Mañana se resuelve prisión preventiva
Justicia ordena arresto nocturno contra dos imputados por Caso La Polar
Penas de hasta quince años de cárcel arriesgan los cinco ex cabecillas de la tienda acusados de orquestar el sistema de repactaciones ilegales afectado a miles de clientes. Se trata de uno de los mayores delitos financieros del último tiempo, con ganancias ilícitas que alcanzan los 8 mil millones de pesos.
Editora Diario Electrónico
Miércoles 14 de diciembre 2011 11:17 hrs.
A las 10:00 horas comenzó la formalización de cinco ex ejecutivos de La Polar acusados de articular y ejecutar el sistema de repactaciones unilaterales de las deudas de los clientes, lo que afectó a miles de personas y destapó uno de los casos más bullados de delitos financieros del último tiempo.
En el Segundo Juzgado de Garantía comparecen el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, la ex gerenta de administración, María Isabel Farah, el ex gerente general, Nicolás Ramírez, y el ex gerente de finanzas, Santiago Grage.
Durante el receso a las 13 horas, el fiscal Luis Inostroza declaró a la prensa que “estimando todos los delitos por los cuales han sido formalizados” los ex ejecutivos, independiente de las atenuantes, la sumatoria de condena por los delitos que se los acusa determina “penas superiores a los 13 años” de cárcel.
El fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, luego de una extensa investigación, decidió acusarlos por los cargos de lavado de dinero e infracciones a la Ley de Bancos y de Mercado de Valores.
Por ello, los fiscales de esta Unidad solicitaron prisión preventiva contra Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, por delito de lavado de dinero.
El Ministerio Público pidió arresto domiciliario contra Nicolás Ramírez y Santiago Grage, lo que fue autorizado por la jueza María Verónica Troncoso, quien anunció que mañana jueves se resolverá la prisión preventiva de los otros tres imputados. Ramírez y Grange no podrán salir del país, así tampoco tener contacto entre ellos.
En su exposición, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza detalló que las repactaciones unilaterales de las deudas afectaron a 965.040 clientes de esta multitienda entre el 2006 y el 2011. Con un promedio de 8,2 repactaciones por persona, éstas llegarían a los 7.996.566.
El fiscal aseguró que durante ese periodo los ejecutivos acusados “realizaron de forma coordinada una serie de actuaciones a través de las cuales afectaron a los mercados, a la banca, a sus accionistas, a sus inversionistas y al sistema económico en general”.
Además, indicó que mediante este sistema ilegal Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah ganaron cerca de ocho mil millones de pesos, en conjunto, en remuneraciones y bonos debido a la utilidad que generaba esta práctica a la empresa.
Inostroza acuso imputados de efectuar “de forma coordinada, reiterada y sistemática” acciones que buscaban, directa e indirectamente, entregar información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros y, a través de ella, al público y al mercado.
Y aunque en su declaración el ex gerente general, Pablo Alcalde, negó tener conocimiento de los hechos, el fiscal refutó sus afirmaciones señalando que los ejecutivos involucrados “tuvieron pleno conocimiento de que la información contable y financiera de la compañía que era entregada al mercado no reflejaba la real situación patrimonial de la sociedad”.
El fiscal Inostroza mostró una serie de correos electrónicos, donde Moreno es enterado de la situación a través de sus subalternos. El ex gerente de productos financieros pide controlar los “renes” (renegociaciones unilaterales) y descontar a los clientes que reclamaban, pero si el cliente no ponía observaciones a la irregular situación, no se descontaba monto alguno.
Unos cincuenta abogados llegaron hasta el tribunal por este caso, que ya acumula trescientas querellas presentadas por la empresa, sus accionistas y los clientes afectados. La gran expectación pública que se ha generado en torno a este juicio ha congregado además a decenas de periodistas.
A las 10:00 horas comenzó la formalización de cinco ex ejecutivos de La Polar acusados de articular y ejecutar el sistema de repactaciones unilaterales de las deudas de los clientes, lo que afectó a miles de personas y destapó uno de los casos más bullados de delitos financieros del último tiempo.
En el Segundo Juzgado de Garantía comparecen el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, la ex gerenta de administración, María Isabel Farah, el ex gerente general, Nicolás Ramírez, y el ex gerente de finanzas, Santiago Grage.
Durante el receso a las 13 horas, el fiscal Luis Inostroza declaró a la prensa que “estimando todos los delitos por los cuales han sido formalizados” los ex ejecutivos, independiente de las atenuantes, la sumatoria de condena por los delitos que se los acusa determina “penas superiores a los 13 años” de cárcel.
El fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, luego de una extensa investigación, decidió acusarlos por los cargos de lavado de dinero e infracciones a la Ley de Bancos y de Mercado de Valores.
Por ello, los fiscales de esta Unidad solicitaron prisión preventiva contra Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, por delito de lavado de dinero.
El Ministerio Público pidió arresto domiciliario contra Nicolás Ramírez y Santiago Grage, lo que fue autorizado por la jueza María Verónica Troncoso, quien anunció que mañana jueves se resolverá la prisión preventiva de los otros tres imputados. Ramírez y Grange no podrán salir del país, así tampoco tener contacto entre ellos.
