La pugna entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a la responsabilidad por el aumento en las cifras de delincuencia continúa sacando chispas. Luego que durante el fin de semana se produjeran una serie de declaraciones desde ambos órganos del Estado, este lunes el Congreso entró a la arena para actuar como moderador en esta polémica.
Ese fue el objetivo de la sesión especial de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que reunió a representantes del Gobierno – entre ellos el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter – de los tribunales de justicia y de las policías, para analizar las distintas visiones que existen para abordar las falencias en seguridad pública.
El presidente de la instancia, Alberto Cardemil (UDI), sostuvo que “se necesita sentarse a conversar, a contrastar opiniones, a hacer análisis serio y, sobre todo, a buscar soluciones concretas de modernización del sistema procesal penal, mejora de protocolo y de procedimiento. Además se necesita una instancia donde los Poderes del Estado se junten, conversen y saquen conclusiones que ayuden a tener más seguridad y más orden”.
Si bien, durante esta sesión no se alcanzó a analizar propuestas específicas para enfrentar el problema, el diputado DC Ricardo Rincón, afirmó que se estableció claramente la independencia y autonomía de los jueces, quienes no serán evaluados por otros poderes del Estado, como lo había anunciado el ministro de Justicia, Teodoro Rivera.
El parlamentario, además, se mostró contrario a la implementación de medidas que podrían pasar a llevar la legalidad – como las detenciones preventivas – como una forma de hacer frente al delito.
“No puede ser parte de la doctrina que Carabineros detenga casi por prevención y sea el fiscal y los tribunales de garantía quienes evalúen si el procedimiento es legal o no y si la situación imputada es delito. La policía sólo tiene autorización para detener con orden judicial o cuando hay un delito flagrante y no puede inventar delitos donde no los hay”, sentenció el legislador.
Por su parte, el director del Centro Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, indicó que es necesario poner paños fríos a la controversia, ya que la discusión podría llevar a asumir políticas que no irían en la línea correcta para enfrentar este asunto.
El experto precisó que existen diversos factores que influyen en el aumento de las cifras de delincuencia y que no es posible atribuir el incremento de los delitos a una sola causa porque hay muchos actores ligados al tema.
Sin embargo, afirmó que todavía no es posible evaluar cuantitativamente la efectividad de las estrategias que se han ido trazando – como el aumento en la dotación de Carabineros – porque su funcionamiento todavía es muy incipiente.
“No han cambiado muchas cosas en un año como para que el delito tenga un descenso pronunciado y sostenible. Al fin y al cabo, muchas de las medidas que ha anunciado el Gobierno están en desarrollo. Las instituciones a cargo son las mismas de antes, la situación económica y social tampoco se ha modificado de forma sustantiva. En consecuencia, lo más probable es que se produzcan cifras de crecimiento y baja hasta que las políticas implementadas alcancen un nivel de desarrollo mayor”, afirmó el experto.
De todas formas, aseguró que es importante destinar más presupuesto al Ministerio Público para poder mejorar la gestión invirtiendo, principalmente, en recursos humanos.
La pugna entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a la responsabilidad por el aumento en las cifras de delincuencia continúa sacando chispas. Luego que durante el fin de semana se produjeran una serie de declaraciones desde ambos órganos del Estado, este lunes el Congreso entró a la arena para actuar como moderador en esta polémica.
Ese fue el objetivo de la sesión especial de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que reunió a representantes del Gobierno – entre ellos el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter – de los tribunales de justicia y de las policías, para analizar las distintas visiones que existen para abordar las falencias en seguridad pública.
El presidente de la instancia, Alberto Cardemil (UDI), sostuvo que “se necesita sentarse a conversar, a contrastar opiniones, a hacer análisis serio y, sobre todo, a buscar soluciones concretas de modernización del sistema procesal penal, mejora de protocolo y de procedimiento. Además se necesita una instancia donde los Poderes del Estado se junten, conversen y saquen conclusiones que ayuden a tener más seguridad y más orden”.
Si bien, durante esta sesión no se alcanzó a analizar propuestas específicas para enfrentar el problema, el diputado DC Ricardo Rincón, afirmó que se estableció claramente la independencia y autonomía de los jueces, quienes no serán evaluados por otros poderes del Estado, como lo había anunciado el ministro de Justicia, Teodoro Rivera.
El parlamentario, además, se mostró contrario a la implementación de medidas que podrían pasar a llevar la legalidad – como las detenciones preventivas – como una forma de hacer frente al delito.
