“Nada ni nadie nos hará cambiar el rumbo”, declaró Cristina Fernández de Kirchner en vísperas de su investidura para un segundo mandato, este 10 de diciembre, en presencia de la mayoría de los jefes de Estado de la región. Reelecta triunfalmente en octubre, la presidenta argentina afirma querer seguir en los próximos cuatro años con la orientación “nacional y popular” del peronismo “progresista”  que pretende encarnar. Ésta es la línea política. Pero, en lo que respecta a la economía, ya se observan inflexiones.

Aun cuando los pilares del “modelo” (intervencionismo estatal, protección de la industria local y expansión del consumo) sigan en pie, los cambios que se anuncian permiten prever que el país no podrá mantener en el 2012 el notable crecimiento del PBI (8 % promedio) de los últimos años. Sin que se hable de “ajuste”, concepto “neoliberal” y, por tanto, no conforme al discurso oficial, no cabe duda que el gobierno quiere enfriar la economía para frenar la inflación (entre 20% y 25% por año de acuerdo a estimaciones privadas confiables, 10% oficialmente) y mantener cierto equilibrio de las cuentas públicas con el fin de enfrentar la crisis internacional.

Para librar esta batalla, Cristina Fernández de Kirchner estará acompañada por un gobierno signado por la continuidad pero rejuvenecido en lo que respecta a algunos cargos clave. La continuidad se refleja en la reconducción de la mayoría de los miembros del equipo saliente, comenzando por el poderoso ministro de Planificación e Inversión Pública, Julio De Vido, quien ocupa el cargo desde su nombramiento, en mayo del 2003, por Néstor Kirchner, esposo y antecesor de la presidenta, fallecido el año pasado.

Fue también confirmado en su puesto el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, especialista en reglamentaciones y presiones a los empresarios, responsable, por otra parte, de la manipulación del índice de precios oficial. El rejuvenecimiento se da con la designación de Juan Manuel Abal Medina (43 años) como jefe de Gabinete, coordinador de la acción gubernamental, y de Hernán Lorenzino (39 años) como titular de la cartera económica. Lorenzino toma la sucesión de Amado Boudou (48 años), el hombre en alza en el firmamento kirchnerista, electo en octubre como integrante de la fórmula presidencial y, en su calidad de vicepresidente, hoy presidente del Senado.

Es con estos hombres que Cristina Fernández de Kirchner enfrentará los desafíos del 2012. Abal Medina estará a cargo de la reafirmación de la línea política progresista. Secretario de Medios en el gobierno anterior, fue una de las principales espadas de la presidenta en su cruzada contra la prensa privada (especialmente el multimedios Clarín), supuestamente contraria a los intereses del pueblo.

En su nuevo cargo, y especialmente si hubiera problemas económicos, no vacilará en denunciar las eventuales trabas de grupos poderosos supuestamente afectados por los cambios que quisiera imponer la jefa de Estado. En tanto vicepresidente y en el Congreso, Boudou hará lo mismo. Pero seguirá también de cerca la economía, principal preocupación del momento, área supervisada por De Vido, Moreno y Lorenzino.

De Vido estará en primera línea en lo que respecta a la reducción de los millonarios subsidios estatales a las tarifas de los servicios públicos y de la energía, que ya ha sido iniciada de forma selectiva (sólo afecta, por ahora, a las categorías más pudientes de la población y a grandes empresas). El objetivo es frenar el alza del gasto público (35 % por año), una de las principales causes de la inflación. Oficialmente, parte del dinero que iba a los subsidios será destinado a programas sociales.

Pero se supone que también podrá servir para apuntalar las cuentas públicas, especialmente si, como consecuencia de un menor crecimiento, disminuye la recaudación fiscal. Lo que parece inevitable, habida cuenta de que, más adelante, la clase media también deberá abonar tarifas no subsidiadas. Siempre con el fin de reforzar los ingresos del Estado, el Congreso votará en las próximas semanas, la prórroga de la ley de “emergencia económica”, que otorga amplios poderes al gobierno, y de impuestos “excepcionales”. Si fuera necesario, allí intervendrá Boudou para vencer la eventual resistencia de algún legislador oficialista.

En cuanto a Moreno, seguirá vigilando la balanza comercial, cuyo saldo positivo viene disminuyendo, con el fin de evitar desequilibrios sectoriales. Para ello, no vacilará en recurrir a prácticas poco ortodoxas, como obligar a empresas a compensar sus importaciones con exportaciones equivalentes (es así que automotrices que importan piezas para los vehículos fabricados en el país venden hoy vino argentino en mercados externos).

Por último, Lorenzino, que participó con Boudou, como secretario de Finanzas, en las negociaciones de la deuda externa, tendrá como prioridad las relaciones económicas internacionales. Con el fin de que la Argentina pueda acceder nuevamente a los mercados, buscará un rápido acuerdo con el Club de París acerca de los 8.000 millones de dólares en mora con los acreedores públicos.

Su segundo frente será Brasil, primer socio comercial del país, cuya economía se ha estancado en el último trimestre y que ha devaluado su moneda. Si se prolongara esta situación, aumentaría la presión exportadora brasileña a la vez que se reduciría el acceso de productos argentinos a ese mercado. En un horizonte más lejano, Lorenzino tendrá que estar atento a las consecuencias de la crisis europea sobre el crecimiento de China e India, los dos principales compradores de la soja argentina.

Es para hacer frente a este panorama internacional que, sin ser negativo, es al menos incierto, que Cristina Fernández de Kirchner intentará ordenar la economía argentina, moderando la inflación y el gasto público, incluso a costas de la expansión del consumo, eje del “modelo nacional y popular”.