Hasta ahora Canberra evitaba comentar las divulgaciones de los famosos cables secretos publicados por el sitio web Wikileaks. Pero la última filtración organizada por el portal de Julian Assange la semana pasada fue demasiado lejos para el Gobierno australianos, que la calificó de “increíblemente irresponsable”.
En la última ola de unos 134.000 telegramas confidenciales, Wikileaks incluye una nota de la embajada estadounidense en Canberra, que recomienda que se prohíba volar a once ciudadanos australianos y se coloque a otros doce en una lista de “vigilancia”.
El cable, con fecha de enero de 2010, revela la identidad de 23 personas, a las que vincula al islamista radical norteamericano-yemenita Anuar al Aulaki.
“La publicación de cualquier información que pueda comprometer la seguridad nacional de Australia, o inhibir la capacidad de las agencias de inteligencia para vigilar amenazas potenciales, es increíblemente irresponsable”, sostuvo en un comunicado el ministro de Justicia, Robert McClelland.
El funcionario subrayó que en ocasiones anteriores Wikileaks ocultó los fragmentos de los cables que permitían identificar a personas cuando había un riesgo para la seguridad, “lo cual no ha sido el caso ahora”.
Pero el también australiano Julian Assange no se arrepiente, si no todo lo contrario. “Robert McClelland lamenta la revelación pública de que su departamento vendió a 23 australianos a la embajada de Estados Unidos sin el debido procedimiento”, dijo Assange a la cadena de televisión australiana ABC.
“Si McClelland no está contento de que lo hayan pillado, tal vez debería plantearse anular una vez más mi pasaporte australiano”, agregó Assange desde Inglaterra, donde se encuentra en arresto domiciliario a la espera de que la justicia decida si lo extradita a Suecia por un caso de presunta violación.
La condena de Australia llega 24 horas después de la de Washington. “Estados Unidos condena firmemente toda divulgación ilegal de informaciones secretas (…) además de cuestionar nuestros esfuerzos diplomáticos, pone en peligro la seguridad de individuos, amenaza nuestra seguridad nacional y socava nuestros esfuerzos de trabajar con países para resolver problemas comunes”, declaró el martes Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado.
La administración estadounidense “continúa actuando para atenuar los daños causados a la seguridad nacional, y para asistir, en la medida de nuestros medios, a aquellos a quienes estas revelaciones ilegales han perjudicado”, añadió.
Horas después de esta declaración, WikiLeaks afirmó que su sitio web estaba siendo víctima de un ciberataque.
Hasta ahora Canberra evitaba comentar las divulgaciones de los famosos cables secretos publicados por el sitio web Wikileaks. Pero la última filtración organizada por el portal de Julian Assange la semana pasada fue demasiado lejos para el Gobierno australianos, que la calificó de “increíblemente irresponsable”.
En la última ola de unos 134.000 telegramas confidenciales, Wikileaks incluye una nota de la embajada estadounidense en Canberra, que recomienda que se prohíba volar a once ciudadanos australianos y se coloque a otros doce en una lista de “vigilancia”.
El cable, con fecha de enero de 2010, revela la identidad de 23 personas, a las que vincula al islamista radical norteamericano-yemenita Anuar al Aulaki.
“La publicación de cualquier información que pueda comprometer la seguridad nacional de Australia, o inhibir la capacidad de las agencias de inteligencia para vigilar amenazas potenciales, es increíblemente irresponsable”, sostuvo en un comunicado el ministro de Justicia, Robert McClelland.
El funcionario subrayó que en ocasiones anteriores Wikileaks ocultó los fragmentos de los cables que permitían identificar a personas cuando había un riesgo para la seguridad, “lo cual no ha sido el caso ahora”.
Pero el también australiano Julian Assange no se arrepiente, si no todo lo contrario. “Robert McClelland lamenta la revelación pública de que su departamento vendió a 23 australianos a la embajada de Estados Unidos sin el debido procedimiento”, dijo Assange a la cadena de televisión australiana ABC.
“Si McClelland no está contento de que lo hayan pillado, tal vez debería plantearse anular una vez más mi pasaporte australiano”, agregó Assange desde Inglaterra, donde se encuentra en arresto domiciliario a la espera de que la justicia decida si lo extradita a Suecia por un caso de presunta violación.
La condena de Australia llega 24 horas después de la de Washington. “Estados Unidos condena firmemente toda divulgación ilegal de informaciones secretas (…) además de cuestionar nuestros esfuerzos diplomáticos, pone en peligro la seguridad de individuos, amenaza nuestra seguridad nacional y socava nuestros esfuerzos de trabajar con países para resolver problemas comunes”, declaró el martes Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado.
La administración estadounidense “continúa actuando para atenuar los daños causados a la seguridad nacional, y para asistir, en la medida de nuestros medios, a aquellos a quienes estas revelaciones ilegales han perjudicado”, añadió.
Horas después de esta declaración, WikiLeaks afirmó que su sitio web estaba siendo víctima de un ciberataque.
Hasta ahora Canberra evitaba comentar las divulgaciones de los famosos cables secretos publicados por el sitio web Wikileaks. Pero la última filtración organizada por el portal de Julian Assange la semana pasada fue demasiado lejos para el Gobierno australianos, que la calificó de “increíblemente irresponsable”.
En la última ola de unos 134.000 telegramas confidenciales, Wikileaks incluye una nota de la embajada estadounidense en Canberra, que recomienda que se prohíba volar a once ciudadanos australianos y se coloque a otros doce en una lista de “vigilancia”.
El cable, con fecha de enero de 2010, revela la identidad de 23 personas, a las que vincula al islamista radical norteamericano-yemenita Anuar al Aulaki.
“La publicación de cualquier información que pueda comprometer la seguridad nacional de Australia, o inhibir la capacidad de las agencias de inteligencia para vigilar amenazas potenciales, es increíblemente irresponsable”, sostuvo en un comunicado el ministro de Justicia, Robert McClelland.
El funcionario subrayó que en ocasiones anteriores Wikileaks ocultó los fragmentos de los cables que permitían identificar a personas cuando había un riesgo para la seguridad, “lo cual no ha sido el caso ahora”.
Pero el también australiano Julian Assange no se arrepiente, si no todo lo contrario. “Robert McClelland lamenta la revelación pública de que su departamento vendió a 23 australianos a la embajada de Estados Unidos sin el debido procedimiento”, dijo Assange a la cadena de televisión australiana ABC.
“Si McClelland no está contento de que lo hayan pillado, tal vez debería plantearse anular una vez más mi pasaporte australiano”, agregó Assange desde Inglaterra, donde se encuentra en arresto domiciliario a la espera de que la justicia decida si lo extradita a Suecia por un caso de presunta violación.
La condena de Australia llega 24 horas después de la de Washington. “Estados Unidos condena firmemente toda divulgación ilegal de informaciones secretas (…) además de cuestionar nuestros esfuerzos diplomáticos, pone en peligro la seguridad de individuos, amenaza nuestra seguridad nacional y socava nuestros esfuerzos de trabajar con países para resolver problemas comunes”, declaró el martes Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado.
La administración estadounidense “continúa actuando para atenuar los daños causados a la seguridad nacional, y para asistir, en la medida de nuestros medios, a aquellos a quienes estas revelaciones ilegales han perjudicado”, añadió.
Horas después de esta declaración, WikiLeaks afirmó que su sitio web estaba siendo víctima de un ciberataque.
