El ministerio de Obras Públicas se encuentra próximo a declarar el Valle de Copiapó como zona de escasez hídrica, esto luego que la cuenca del río del mismo nombre alcance niveles inéditos de déficit, tal como ocurre en el vecino Valle del Huasco, donde los proyectos mineros han reducido a la mitad la capacidad de agua dulce de los pozos alimentadores.
En esta dirección, el diputado DC Matías Walker emplazó al Gobierno por abrir el debate respecto a la Reforma Constitucional del Agua, frenado en mayo de 2010 luego de ser impulsado por el gobierno anterior. El parlamentario sostuvo que estos son “derechos constituidos originariamente para un uso agrícola, enajenados por las grandes compañías mineras para un uso distinto, alentados por su alto precio en el mercado, y la pérdida de competitividad de la actividad agrícola”.
El diputado ve un escenario difícil en este tema, quien subrayó que es necesario “hablar de caducidad de los derechos más que de expropiación, porque no tendremos como Estado los recursos para pagar la expropiación y asegurar el recurso hídrico para consumo humano y cultivos de riego”.
El senador Alejandro Navarro ha manifestado una posición similar al proponer una renacionalización del agua, luego de considerarse la apropiación internacional del elemento en Chile, la segunda reserva de agua dulce en el mundo.
“Chile vendió su agua y hoy entre Endesa y los italianos poseen más del 90 % del recurso. Somos la segunda reserva de agua dulce del planeta, sin embargo no hay propiedad sobre el recurso. Las leyes se deshacen como se hacen, y la ley que permitió la venta del agua debe comenzar un proceso de nacionalización, cancelando derechos sobre quienes no han hecho un uso productivo, más bien especulativo del mismo” indicó.
El representante del MAS enfatizó sobre la posición del Gobierno de Sebastián Piñera, luego de la enajenación de derechos estatales en empresas sanitarias que fueron cedidos a privados, por lo que pronostica que la actual administración no tendrá voluntad en crear una política de asistencia agrícola y social, pasando la responsabilidad al Congreso.
Navarro declaró que “los legisladores del norte donde este elemento es escaso debieran fijar posición, los legisladores del sur donde este elemento abunda debieran fijar posición, pero pareciera que todo está supeditado al sagrado mercado y la oferta y demanda del modelo neoliberal, donde un bien de uso público se transa en el mercado. No creo que en este gobierno haya posibilidad alguna de recuperar el agua como parte de los elementos esenciales para la administración pública por parte del Estado”.
Hace pocos meses, la justicia acogió un recurso de revisión sobre los derechos de agua del río Baker, hoy en manos de Endesa para el proyecto Hidroaysén, lo que supone un antecedente importante respecto al vuelco que tiene el uso de este vital recurso en nuestro país, donde la expansión de grandes proyectos industriales se contrapone con la escasez hídrica para el desarrollo agrícola y, más aún, amenazando que el vital elemento esté asegurado para el consumo humano.
El ministerio de Obras Públicas se encuentra próximo a declarar el Valle de Copiapó como zona de escasez hídrica, esto luego que la cuenca del río del mismo nombre alcance niveles inéditos de déficit, tal como ocurre en el vecino Valle del Huasco, donde los proyectos mineros han reducido a la mitad la capacidad de agua dulce de los pozos alimentadores.
En esta dirección, el diputado DC Matías Walker emplazó al Gobierno por abrir el debate respecto a la Reforma Constitucional del Agua, frenado en mayo de 2010 luego de ser impulsado por el gobierno anterior. El parlamentario sostuvo que estos son “derechos constituidos originariamente para un uso agrícola, enajenados por las grandes compañías mineras para un uso distinto, alentados por su alto precio en el mercado, y la pérdida de competitividad de la actividad agrícola”.
El diputado ve un escenario difícil en este tema, quien subrayó que es necesario “hablar de caducidad de los derechos más que de expropiación, porque no tendremos como Estado los recursos para pagar la expropiación y asegurar el recurso hídrico para consumo humano y cultivos de riego”.
El senador Alejandro Navarro ha manifestado una posición similar al proponer una renacionalización del agua, luego de considerarse la apropiación internacional del elemento en Chile, la segunda reserva de agua dulce en el mundo.
