Un rechazo generalizado provocó el informe que dio a conocer la superintendencia de Salud, que indicaba que las Isapres generaron más de 45 mil millones de pesos en utilidades durante el primer semestre de 2011, anotando un incremento de 70 por ciento respecto del mismo periodo el año pasado.
Según el organismo, esta alza se explicaría por los ingresos que habrían percibido las aseguradoras de salud privada a raíz de la entrada en vigencia de las nuevas patologías AUGE, ya que la prima que se paga en este ámbito habría crecido en un 155 por ciento.
Pero además, desde las mismas compañías comentaron que el alza en los costos que implicó la decisión del Tribunal Constitucional de suprimir las tablas de riesgo, fue asumida reajustando los precios bases.
Para el diputado PPD integrante de la comisión de Salud, Enrique Accorsi, el principal problema pasa por la deficiente legislación que existe en el país para regular este mercado y que permite que se obtengan este tipo de ganancias a costa de los bolsillos de los afiliados.
“Este es un mecanismo perverso y durante más de 20 años nunca hemos podido legislar en reformar la Ley de Isapres. En todo este tiempo sólo se han implementado cambios cosméticos y nunca hemos planteado el tema como una legislación de verdad. Esto es porque hay una protección financiera del mundo empresarial y de la derecha y esto se demuestra claramente con las utilidades que presentaron en el primer semestre”, afirmó el parlamentario.
Opinión similar manifestó el miembro de la comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán, quien aseguró que existe una incongruencia respecto de la información que están entregando las aseguradoras de salud privada sobre sus resultados.
“Hemos dicho que las Isapres no pueden argumentar que esta alza en las utilidades se debe a una baja en los costos porque en abril pasado los incrementos de los precios de los planes se debía justamente a un aumento de los mismos. Aquí hay algo que no cuadra y en ese contexto le pedimos al superintendente que asuma su rol fiscalizador y normativo”, sostuvo el legislador.
Ante esto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich subrayó la importancia de que se apruebe la Ley Corta de Isapres que se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 16 de marzo para que pueda entrar en vigencia un IPC de la salud que establezca las variaciones a los precios de los planes.
“Es imprescindible contar con una ley que fije un indicador como este en torno al cual se experimente el reajuste de los precios base. Hemos realizado un acuerdo político con la oposición en el sentido de demorar como máximo la tramitación con carácter de suma urgencia de este proyecto de ley, de manera tal que en el aumento de los precios base del próximo año tengamos el IPC de la salud y claridad sobre la tabla de factores como esta ley propone”, comentó el secretario de Estado.
Sin embargo, a juicio de Pedro Barría – abogado que lleva las causas de afiliados perjudicados por el sistema de Isapres – este IPC de la salud no sería suficiente, porque sería absolutamente referencial.
Según explicó el jurista , el indicador se daría a conocer una vez al año, pero las empresas podrían decidir si se acogen o no. Por eso, Barría afirmó que lo más eficiente sería elaborar un sistema objetivo de reajuste de precios preestablecido y debidamente regulado.
“Todos los años hay una variación en el valor base, pero la ley no precisa cómo hacerlo y eso queda entregado al criterio de las Isapres. Estas compañías se constituyen para obtener ganancias, por lo tanto, entre una variación moderada y una exagerada, siempre van a preferir la segunda opción porque, en general, los afiliados no tienen la posibilidad de cambiarse de plan de salud”, manifestó Barría.
De hecho, el mismo diputado Acorssi adelantó que no estarían dispuestos a aprobar una Ley Corta porque, a su juicio, se necesitan cambios estructurales en esta área y no medidas parches.
El 30 de septiembre una comisión parlamentaria especial que se abrió sobre el tema deberá entregar sus conclusiones para que, según los tiempos que maneja el Gobierno, la Ley Corta pueda ser aprobada o rechazada a más tardar en noviembre de este año.
Un rechazo generalizado provocó el informe que dio a conocer la superintendencia de Salud, que indicaba que las Isapres generaron más de 45 mil millones de pesos en utilidades durante el primer semestre de 2011, anotando un incremento de 70 por ciento respecto del mismo periodo el año pasado.
Según el organismo, esta alza se explicaría por los ingresos que habrían percibido las aseguradoras de salud privada a raíz de la entrada en vigencia de las nuevas patologías AUGE, ya que la prima que se paga en este ámbito habría crecido en un 155 por ciento.
Pero además, desde las mismas compañías comentaron que el alza en los costos que implicó la decisión del Tribunal Constitucional de suprimir las tablas de riesgo, fue asumida reajustando los precios bases.
Para el diputado PPD integrante de la comisión de Salud, Enrique Accorsi, el principal problema pasa por la deficiente legislación que existe en el país para regular este mercado y que permite que se obtengan este tipo de ganancias a costa de los bolsillos de los afiliados.
“Este es un mecanismo perverso y durante más de 20 años nunca hemos podido legislar en reformar la Ley de Isapres. En todo este tiempo sólo se han implementado cambios cosméticos y nunca hemos planteado el tema como una legislación de verdad. Esto es porque hay una protección financiera del mundo empresarial y de la derecha y esto se demuestra claramente con las utilidades que presentaron en el primer semestre”, afirmó el parlamentario.
Opinión similar manifestó el miembro de la comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán, quien aseguró que existe una incongruencia respecto de la información que están entregando las aseguradoras de salud privada sobre sus resultados.
“Hemos dicho que las Isapres no pueden argumentar que esta alza en las utilidades se debe a una baja en los costos porque en abril pasado los incrementos de los precios de los planes se debía justamente a un aumento de los mismos. Aquí hay algo que no cuadra y en ese contexto le pedimos al superintendente que asuma su rol fiscalizador y normativo”, sostuvo el legislador.
