La Fundación Pro Acceso planteó problemas de transparencia en Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante una reunión realizada ayer en el edificio de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la ciudad estadounidense de Washington.

En la sesión dedicada a evaluar el acceso a información pública en los países del continente, Moisés Sánchez, abogado y director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, intervino para realizar un balance general de la situación en la región y en el país.

“Se ha constatado en los casos de Chile y México el alto porcentaje de respuesta de los organismos públicos que dicen que la información no existe y que por lo tanto no se puede entregar, llegando a porcentajes bastante elevados y eso conduce naturalmente a que para muchos servidores públicos sea más fácil argumentar que la información no está, no se encuentra o que fue destruida en vez de utilizar la vía legal que son las causales de secreto o reserva, esta es otra forma de desnaturalizar la aplicación de este sistema”, explicó el abogado.

Sánchez se refirió además a los últimos problemas relacionados con la falta de estándares y criterios en el proceso de nominación de los integrantes del Consejo de Transparencia en Chile.

“No existiendo estándares por parte de los Estados respecto de su adhesión a la cultura de transparencia sobre su perspectiva de Género y sobre su historial en derechos humanos. Eso resulta preocupante puesto que conduce a una situación en la cual se promueven integrantes de este tipo de instituciones que no responden a la naturaleza de protección de este derecho. En este sentido la situación que está viviendo Chile en el sistema de selección actual está generando problemas que son importantes”, señaló Sánchez.

La crítica se refiere a la nominación por parte del ejecutivo de dos nuevos integrantes para el órgano autónomo de fiscalización, los juristas Samuel Donoso y José María Eyzaguirre, en reemplazo del actual presidente del organismo, Raúl Urrutia, y el consejero Juan Pablo Olmedo.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que este proceso no contó con participación de la ciudadanía y que el Gobierno ha faltado a los criterios de experiencia en materia de acceso a la información pública y transparencia.

Al respecto, Moisés Sánchez sostuvo que “es importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda atender a esta problemática, ya que puede interferir en el uso del derecho a la ley de acceso de información pública. La Comisión debe instar a los países a que dicten normas correspondientes”, finalizó el abogado.