“No puede ser parte de la doctrina que Carabineros detenga casi por prevención y sea el fiscal y los tribunales de garantía quienes evalúen si el procedimiento es legal o no y si la situación imputada es delito. La policía sólo tiene autorización para detener con orden judicial o cuando hay un delito flagrante y no puede inventar delitos donde no los hay”, sentenció el legislador.
Por su parte, el director del Centro Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, indicó que es necesario poner paños fríos a la controversia, ya que la discusión podría llevar a asumir políticas que no irían en la línea correcta para enfrentar este asunto.
El experto precisó que existen diversos factores que influyen en el aumento de las cifras de delincuencia y que no es posible atribuir el incremento de los delitos a una sola causa porque hay muchos actores ligados al tema.
Sin embargo, afirmó que todavía no es posible evaluar cuantitativamente la efectividad de las estrategias que se han ido trazando – como el aumento en la dotación de Carabineros – porque su funcionamiento todavía es muy incipiente.
“No han cambiado muchas cosas en un año como para que el delito tenga un descenso pronunciado y sostenible. Al fin y al cabo, muchas de las medidas que ha anunciado el Gobierno están en desarrollo. Las instituciones a cargo son las mismas de antes, la situación económica y social tampoco se ha modificado de forma sustantiva. En consecuencia, lo más probable es que se produzcan cifras de crecimiento y baja hasta que las políticas implementadas alcancen un nivel de desarrollo mayor”, afirmó el experto.
De todas formas, aseguró que es importante destinar más presupuesto al Ministerio Público para poder mejorar la gestión invirtiendo, principalmente, en recursos humanos.
La pugna entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a la responsabilidad por el aumento en las cifras de delincuencia continúa sacando chispas. Luego que durante el fin de semana se produjeran una serie de declaraciones desde ambos órganos del Estado, este lunes el Congreso entró a la arena para actuar como moderador en esta polémica.
Ese fue el objetivo de la sesión especial de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que reunió a representantes del Gobierno – entre ellos el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter – de los tribunales de justicia y de las policías, para analizar las distintas visiones que existen para abordar las falencias en seguridad pública.
El presidente de la instancia, Alberto Cardemil (UDI), sostuvo que “se necesita sentarse a conversar, a contrastar opiniones, a hacer análisis serio y, sobre todo, a buscar soluciones concretas de modernización del sistema procesal penal, mejora de protocolo y de procedimiento. Además se necesita una instancia donde los Poderes del Estado se junten, conversen y saquen conclusiones que ayuden a tener más seguridad y más orden”.
Si bien, durante esta sesión no se alcanzó a analizar propuestas específicas para enfrentar el problema, el diputado DC Ricardo Rincón, afirmó que se estableció claramente la independencia y autonomía de los jueces, quienes no serán evaluados por otros poderes del Estado, como lo había anunciado el ministro de Justicia, Teodoro Rivera.
El parlamentario, además, se mostró contrario a la implementación de medidas que podrían pasar a llevar la legalidad – como las detenciones preventivas – como una forma de hacer frente al delito.
“No puede ser parte de la doctrina que Carabineros detenga casi por prevención y sea el fiscal y los tribunales de garantía quienes evalúen si el procedimiento es legal o no y si la situación imputada es delito. La policía sólo tiene autorización para detener con orden judicial o cuando hay un delito flagrante y no puede inventar delitos donde no los hay”, sentenció el legislador.
Por su parte, el director del Centro Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, indicó que es necesario poner paños fríos a la controversia, ya que la discusión podría llevar a asumir políticas que no irían en la línea correcta para enfrentar este asunto.
El experto precisó que existen diversos factores que influyen en el aumento de las cifras de delincuencia y que no es posible atribuir el incremento de los delitos a una sola causa porque hay muchos actores ligados al tema.
Sin embargo, afirmó que todavía no es posible evaluar cuantitativamente la efectividad de las estrategias que se han ido trazando – como el aumento en la dotación de Carabineros – porque su funcionamiento todavía es muy incipiente.
“No han cambiado muchas cosas en un año como para que el delito tenga un descenso pronunciado y sostenible. Al fin y al cabo, muchas de las medidas que ha anunciado el Gobierno están en desarrollo. Las instituciones a cargo son las mismas de antes, la situación económica y social tampoco se ha modificado de forma sustantiva. En consecuencia, lo más probable es que se produzcan cifras de crecimiento y baja hasta que las políticas implementadas alcancen un nivel de desarrollo mayor”, afirmó el experto.
De todas formas, aseguró que es importante destinar más presupuesto al Ministerio Público para poder mejorar la gestión invirtiendo, principalmente, en recursos humanos.
