Son más de diez los diputados de diversos sectores políticos los que se sumaron a la creación de la “Bancada Transversal por la Defensa del Agua”, que busca ahondar y solucionar una serie de problemas que existen en nuestro país respecto del acceso, la propiedad y la distribución de los recursos hídricos.

Para ello esperan modificar la actual normativa, incorporando cambios que permitan perfeccionar el Código de Aguas y avanzar para que se establezca el rango constitucional de “Bien Nacional de Uso Público”.

“La competencia por el recurso hídrico entre los sectores industriales, como la minería en el norte, en desmedro del consumo humano o de las comunidades campesinas está generando una presión gigantesca sobre el recurso. Ahí hay que ver mecanismos para mejorar la distribución y cómo se defienden las prioridades. Hemos visto cómo muchos derechos de agua están concentrados, es decir, hay una serie de situaciones que ponen en duda la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos del país al recurso hídrico”, dijo el diputado DC, Patricio Vallespín.

En la instancia parlamentaria también se tocarán otros aspectos, entre los que se incluyen cómo proteger los glaciales, los que proveen recursos hídricos durante el verano, o cómo mejorar el uso de las reservas de agua. Sin embargo, las comunidades de la Quinta Región han denunciado que sufren una serie de problemas a diario y que tanto las autoridades, como el mundo político ya conocen.

Ese es el caso del balneario de Ventanas, donde  los ciudadanos afirmaron que por muchos años bebieron agua salina, oscura y de dudosa procedencia, hasta que por presiones lograron que la Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso (Esval), los conectara a la red general de aguas. No obstante, en la actualidad y por cerca de tres meses, volvieron a consumir agua contaminada.

En esa línea, el presidente del sindicato de pescadores de la zona, Sergio Silva, comentó que desde la compañía argumentaban que “era un tema normal generado por las algas que se producen de manera natural y era por eso que el agua que nosotros consumíamos venía con ese olor, sabor y color, lo que deja bastante que desear. Era un olor a barro podrido. La empresa se defendió hasta última instancia diciendo que el tema era algo natural”.

Este hecho no ha sido totalmente solucionado. Lo mismo se repite en varios focos del litoral central, tal como advirtió Rodrigo Mundaca, presidente del Movimiento de defensa por el acceso el agua, la tierra, y el accedo al medioambiente (MODATIMA) de Petorca, quien señaló que ellos mismos han llegado al Parlamento a denunciar la usurpación de aguas, detectando también que incluso entre los legisladores hay quienes están involucrados con este tipo de delitos.
Además, advirtió que tampoco confían en la institucionalidad ni en  la Dirección General de Aguas, la que, según él, “es completamente incapaz porque no tiene las competencias técnicas para poner fin al problema”.

Por lo mismo,  Mundaca asegura que lo que se debe hacer es apuntar directo al meollo del conflicto: “El Código de Agua se formuló en 1981 durante la dictadura militar y lo que hizo fue transformar las aguas en un bien de capital, separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y transferirle las capacidades y competencias al Estado para que éste concediera derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita y a perpetuidad a privados, quienes con esos derechos han concurrido históricamente al mercado a vender, comprar y arrendar. En el origen de los problemas del agua está la privatización del recurso hídrico”, sostuvo.

El ambientalista afirmó que en Asamblea General en 2010 Naciones Unidas decretó que las aguas son un Derecho Humano esencial e irrenunciable, consigna que en Chile no se está respetando. Es más, se está caminando en el sentido opuesto a nivel internacional al privatizar el recurso y aislar a los ciudadanos del acceso.