Esta semana se les dio una pésima noticia a los damnificados de Cauquenes: deberán pasar otro invierno en viviendas de emergencia.  Así lo confirmó el intendente del Maule, Rodrigo Galilea, quien recalcó que el tema vivienda “es más lento”, por lo que las víctimas del terremoto deberán enfrentar el 2012 también en mediaguas, esperando que la reconstrucción de los hogares finalice para el 2013.

El proceso de reconstrucción ha sufrido una serie de críticas, sobre todo en la sexta, séptima y octava región.

En esa línea, el diputado por la región del Maule, el DC Pablo Lorenzini, comentó que “falta concretar, dar el paso final y es ahí donde queremos dejar más recursos e información. Debemos potenciar los municipios porque hay muchos donde había cosas que se podían hacer, pero no tienen la asesoría o el nivel porque son rurales. Entonces, en esto falta un plan maestro, concreto, real y efectivo. Hoy nos quedamos en buenas intenciones, visitas ministeriales, pero en la práctica el proceso es muy lento”.

Esta situación se repite en distintos puntos del país, pese a que el Gobierno prometió que los campamentos se acabarían para el 2012. El diputado socialista, Alfonso De Urresti, afirmó que ha existido una grave falta de información, lo que ha agudizado el descontento de la población afectada, la que muchas veces no sabe a quién recurrir.

“Se hizo una promesa de que no iba a haber otro invierno que las personas tuvieran que pasar en campamentos. Cuando no se entrega la información adecuada, cuando se falsean datos y en definitiva se van relativizando los plazos, entramos en desconfianza. La gente naturalmente tiene una mayor preocupación. Cuando se habla claro, se tienen los montos y se tienen los plazos, todos los actores sociales ya sea parlamentarios, opinión pública, los medios de comunicación y las organizaciones saben cuándo, cómo y dónde se llevará a cabo el proceso”, dijo el parlamentario.

Por todas estas razones, la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (ACCIÓN), hizo pública una propuesta para que sea contemplada en el Presupuesto nacional, incorporando una serie de indicadores que permitan verificar la eficacia de su cumplimiento y que la propia ciudadanía tenga posibilidades de ir controlando lo que ocurre, más allá de las cifras generales que entrega el gobierno.

Entre estos indicadores figuran comparaciones sobre el número de damnificados que existe, de subsidios, la calidad y el tipo de vivienda, la habitabilidad de los sectores donde se va a construir, entre otros, para poder monitorear los niveles de ejecución de los planes, que hasta ahora no han avanzado conforme a las promesas.

“El conjunto de organizaciones estamos monitoreando esto y todo lo que hemos recogido es que el tema se está viendo con una lentitud demasiado exasperante para la gente. Incluso hemos calculado que, al ritmo que lleva, la reconstrucción se va a concretar en diez años. Lo que estamos planteando es que se incorporen dentro de las indicaciones que hay que mandar, la creación de una institucionalidad que permita darle seguimiento cuando cambie el Gobierno y los municipios”, afirmó el presidente de Acción, Martín Pascual.

Pascual añadió que a las organizaciones sociales el Presupuesto les parece limitado, restrictivo y que no alcanza a cubrir toda la demanda social, entre la que se encuentra también el tema de la reconstrucción, el que lamentablemente ha quedado en segundo plano cuando aún hay ciudadanos que no han recuperado sus viviendas, y cuando ha aumentado de forma preocupante la pobreza en nuestro país.