Winfried Hempel trabaja desde enero en el estudio jurídico del abogado Fernando Uribe-Etxeverría reuniendo el material necesario para presentar a fines de este año la demanda contra los Estados chileno y alemán por omisión y negligencia frente a una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos en la ex Colonia Dignidad.

El ex colono vivió hasta los 21 años todas las torturas y humillaciones a las que fueron sometidos los habitantes de la actual Villa Baviera. Ahora es abogado y representa a 119 afectados que actualmente residen en Alemania, otros en Chile y a una mayoría que continúa en la ex Colonia Dignidad por no tener los recursos ni la juventud para comenzar una nueva vida fuera de los muros que escondieron por mucho tiempo las vejaciones.

Hempel explicó que durante una primera etapa se dedicaron a buscar la verdad, luego pasaron a otra en la que era muy importante hacer justicia, pero ya es tiempo de reparar, al menos en parte, el daño que se hizo a quienes habitaron el lugar.

El abogado penalista Fernando Uribe-Etxeverría comentó que han sido seis meses de arduo trabajo en que han reunido los testimonios de los demandantes, archivos de prensa y muchísimo material documental que avala la acción civil que busca la reparación para los afectados.

“Hasta el momento hemos revisado unos 12 mil documentos y vamos en la tercera parte del trabajo, pero ya con eso podemos decir que los textos aprietan un poco el corazón y a uno le marca la conciencia de haber estado a unos kilómetros de lo que estaba pasando y creyéndose el cuento”, afirmó el jurista.

A pesar de no ser una práctica común ya desde hace mucho tiempo en nuestro país, para Uribe claramente hubo esclavitud en este caso y lo grave, a su juicio, es que los Estados chileno y alemán sabían desde hace mucho tiempo sobre esta situación.

El enclave alemán fue destapado y de conocimiento público desde 1997, en gran parte gracias a las gestiones del abogado Hernán Fernández. Sin embargo, hay antecedentes que corroboran que en Alemania se sabía del caso desde 1961. Documentación emanada de la embajada en Chile, del parlamento alemán y de la fiscalía, aseguran que hubo conocimiento de lo que sucedía en nuestro país. Incluso había una orden de detención contra Paul Schaefer por casos de pedofilia previos al 61’, pero esta información nunca llegó o se ocultó en Chile. Sólo en dos semanas más estará en manos de los abogados la orden y formará parte de los antecedentes de la causa.

Winfried Hempel trabajó desde los siete años, de lunes a lunes, y sabe del trato que la cúpula del enclave alemán daba a sus subalternos, sobre todo de las torturas que sufrieron los que quisieron salir y lo que no hicieron los Estados chileno y alemán, por eso decidió asumir la demanda.
“Hemos recabado casi dos piezas llenas de documentación y es abundante para acreditar el conocimiento, tanto del Estado chileno como el del Alemán, de todos y cada uno de los delitos que se cometían dentro de la Colonia, como también en gran parte su participación y obviamente la omisión y negligencia”, dijo Hempel.

El ex colono explica que hubo tres anillos de protección en torno a Colonia Dignidad, el primero compuesto por Schaefer y sus agentes, el que ha sido conocido y desarticulado poco a poco, pero denuncia la existencia de una estructura en Chile que defendió los intereses de los alemanes, donde estarían involucrados militares y políticos.

“No se ha investigado el segundo anillo compuesto por policías y militares que, atraparon colonos y los pusieron a disposición de Schaefer durante los años ´60, ´70, ´80 y ´90. Hay personas que hemos identificado con nombre y apellido, políticos de quienes no vamos a dar nombres, pero creemos que cuando lo hagamos se va a alterar la topografía de la política nacional”, sentenció el jurista.

También hubo un tercer anillo, que desde la embajada y de organismos de seguridad germanos trabajaron de la mano con los líderes de la ex Colonia en Chile para ocultar todo, lo que justifica la demanda contra el estado alemán.

Si bien se espera que la Corte Suprema sentencie y condene a la jerarquía de la ex colonia por asociación ilícita, cree que es tiempo de una justa reparación, por lo que solicita el pago de un monto no inferior a un millón de euros por cada demandante.