Escándalo genera orden de desalojo del Gobierno a campus clínicos de la U. de Chile

Polémica causó la resolución del Ministerio de Salud que ordena anticipar el fin de los convenios docente-asistenciales y desalojar los campus clínicos de la Universidad de Chile en distintos hospitales del sector oriente a fin de licitar las instalaciones. Frente a esto nuestra casa de estudios y parlamentarios denunciaron un intento por mercantilizar la enseñanza de la medicina.

Polémica causó la resolución del Ministerio de Salud que ordena anticipar el fin de los convenios docente-asistenciales y desalojar los campus clínicos de la Universidad de Chile en distintos hospitales del sector oriente a fin de licitar las instalaciones. Frente a esto nuestra casa de estudios y parlamentarios denunciaron un intento por mercantilizar la enseñanza de la medicina.

Sorpresivamente, durante la tarde del miércoles, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, solicitó a la Universidad de Chile desalojar de forma inmediata los campus clínicos que ocupa en diversos hospitales de Santiago. Esto afectaría al Hospital del Tórax, del Salvador, Luis Tisné y el Instituto de Neurocirugía.

Las autoridades afirmaron que se trata de “regularizar” los convenios, sin embargo, esto se haría licitando los campus clínicos, con lo que se abre la opción de entregarlos a privados.

Cecilia Sepúlveda,  decana de la Facultad de Medicina, afirmó que el Luis Tisné y Neurocirugía operaban a través de un convenio vigente y que en los Hospitales del Tórax y El Salvador, la universidad estaba esperando que estos centros dieran la señal para regularizar la situación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la decana criticó la opción de licitar los campus e hizo un llamado a las autoridades a transparentar su postura.

“Cuando se nos dice que se quieren abrir procesos de licitación, creemos que lo que se está planteando en concreto es que se quiere entregar los campos clínicos al mejor postor. Es decir, aquellos que cuenten con los recursos económicos suficientes para comprarlos o arrendarlos. Claramente se está sugiriendo que sea el mercado el que resuelva y aquí el Gobierno tiene que señalar con claridad si está o no por el lucro en la formación de los profesionales de la salud”, sostuvo la académica.

Cecilia Sepúlveda agregó que no se trata de permanecer en estos campos clínicos sin entregar nada a cambio, ya que los convenios docentes-asistenciales son una alianza estratégica con la Universidad, donde se aporta a los proyectos y formación de especialistas que esos campos requieran.

Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que no se está pidiendo el desalojo y que “aquí se debe haber producido un mal entendido, ya que no emana de la Contraloría un decreto de desalojo ni nada que se le parezca”. Sin embargo, en las cartas enviadas por los directores de los Servicios a nuestra casa de estudios señalan lo contrario.

“Me atrevo a anticipar que la mayoría de las situaciones se van a resolver por una continuidad, renovación o una presentación de convenios donde no existen a favor de los campos clínicos o de las casas de estudios que históricamente han ocupado esos recintos asistenciales”, dijo el secretario de Estado.

Frente a esta polémica, el presidente del Senado, Guido Girardi – respaldado por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Fulvio Rossi y los diputados Juan Luis Castro y Enrique Accorsi – afirmó que esta situación es “gravísima y está en la frontera de lo inmoral” toda vez que se busca ahora privatizar la enseñanza.

“Históricamente la calidad de la formación de los profesionales de la salud en Chile se manifestó porque los estudiantes de las universidades estatales se forman en los hospitales públicos. Eso es algo que beneficia a ambos. Lo que está pasando ahora es que está llegando el lucro de manera brutal y sin compasión y se está interponiendo el interés privado por sobre el bien común. Lo que uno debe suponer aquí es que hay muchos amigos dueños de universidades que tienen mucho interés de tener campos clínicos”, sentenció el parlamentario.

Por su parte el diputado Accorsi añadió que no puede ser que los privados sigan utilizando la infraestructura pública, cuando deberían tener sus propias instalaciones y afirmó “es un traspaso encubierto de recursos del estado a instituciones privadas”, por lo se está pensando en juntar las firmas para crear una comisión que investigue este caso.

A continuación, puede hacer clic en los documentos para ser descargados:
Carta de la Dra. María Elena Sepúlveda, Directora Hospital del Salvador, 31 agosto 2011

Carta del Dr. Sergio Valenzuela Abasolo, Director Instituto de Neurocirugía, 31 agosto 2011

Carta del Dr. Julio Montt Vidal, Director Hospital Santiago Oriente, 31 agosto 2011

Carta del Dr. Carlos Deck Román, Director Instituto Nacional del Tórax, 31 agosto 2011





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