una pugna invisible entre los damnificados y los allegados que a nuestro parecer es inmoral”, afirmó David Morales, alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Para los panelistas, faltaron normas que flexibilizara la postulación a los subsidios, la implementación de normas especiales de financiamiento, y tampoco se creó una institucionalidad especial para afrontar el conflicto, como la creación de una agencia de reconstrucción, y que ahora se está intentando suplir a través de la designación de un delegado presidencial.
Se rumorea que este delegado sea el ex ministro Felipe Kast, pero poco importará quién ocupe el cargo si este no tiene amplias atribuciones y capacidad tomar las decisiones que urgen para acelerar el proceso de reconstrucción.
Más de 30 dirigentes de organizaciones asistieron a la Fundación Heinrich Böll para participar de la mesa de debate convocada por la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, Acción.
Para animar el debate se conformó un panel bastante variado que contó con la participación de la academia, de las municipalidades y de la experiencia de las organizaciones que trabajan directamente en terreno, para así analizar el lento proceso de reconstrucción y la tardía respuesta del Gobierno ante las demandas de los distintos sectores afectados por el terremoto, que tal como dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Pérez, alcanza a un 23 % de avance.
Los datos duros los puso el economista Hugo Fazio, quien presentó el informe “Gasto Público y Reconstrucción”. En su presentación deja claro que Chile tiene y siempre tuvo los fondos para realizar una reconstrucción mucho más ágil, pero se han creado limitantes que dificultan el aumento del gasto fiscal.
“Chile tiene dos mecanismos que limitan el gasto público: Uno que viene de los ´90, que es la ley de responsabilidad fiscal, que hace que los ingresos cíclicos como el crecimiento económico y el precio del cobre, si pasan un determinado nivel no se pueden usar ni para transformar el país en alguna dirección, ni para atender problemas sociales como la reconstrucción. El otro es uno que estableció este Gobierno, que es una irracionalidad por todos lados, donde el gasto público en ningún caso puede ser más que el crecimiento del producto interno bruto”, explicó Fazio.
El economista planteó que la alta cotización del cobre en el mercado internacional, que otorgará a las arcas fiscales unos 50 mil millones de dólares en cuatro años si se mantiene el valor del metal rojo y los más de 13 mil millones de dólares ahorrados en el fondo de estabilización económico y social, son al menos suficientes para financiar la reconstrucción proyectada a cuatro años por el gobierno.
Hasta el momento se han entregado 158 mil subsidios, es decir el 71,8% de lo comprometido, pero lo engañoso es que el 95% de los beneficios entregados corresponden sólo a reparación y no a viviendas definitivas que necesitan los más afectados por el terremoto y maremoto.
Otros de los integrantes del panel que animó el debate fue el académico Claudio Pulgar, director del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, quien manifestó que el gobierno perdió una oportunidad de haberse instalado como el gran facilitador de un proceso participativo y deja claro que no ha habido voluntad para realizar cambios en las políticas de vivienda.
“Se ha perdido tiempo muy valioso de haber generado nuevos instrumentos y políticas. Se ha planteado la posibilidad de generar una nueva institucionalidad, una agencia de reconstrucción, cosa que no se ha hecho. El caso de Dichato es emblemático. La posibilidad de reconstruir un pequeño poblado con procesos reales de participación se ha desperdiciado y eso ha provocado un conflicto social no sólo ahí sino que en muchas de las localidades afectadas”, comentó el académico.
También se puso sobre la mesa el controversial tema del financiamiento y la utilización de fondos regulares de los programas de subsidio a la vivienda para la reconstrucción.
Según las cifras del ministerio, en 2009 había disponibles para subsidios 60 mil millones de UF para todo el país. Este año sólo hay 55 mil millones de UF de los cuales 33 mil 500 son para reconstrucción y 21 mil 500 son para los programas regulares.
Esto implica que en el caso de la Región Metropolitana hay 6 mil subsidios disponibles para los programas regulares, cuando la demanda es de 30 mil y a nivel nacional hay 87 mil disponibles y la demanda es de más de 150 mil subsidios de vivienda.
“En definitiva la reconstrucción se está financiando con cargo a estos programas regulares afectando a los vecinos que están de allegados. En esa lógica lo que hemos planteado es que se está generando una pugna invisible entre los damnificados y los allegados que a nuestro parecer es inmoral”, afirmó David Morales, alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Para los panelistas, faltaron normas que flexibilizara la postulación a los subsidios, la implementación de normas especiales de financiamiento, y tampoco se creó una institucionalidad especial para afrontar el conflicto, como la creación de una agencia de reconstrucción, y que ahora se está intentando suplir a través de la designación de un delegado presidencial.
