Ha transcurrido un año desde que se levantaron cargos y se detuvo con gran impacto mediático a catorce personas en el bullado “caso bombas”. Los imputados fueron acusados por asociación ilícita terrorista y de ser supuestamente responsables de la colocación de artefactos explosivos durante 5 años.

Ha sido la preparación más larga y con mayor número de pruebas presentadas desde que instauró el nuevo sistema penal hace diez años, y el proceso ha demostrado, al cabo del tiempo, que los ocho meses que tuvieron que soportar reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Santiago no estaban justificados.

Sin embargo, el Ministerio Público está empecinado y utiliza resquicios legales  para anular el proceso de preparación del juicio oral, instancia en que de las 7 mil evidencias presentadas, más del 70 por ciento fueron desestimadas. El Ministerio Público incluso solicitó sanciones y medidas disciplinarias contra el juez que rechazó miles de pruebas.

Esto es lo que preocupa a los familiares y sobre lo que trabaja la defensa de los imputados, así lo indica Alejandra Morales, hermana de Pablo Morales, acusado como el líder de la supuesta asociación ilícita terrorista.

“Ya han pasado dos meses en que se les cambiaron las medidas cautelares y que se cerró la preparación al juicio oral y todavía no tenemos fecha para el juicio, y si es que se vuelve a hacer una nueva preparación a juicio oral todo lo que ya sucedió se anula y se parte desde cero”, indicó la hermana del imputado.

Si bien se podría considerar discriminatoria la actitud del Estado chileno con los jóvenes señalados como responsables de la explosión de bombas en Santiago, lo que no se detuvo a pesar de estar recluidos, han tenido el respaldo de diversos sectores de la sociedad civil y el Parlamento, entre ellos de Monseñor Alfonso Baeza, quien señaló que este ha sido un caso más en que no se han respetado los derechos de las personas.

“Para mi resulta inaceptable y desde el punto de vista de lo que uno lucha por respeto a la persona, sea quien sea, del color que tenga o de la etnia que provenga. No podemos permanecer indiferentes”, señaló el ex vicario de la Pastoral Social.

Todo apunta a que la Operación Salamandra sería un montaje de carácter mediático, gestado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y ejecutado por el ex fiscal de la zona sur, Alejandro Peña, quien es actualmente integrante del equipo técnico del ministerio.

Mauricio Daza, uno de los abogados defensores, planteó que “el Ministerio Público no ha logrado entender que el problema no son los tribunales, sino la acusación, una imputación infundada levantada de manera liviana con un fin político, vulnerando las garantías del debido proceso sobre todo la separación entre el poder político de turno y el Ministerio Público, a cargo de decidir cuándo, a quién y cómo se persigue criminalmente en el país”, señaló el abogado.

Daza señaló que sería negativo que se acogiera algún recurso presentado por el Ministerio Público, pero en caso de tener que repetir el proceso de preparación del juicio oral, probablemente tendrán resultado similar.

Opinión que comparte Rodrigo Román, también abogado defensor, quien expresó que en este caso no hay otro camino posible más que la absolución.

“Esto es un montaje de muy mala categoría, que ha quedado al descubierto y que está muy lejos de una asociación ilícita terrorista. Se puede anular la preparación del juicio, creo que aunque se haga mil veces una audiencia de preparación no va a variar en nada el tema porque si hay juicio oral el único camino posible es una sentencia absolutoria”, dijo el abogado.

En horas de esta tarde se realiza la audiencia que, como indica el abogado Román, probablemente dejará sin arresto domiciliario nocturno a Pablo Morales y a Francisco Solar, los que quedarían sólo con medidas cautelares mínimas al igual que el resto de los acusados.

Luego de defender la preparación del juicio, sólo faltará conocer la fecha de inicio del proceso en su etapa oral que esperan tenga resultados favorables, o sea la libertad plena y sin medidas cautelares de los catorce imputados del “caso bombas”, luego vendrá el momento de analizar demandas de reparación para los afectados y juicios contra los responsables.