En su exposición, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza detalló que las repactaciones unilaterales de las deudas afectaron a 965.040 clientes de esta multitienda entre el 2006 y el 2011. Con un promedio de 8,2 repactaciones por persona, éstas llegarían a los 7.996.566.
El fiscal aseguró que durante ese periodo los ejecutivos acusados “realizaron de forma coordinada una serie de actuaciones a través de las cuales afectaron a los mercados, a la banca, a sus accionistas, a sus inversionistas y al sistema económico en general”.
Además, indicó que mediante este sistema ilegal Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah ganaron cerca de ocho mil millones de pesos, en conjunto, en remuneraciones y bonos debido a la utilidad que generaba esta práctica a la empresa.
Inostroza acuso imputados de efectuar “de forma coordinada, reiterada y sistemática” acciones que buscaban, directa e indirectamente, entregar información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros y, a través de ella, al público y al mercado.
Y aunque en su declaración el ex gerente general, Pablo Alcalde, negó tener conocimiento de los hechos, el fiscal refutó sus afirmaciones señalando que los ejecutivos involucrados “tuvieron pleno conocimiento de que la información contable y financiera de la compañía que era entregada al mercado no reflejaba la real situación patrimonial de la sociedad”.
El fiscal Inostroza mostró una serie de correos electrónicos, donde Moreno es enterado de la situación a través de sus subalternos. El ex gerente de productos financieros pide controlar los “renes” (renegociaciones unilaterales) y descontar a los clientes que reclamaban, pero si el cliente no ponía observaciones a la irregular situación, no se descontaba monto alguno.
Unos cincuenta abogados llegaron hasta el tribunal por este caso, que ya acumula trescientas querellas presentadas por la empresa, sus accionistas y los clientes afectados. La gran expectación pública que se ha generado en torno a este juicio ha congregado además a decenas de periodistas.
A las 10:00 horas comenzó la formalización de cinco ex ejecutivos de La Polar acusados de articular y ejecutar el sistema de repactaciones unilaterales de las deudas de los clientes, lo que afectó a miles de personas y destapó uno de los casos más bullados de delitos financieros del último tiempo.
En el Segundo Juzgado de Garantía comparecen el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, la ex gerenta de administración, María Isabel Farah, el ex gerente general, Nicolás Ramírez, y el ex gerente de finanzas, Santiago Grage.
Durante el receso a las 13 horas, el fiscal Luis Inostroza declaró a la prensa que “estimando todos los delitos por los cuales han sido formalizados” los ex ejecutivos, independiente de las atenuantes, la sumatoria de condena por los delitos que se los acusa determina “penas superiores a los 13 años” de cárcel.
El fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, luego de una extensa investigación, decidió acusarlos por los cargos de lavado de dinero e infracciones a la Ley de Bancos y de Mercado de Valores.
Por ello, los fiscales de esta Unidad solicitaron prisión preventiva contra Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah, por delito de lavado de dinero.
El Ministerio Público pidió arresto domiciliario contra Nicolás Ramírez y Santiago Grage, lo que fue autorizado por la jueza María Verónica Troncoso, quien anunció que mañana jueves se resolverá la prisión preventiva de los otros tres imputados. Ramírez y Grange no podrán salir del país, así tampoco tener contacto entre ellos.
En su exposición, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza detalló que las repactaciones unilaterales de las deudas afectaron a 965.040 clientes de esta multitienda entre el 2006 y el 2011. Con un promedio de 8,2 repactaciones por persona, éstas llegarían a los 7.996.566.
El fiscal aseguró que durante ese periodo los ejecutivos acusados “realizaron de forma coordinada una serie de actuaciones a través de las cuales afectaron a los mercados, a la banca, a sus accionistas, a sus inversionistas y al sistema económico en general”.
Además, indicó que mediante este sistema ilegal Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah ganaron cerca de ocho mil millones de pesos, en conjunto, en remuneraciones y bonos debido a la utilidad que generaba esta práctica a la empresa.
Inostroza acuso imputados de efectuar “de forma coordinada, reiterada y sistemática” acciones que buscaban, directa e indirectamente, entregar información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros y, a través de ella, al público y al mercado.
Y aunque en su declaración el ex gerente general, Pablo Alcalde, negó tener conocimiento de los hechos, el fiscal refutó sus afirmaciones señalando que los ejecutivos involucrados “tuvieron pleno conocimiento de que la información contable y financiera de la compañía que era entregada al mercado no reflejaba la real situación patrimonial de la sociedad”.
El fiscal Inostroza mostró una serie de correos electrónicos, donde Moreno es enterado de la situación a través de sus subalternos. El ex gerente de productos financieros pide controlar los “renes” (renegociaciones unilaterales) y descontar a los clientes que reclamaban, pero si el cliente no ponía observaciones a la irregular situación, no se descontaba monto alguno.
Unos cincuenta abogados llegaron hasta el tribunal por este caso, que ya acumula trescientas querellas presentadas por la empresa, sus accionistas y los clientes afectados. La gran expectación pública que se ha generado en torno a este juicio ha congregado además a decenas de periodistas.
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