Se rumorea que este delegado sea el ex ministro Felipe Kast, pero poco importará quién ocupe el cargo si este no tiene amplias atribuciones y capacidad tomar las decisiones que urgen para acelerar el proceso de reconstrucción.
Más de 30 dirigentes de organizaciones asistieron a la Fundación Heinrich Böll para participar de la mesa de debate convocada por la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, Acción.
Para animar el debate se conformó un panel bastante variado que contó con la participación de la academia, de las municipalidades y de la experiencia de las organizaciones que trabajan directamente en terreno, para así analizar el lento proceso de reconstrucción y la tardía respuesta del Gobierno ante las demandas de los distintos sectores afectados por el terremoto, que tal como dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Pérez, alcanza a un 23 % de avance.
Los datos duros los puso el economista Hugo Fazio, quien presentó el informe “Gasto Público y Reconstrucción”. En su presentación deja claro que Chile tiene y siempre tuvo los fondos para realizar una reconstrucción mucho más ágil, pero se han creado limitantes que dificultan el aumento del gasto fiscal.
“Chile tiene dos mecanismos que limitan el gasto público: Uno que viene de los ´90, que es la ley de responsabilidad fiscal, que hace que los ingresos cíclicos como el crecimiento económico y el precio del cobre, si pasan un determinado nivel no se pueden usar ni para transformar el país en alguna dirección, ni para atender problemas sociales como la reconstrucción. El otro es uno que estableció este Gobierno, que es una irracionalidad por todos lados, donde el gasto público en ningún caso puede ser más que el crecimiento del producto interno bruto”, explicó Fazio.
El economista planteó que la alta cotización del cobre en el mercado internacional, que otorgará a las arcas fiscales unos 50 mil millones de dólares en cuatro años si se mantiene el valor del metal rojo y los más de 13 mil millones de dólares ahorrados en el fondo de estabilización económico y social, son al menos suficientes para financiar la reconstrucción proyectada a cuatro años por el gobierno.
Hasta el momento se han entregado 158 mil subsidios, es decir el 71,8% de lo comprometido, pero lo engañoso es que el 95% de los beneficios entregados corresponden sólo a reparación y no a viviendas definitivas que necesitan los más afectados por el terremoto y maremoto.
Otros de los integrantes del panel que animó el debate fue el académico Claudio Pulgar, director del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, quien manifestó que el gobierno perdió una oportunidad de haberse instalado como el gran facilitador de un proceso participativo y deja claro que no ha habido voluntad para realizar cambios en las políticas de vivienda.
“Se ha perdido tiempo muy valioso de haber generado nuevos instrumentos y políticas. Se ha planteado la posibilidad de generar una nueva institucionalidad, una agencia de reconstrucción, cosa que no se ha hecho. El caso de Dichato es emblemático. La posibilidad de reconstruir un pequeño poblado con procesos reales de participación se ha desperdiciado y eso ha provocado un conflicto social no sólo ahí sino que en muchas de las localidades afectadas”, comentó el académico.
También se puso sobre la mesa el controversial tema del financiamiento y la utilización de fondos regulares de los programas de subsidio a la vivienda para la reconstrucción.
Según las cifras del ministerio, en 2009 había disponibles para subsidios 60 mil millones de UF para todo el país. Este año sólo hay 55 mil millones de UF de los cuales 33 mil 500 son para reconstrucción y 21 mil 500 son para los programas regulares.
Esto implica que en el caso de la Región Metropolitana hay 6 mil subsidios disponibles para los programas regulares, cuando la demanda es de 30 mil y a nivel nacional hay 87 mil disponibles y la demanda es de más de 150 mil subsidios de vivienda.
“En definitiva la reconstrucción se está financiando con cargo a estos programas regulares afectando a los vecinos que están de allegados. En esa lógica lo que hemos planteado es que se está generando una pugna invisible entre los damnificados y los allegados que a nuestro parecer es inmoral”, afirmó David Morales, alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Para los panelistas, faltaron normas que flexibilizara la postulación a los subsidios, la implementación de normas especiales de financiamiento, y tampoco se creó una institucionalidad especial para afrontar el conflicto, como la creación de una agencia de reconstrucción, y que ahora se está intentando suplir a través de la designación de un delegado presidencial.
Se rumorea que este delegado sea el ex ministro Felipe Kast, pero poco importará quién ocupe el cargo si este no tiene amplias atribuciones y capacidad tomar las decisiones que urgen para acelerar el proceso de reconstrucción.
