A inicios de esta semana las comisiones se reunieron con la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para determinar cómo estudiarán estos proyectos, los que son de vital importancia para las comunidades indígenas, ya que, muchas de ellas se encuentran alojadas al interior de Parques Nacionales o zonas protegidas.

Sin embargo, nadie les ha consultado sobre los cambios a la institucionalidad que se piensan realizar, cuando están pidiendo que en esta reforma el Estado chileno salde la deuda que tiene con ellos, que no los excluya y que les permita trabajar en conjunto por la administración de estos recintos.

Sobre esto se refirió Pablo Pérez Vivanco, del la comunidad Colla Serranía de Poblete, ubicada en la zona San Pedro, Copiapó, quien declaró que “los recursos se encuentran en territorios indígenas cuyos comuneros tienen derechos. Nosotros somos los más interesados en proteger esos recursos y la tierra, porque no la vemos como un objeto, queremos que se preserve una visión espiritual con la tierra y somos los más indicados para protegerla”.

Con esto coincidió Ariel León Bacián, representante Aymara de la organización “La Voz del Pueblo Grande” y de la Red Indígena, para quien al excluirlos se están desconociendo sus derechos y violando nuevamente convenios internacionales, como ha ocurrido fuertemente en Rapa Nui, donde existe fuertes conflictos entre los indígenas y la CONAF, ya que esta los restringe del uso de su propio patrimonio.

“La agenda 21 y el convenio de diversidad biológica reconocen que los indígenas somos quienes mejor preservamos el patrimonio cultural, entonces excluirnos de la participación de estas tierras es una usurpación de nuestro patrimonio. Este es un proyecto inconsulto, que irrumpe la normativa del convenio 169”.

En este sentido, Ariel León expresó su sorpresa sobre que el Senado se haya reunido con la titular de Medio Ambiente y no con los pueblos originarios, y más aún que ella haya señalado que aún no se aplica la consulta porque es un proceso “que está en elaboración”, olvidando que, en sentencia del Tribunal Constitucional del 2000, el Convenio 169 es auto-ejecutable y que el deber de consultar es del Congreso Nacional y no sólo del Gobierno.

Además, reprochó que en este proyecto de ley se permita al servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas la capacidad otorgar concesiones de los parques nacionales a terceros, un tema que también ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones ambientales.