Ayer comenzó la revisión conjunta de las tres causas del Caso Bombas apeladas por el Ministerio Público, que están en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, y que mantenían paralizado el proceso en que se imputa a 14 jóvenes por asociación ilícita terrorista.

El conjunto de recursos fueron presentados por la Fiscalía, para dejar sin efecto la audiencia de preparación del juicio oral en que se excluyó prácticamente el 70% de las aproximadamente 7 mil evidencias adjuntadas por la fiscalía para respaldar su acusación durante el juicio oral del emblemático caso bombas.

El primer recurso tiene el objetivo de dejar sin efecto la decisión del Octavo Juzgado de Garantía que sacó la causa de Cristián Cancino, para realizarle un proceso paralelo. La Fiscalía quiere que sea una sola audiencia y ello implica realizar nuevamente la preparación del juicio oral.

El segundo recurso busca inhabilitar al juez Luis Avilés, quien está a cargo del caso. Recurso que para Mauricio Daza, uno de los abogados defensores, es una petición bastante inconsistente que busca sacarlo del camino sólo porque no falló como ellos querían.

El último, es un recurso de apelación que cuestiona la exclusión de algunas de las evidencias, que según Fiscalía están válidamente presentadas.

Mauricio Daza manifiesta que tanto los abogados, como los imputados y sus familias, esperan que el tribunal de garantía confirme el trabajo realizado, que culminó con la exclusión más grande de pruebas en un caso desde que existe el sistema penal actual, y agrega que en este caso particular debe ser analizada la actuación del ministerio público.

La próxima semana podría haber una resolución definitiva respecto a si la preparación del juicio, que duró más de nueve meses, se tiene que realizar nuevamente o se da curso a su parte oral. Si el tribunal de alzada rechaza los recursos presentados por la fiscalía, el juicio oral podría comenzar en dos meses más.

Para Alejandra Morales, hermana de uno de los imputados, plantea que el proceso investigativo y la exclusión de tantas evidencias confirma que la denominada Operación Salamandra y la posterior actuación del ministerio público, intenta anular la apertura del juicio oral porque saben que quedó al descubierto el montaje.

La Fiscalía Sur, en ese momento a cargo del fiscal Alejandro Peña, acusó a 14 personas de ser parte de una asociación ilícita de carácter terrorista, por la colocación de 21 artefactos explosivos en Santiago, desde el 2005, acusación por la que los imputados estuvieron más de ocho meses en la cárcel de máxima seguridad, los mismos que actualmente ya están en libertad, y que sólo cumplen con medidas cautelares mínimas por no ser considerados un peligro para la sociedad.