“Chile vendió su agua y hoy entre Endesa y los italianos poseen más del 90 % del recurso. Somos la segunda reserva de agua dulce del planeta, sin embargo no hay propiedad sobre el recurso. Las leyes se deshacen como se hacen, y la ley que permitió la venta del agua debe comenzar un proceso de nacionalización, cancelando derechos sobre quienes no han hecho un uso productivo, más bien especulativo del mismo” indicó.
El representante del MAS enfatizó sobre la posición del Gobierno de Sebastián Piñera, luego de la enajenación de derechos estatales en empresas sanitarias que fueron cedidos a privados, por lo que pronostica que la actual administración no tendrá voluntad en crear una política de asistencia agrícola y social, pasando la responsabilidad al Congreso.
Navarro declaró que “los legisladores del norte donde este elemento es escaso debieran fijar posición, los legisladores del sur donde este elemento abunda debieran fijar posición, pero pareciera que todo está supeditado al sagrado mercado y la oferta y demanda del modelo neoliberal, donde un bien de uso público se transa en el mercado. No creo que en este gobierno haya posibilidad alguna de recuperar el agua como parte de los elementos esenciales para la administración pública por parte del Estado”.
Hace pocos meses, la justicia acogió un recurso de revisión sobre los derechos de agua del río Baker, hoy en manos de Endesa para el proyecto Hidroaysén, lo que supone un antecedente importante respecto al vuelco que tiene el uso de este vital recurso en nuestro país, donde la expansión de grandes proyectos industriales se contrapone con la escasez hídrica para el desarrollo agrícola y, más aún, amenazando que el vital elemento esté asegurado para el consumo humano.
El ministerio de Obras Públicas se encuentra próximo a declarar el Valle de Copiapó como zona de escasez hídrica, esto luego que la cuenca del río del mismo nombre alcance niveles inéditos de déficit, tal como ocurre en el vecino Valle del Huasco, donde los proyectos mineros han reducido a la mitad la capacidad de agua dulce de los pozos alimentadores.
En esta dirección, el diputado DC Matías Walker emplazó al Gobierno por abrir el debate respecto a la Reforma Constitucional del Agua, frenado en mayo de 2010 luego de ser impulsado por el gobierno anterior. El parlamentario sostuvo que estos son “derechos constituidos originariamente para un uso agrícola, enajenados por las grandes compañías mineras para un uso distinto, alentados por su alto precio en el mercado, y la pérdida de competitividad de la actividad agrícola”.
El diputado ve un escenario difícil en este tema, quien subrayó que es necesario “hablar de caducidad de los derechos más que de expropiación, porque no tendremos como Estado los recursos para pagar la expropiación y asegurar el recurso hídrico para consumo humano y cultivos de riego”.
El senador Alejandro Navarro ha manifestado una posición similar al proponer una renacionalización del agua, luego de considerarse la apropiación internacional del elemento en Chile, la segunda reserva de agua dulce en el mundo.
“Chile vendió su agua y hoy entre Endesa y los italianos poseen más del 90 % del recurso. Somos la segunda reserva de agua dulce del planeta, sin embargo no hay propiedad sobre el recurso. Las leyes se deshacen como se hacen, y la ley que permitió la venta del agua debe comenzar un proceso de nacionalización, cancelando derechos sobre quienes no han hecho un uso productivo, más bien especulativo del mismo” indicó.
El representante del MAS enfatizó sobre la posición del Gobierno de Sebastián Piñera, luego de la enajenación de derechos estatales en empresas sanitarias que fueron cedidos a privados, por lo que pronostica que la actual administración no tendrá voluntad en crear una política de asistencia agrícola y social, pasando la responsabilidad al Congreso.
Navarro declaró que “los legisladores del norte donde este elemento es escaso debieran fijar posición, los legisladores del sur donde este elemento abunda debieran fijar posición, pero pareciera que todo está supeditado al sagrado mercado y la oferta y demanda del modelo neoliberal, donde un bien de uso público se transa en el mercado. No creo que en este gobierno haya posibilidad alguna de recuperar el agua como parte de los elementos esenciales para la administración pública por parte del Estado”.
Hace pocos meses, la justicia acogió un recurso de revisión sobre los derechos de agua del río Baker, hoy en manos de Endesa para el proyecto Hidroaysén, lo que supone un antecedente importante respecto al vuelco que tiene el uso de este vital recurso en nuestro país, donde la expansión de grandes proyectos industriales se contrapone con la escasez hídrica para el desarrollo agrícola y, más aún, amenazando que el vital elemento esté asegurado para el consumo humano.
