Tal como ha ocurrido durante toda la tramitación del proyecto, gremios del sector público y privado manifestaron su rechazo a la actual iniciativa de ampliación al postnatal a seis meses que incluye la indicación consensuada recientemente entre gobierno y oposición y que ingresará próximamente al Congreso.

El acuerdo entre parlamentarios de la Concertación y el Ejecutivo permitió ampliar el tope del beneficio de 30 a 54 unidades de fomento brutas, es decir, aproximadamente un millón de pesos líquido mensual, lo que según el gobierno incluye al 92 por ciento de las madres trabajadoras del país.

Además, se mantiene la propuesta gubernamental de introducir un mecanismo de flexibilidad que posibilite a las madres incrementar sus ingresos, a través de jornadas de trabajo parciales, incluye a las temporeras que no estén trabajando al momento de convertirse en madres, extiende el posnatal a quienes tengan hijos prematuros o embarazos múltiples y otorga un período de fuero doble a los padres que deseen acogerse al beneficio.

Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam)  planteó su malestar a los parlamentarios que lograron el acuerdo con el Gobierno.

“Nos sentimos nuevamente frustrados y traicionados por legisladores de la Concertación. Eso explica claramente los niveles de desaprobación que tienen los partidos políticos, tanto el Gobierno como la Alianza. Por eso, insistimos que más allá de las U.F, el Gobierno debe cumplir su compromiso de campaña implementando un posnatal de seis meses para todas las mujeres. Eso no sólo es una gran inversión social para el desarrollo equitativo de Chile, sino que también hoy decimos con mucha claridad que el país tiene los recursos suficientes para implementarlo”, sentenció la dirigente.

Por su parte Claudio González, presidente de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud de Chile  (Fenpruss) criticó que haya sido un acuerdo tomado de espaldas a los trabajadores y que en su gran mayoría perjudicará a funcionarias de la administración pública, puesto que discriminará a enfermeras y matronas que hacen turnos o que trabajan en zonas extremas.

El dirigente gremial aseguró que agotarán todos los recursos posibles para que no se termine con un derecho adquirido por las madres trabajadoras.

“Se van a votar todos los recursos: sindicales, comunicacionales y legales. Vamos a estar presentes en la discusión en el Parlamento, estaremos en las tribunas, haciendo presión en los territorios con los diputados. En materia legal, ojalá no se produzca, pero si el proyecto se aprueba en las condiciones que está, obviamente que vamos a concurrir al Tribunal Constitucional por el tema de la igualdad ante la ley y si falla en contra, acudiremos a las cortes internacionales, entendiendo que se deben respetar las garantías de todas las personas”, sostuvo González.

Este martes, diversos parlamentarios dieron su apoyo a la iniciativa, tales como el diputado socialista Juan Luis Castro, quien planteó que las diferencias son legítimas, pero que el proyecto actualmente es mucho mejor que como llegó al Senado, ampliando la cobertura, catalogándolo como derecho irrenunciable, que el beneficio parental quede al cargo del sueldo del padre y considerando a temporeras, trabajadoras a plazo fijo y honorarios.

En la misma línea,  el senador DC Mariano Ruiz Esquide, señaló que “queremos hacer este esfuerzo para volver a llamar a los colegas del Senado, respaldando lo que se ha hecho en la Cámara para que esto también se apruebe en el Senado”.

La fórmula consensuada en torno al posnatal deberá discutirse ahora en la Cámara y posteriormente en el Senado, donde ya tiene detractores como el socialista Fulvio Rossi, la DC Ximena Rincón y el PPD Jaime Quintana, quienes apostarían por rechazar en sala el tope y forzar una nueva comisión mixta.

El Gobierno, en tanto,  espera aprobar este proyecto en la Cámara Baja en septiembre y que sea despachado del Senado en octubre o noviembre.