En la política de nuestro país resulta muy curioso que los presidentes siempre encuentren forma de salvarse de los errores de sus gobiernos. Cuando no son sus ministros y colaboradores los inculpados por sus disparates,  pagan en su imagen pública los partidos políticos, el Parlamento, la oposición o, incluso, los ávidos familiares y amigos de los mandatarios. Lo peor es que a los chilenos nos cuesta bien poco tragarnos el cuento de que los jefes de Estado son víctimas de sus circunstancias. Es así, entonces, cómo apenas dejan La Moneda hay quienes abrigan la idea de que éstos vuelvan lo antes posible. Un fenómeno todavía más absurdo en un régimen tan presidencialista como el nuestro en que los otros poderes del Estado y las instituciones ofrecen muy poco contrapeso democrático a las decisiones de Presidente de la República.

Jefes de Estado cuyos gobiernos estuvieron sumidos en la corrupción, el voluntarismo y la protesta pública son exculpados rápidamente por la población y vuelven a recobrar credibilidad y vigencia política. Hasta del propio Pinochet hay quienes aseguran que quiso lo mejor para Chile y que los “excesos” de su gobierno más bien hay que atribuírselos a los militares o a los grupos económicos más inescrupulosos asociados a su gestión. Que sus propios sucesores hayan resuelto rescatarlo de la justicia internacional, sólo se explica en el pánico de que algunos de sus secuaces volviera a recobrar el mando del gobierno.

Cuando ya nadie le da muchas expectativas a la Concertación, no son pocos los que siguen pensando, como último recurso, en el retorno airoso de la presidenta Bachelet a La Moneda. Así como hasta hace algunos años todavía veían en Ricardo Lagos o el propio Patricio Aylwin la posibilidad de mantenerse aferrados al poder. Tanto es así que este conglomerado repostuló al expresidente Frei en la última contienda electoral, a quien le faltaron, en realidad, pocos votos para impedir la victoria en segunda vuelta de Piñera.

Si acá existiera el principio de la no reelección del presidente, y los legisladores y alcaldes tuvieran acotada la posibilidad de “repetirse el plato”, seguramente que nuestra política no presentaría los rostros tan añosos de la clase dirigente. Habría una saludable renovación que por fin ahora existe en los jueces y militares  que tienen los años contados en sus cargos públicos. Su gestión podría, además, ser libremente evaluada y, si fuera necesario, sancionada sin que nadie temiera por su retorno y resarcimiento. Como por desgracia aconteció en el pasado con la reelección de dos temibles caudillos como Ibáñez y Alessandri a los cuales todavía la historia no les pasa debida cuenta por sus crímenes e incongruencias.

Es evidente que un conjunto de escándalos vinculados a los gobiernos recientes duermen en la incertidumbre judicial debido, en buena parte, a que sus principales responsables podrían retornar a la política y, con ello, tomar venganza, por ejemplo, en los magistrados y fiscales que, en nuestra precaria institucionalidad republicana dependen de los otros poderes del Estado para escalar posiciones en su carrera judicial.  Lo que explica, finalmente, la impunidad que el pasado consagró respecto de tantos horrores y defraudaciones.

En este sentido es que hay que apreciar que sean ahora los jóvenes y los estudiantes quienes se hayan consolidado en la vida pública, la adhesión ciudadana y la movilización masiva e inclaudicable en pro de un cambio revolucionario que desafíe nuestras leyes y  malos hábitos políticos. Un despertar ideológico saludable pero que -junto con expresar su desdén a las expresiones del pasado- tenga como deuda con el país luchar sin fatiga, así como arribar a sus propias organizaciones y referentes instrumentales. Resistiéndose a ser cooptados por los esplendores de un poder y de una institucionalidad que deben necesariamente extinguirse si se quiere un orden nuevo, democrático e incluyente.

Esquivando tropezar con las mismas piedras, a objeto de que la indignación, esta vez, no devenga en desesperanza.