Lamentablemente, los procesos de renovación, de modernización y de desarrollo urbanos siempre han significado expulsión de pobres. Este fenómeno se hace particularmente evidente con los procesos de desarrollo urbano liderados por el sector privado. Lo cual, hasta cierto punto, es lógico, ya que el objetivo principal de la inversión urbana privada es la obtención del lucro y no del bien común, que es tarea de las autoridades políticas que manejan el aparato estatal.

Sin embargo, también en el desarrollo de todas las ciudades del país lamentablemente se ha desperdiciado el potencial igualador y democratizador de las inversiones públicas en lugares de bajos ingresos. Explicación principal para este hecho es el comportamiento implacable de la renta de la tierra. Otro formidable instrumento potencialmente igualador de oportunidades, pero siempre con resultados regresivos, es el de los planes reguladores.

Resultado de estos fallidos y paradojales procesos, es la expulsión de sectores de bajos ingresos a la periferia de las ciudades, lugares que en realidad constituyen un receptáculo de pobres.

Muchos de los emergentes y graves problemas sociales que presenta la sociedad chilena tienen que ver con esta situación. Temas como la delincuencia, la no participación social, la violencia, el alto costo e ineficiencia de los programas sociales, etc.,  están vinculados a esta temática.

Es así que las ciudades chilenas, si bien tienen las tasas de delincuencia mas baja de América latina, viven una histeria, mediática y política,  por el tema de la seguridad ciudadana y de la violencia, fenómenos que no tienen que ver necesariamente con la pobreza, sino que están más vinculados a la exclusión social y urbana. En este contexto, es posible afirmar que, junto con la educación, el elemento más excluidor de nuestra sociedad es la ocupación desigual del territorio (segregación espacial) que está presente en todas nuestras ciudades.

Por lo tanto, es hora de un trabajo interdisciplinario que incorpore en el diseño y ejecución de las políticas públicas y las políticas sociales el tema de la ciudad y del desarrollo espacial en general. Pero, sobre todo, es hora de un gran acuerdo político por la democratización de las ciudades que promuevan que las políticas de vivienda pongan como prioridad la mezcla social y la dotación de espacios públicos dignos, seguros e igualitarios.

Sin duda que este será un proceso muy difícil y muy largo. Para ello, se debe construir y poner en la agenda el tema (tarea en la cual, modestamente, estos comentarios contribuyen con un granito de arena); se debe lograr la organización y participación ciudadana; y se deberá buscar establecer un diálogo social que permita la concientización al sector privado, a través de un gran acuerdo nacional sobre las ciudades democráticas e integradas.

Nuestra sociedad y nuestras ciudades hoy se hayan en estado de efervescencia. Esto constituye un paso importante. Es por ello que, pensando en el futuro desarrollo democrático de nuestras ciudades, es importante mantener la movilización ciudadana que tiene como estandarte el tema de la educación publica, pero que significa mucho más, entre otras cosas, la posibilidad de una ciudad mejor.