Ante esto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich subrayó la importancia de que se apruebe la Ley Corta de Isapres que se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 16 de marzo para que pueda entrar en vigencia un IPC de la salud que establezca las variaciones a los precios de los planes.
“Es imprescindible contar con una ley que fije un indicador como este en torno al cual se experimente el reajuste de los precios base. Hemos realizado un acuerdo político con la oposición en el sentido de demorar como máximo la tramitación con carácter de suma urgencia de este proyecto de ley, de manera tal que en el aumento de los precios base del próximo año tengamos el IPC de la salud y claridad sobre la tabla de factores como esta ley propone”, comentó el secretario de Estado.
Sin embargo, a juicio de Pedro Barría – abogado que lleva las causas de afiliados perjudicados por el sistema de Isapres – este IPC de la salud no sería suficiente, porque sería absolutamente referencial.
Según explicó el jurista , el indicador se daría a conocer una vez al año, pero las empresas podrían decidir si se acogen o no. Por eso, Barría afirmó que lo más eficiente sería elaborar un sistema objetivo de reajuste de precios preestablecido y debidamente regulado.
“Todos los años hay una variación en el valor base, pero la ley no precisa cómo hacerlo y eso queda entregado al criterio de las Isapres. Estas compañías se constituyen para obtener ganancias, por lo tanto, entre una variación moderada y una exagerada, siempre van a preferir la segunda opción porque, en general, los afiliados no tienen la posibilidad de cambiarse de plan de salud”, manifestó Barría.
De hecho, el mismo diputado Acorssi adelantó que no estarían dispuestos a aprobar una Ley Corta porque, a su juicio, se necesitan cambios estructurales en esta área y no medidas parches.
El 30 de septiembre una comisión parlamentaria especial que se abrió sobre el tema deberá entregar sus conclusiones para que, según los tiempos que maneja el Gobierno, la Ley Corta pueda ser aprobada o rechazada a más tardar en noviembre de este año.
Un rechazo generalizado provocó el informe que dio a conocer la superintendencia de Salud, que indicaba que las Isapres generaron más de 45 mil millones de pesos en utilidades durante el primer semestre de 2011, anotando un incremento de 70 por ciento respecto del mismo periodo el año pasado.
Según el organismo, esta alza se explicaría por los ingresos que habrían percibido las aseguradoras de salud privada a raíz de la entrada en vigencia de las nuevas patologías AUGE, ya que la prima que se paga en este ámbito habría crecido en un 155 por ciento.
Pero además, desde las mismas compañías comentaron que el alza en los costos que implicó la decisión del Tribunal Constitucional de suprimir las tablas de riesgo, fue asumida reajustando los precios bases.
Para el diputado PPD integrante de la comisión de Salud, Enrique Accorsi, el principal problema pasa por la deficiente legislación que existe en el país para regular este mercado y que permite que se obtengan este tipo de ganancias a costa de los bolsillos de los afiliados.
“Este es un mecanismo perverso y durante más de 20 años nunca hemos podido legislar en reformar la Ley de Isapres. En todo este tiempo sólo se han implementado cambios cosméticos y nunca hemos planteado el tema como una legislación de verdad. Esto es porque hay una protección financiera del mundo empresarial y de la derecha y esto se demuestra claramente con las utilidades que presentaron en el primer semestre”, afirmó el parlamentario.
Opinión similar manifestó el miembro de la comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán, quien aseguró que existe una incongruencia respecto de la información que están entregando las aseguradoras de salud privada sobre sus resultados.
“Hemos dicho que las Isapres no pueden argumentar que esta alza en las utilidades se debe a una baja en los costos porque en abril pasado los incrementos de los precios de los planes se debía justamente a un aumento de los mismos. Aquí hay algo que no cuadra y en ese contexto le pedimos al superintendente que asuma su rol fiscalizador y normativo”, sostuvo el legislador.
Ante esto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich subrayó la importancia de que se apruebe la Ley Corta de Isapres que se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 16 de marzo para que pueda entrar en vigencia un IPC de la salud que establezca las variaciones a los precios de los planes.
“Es imprescindible contar con una ley que fije un indicador como este en torno al cual se experimente el reajuste de los precios base. Hemos realizado un acuerdo político con la oposición en el sentido de demorar como máximo la tramitación con carácter de suma urgencia de este proyecto de ley, de manera tal que en el aumento de los precios base del próximo año tengamos el IPC de la salud y claridad sobre la tabla de factores como esta ley propone”, comentó el secretario de Estado.
Sin embargo, a juicio de Pedro Barría – abogado que lleva las causas de afiliados perjudicados por el sistema de Isapres – este IPC de la salud no sería suficiente, porque sería absolutamente referencial.
Según explicó el jurista , el indicador se daría a conocer una vez al año, pero las empresas podrían decidir si se acogen o no. Por eso, Barría afirmó que lo más eficiente sería elaborar un sistema objetivo de reajuste de precios preestablecido y debidamente regulado.
“Todos los años hay una variación en el valor base, pero la ley no precisa cómo hacerlo y eso queda entregado al criterio de las Isapres. Estas compañías se constituyen para obtener ganancias, por lo tanto, entre una variación moderada y una exagerada, siempre van a preferir la segunda opción porque, en general, los afiliados no tienen la posibilidad de cambiarse de plan de salud”, manifestó Barría.
De hecho, el mismo diputado Acorssi adelantó que no estarían dispuestos a aprobar una Ley Corta porque, a su juicio, se necesitan cambios estructurales en esta área y no medidas parches.
El 30 de septiembre una comisión parlamentaria especial que se abrió sobre el tema deberá entregar sus conclusiones para que, según los tiempos que maneja el Gobierno, la Ley Corta pueda ser aprobada o rechazada a más tardar en noviembre de este año.
