Al acercarse  un nuevo 27 de febrero, el  Movimiento por una Reconstrucción Justa expresó su molestia con la campaña gubernamental que  anuncia grandes avances en la reedificación del país, los que fueron desmentidos por esta organización.

Lorena Arce, coordinadora y vocera  acusó que la reconstrucción después del terremoto es “una tremenda mentira”, ya que el Gobierno sólo se ha enfocado en aldeas y campamentos, y no en el resto de los afectados.

“Cuando hablamos de los damninificados  del terremoto, nos referimos a Dichato, Llico, Talca, Constitución. Estamos diciendo que la reconstrucción es una tremenda mentira”, recalcó Lorena Arce.

En tanto, el presidente subrogante del PPD, Víctor Barrueto, señaló que desde La Moneda se aduce a la entrega de más de cien mil subsidios pero, según él, eso es sólo un papel porque el número total de casas reconstituidas llega a mucho menos del 25 por ciento.

Para Barrueto este nulo avance es la causa de la campaña de descredito a la ex Presidenta Michelle Bachelet a propósito de la petición de formalización de ocho autoridades y funcionarios de su gobierno en el caso de las muertes y los desparecidos por el maremoto.

“Estamos en presencia de un esfuerzo del Gobierno por tapar sus fracasos en la reconstrucción, tanto por la lentitud y la inoperancia que ha tenido y que se expresa en diversas situaciones: Ningún campamento, lo que siúticamente ellos han llamado aldeas, se ha levantado. No hay más de un 25 por ciento de reconstrucción a nivel de viviendas. En los hospitales de San Carlos y Chillán, ni siquiera han sacado la toma de razón de Contraloría para iniciar la construcción de los recintos”, denunció Barrueto.

El delegado presidencial para aldeas y campamentos, Felipe Kast respondió  que “Chile es de los pocos países que le reconstruye una vivienda a aquellos que la perdieron, y se la estamos reconstruyendo incluso a aquellos que son allegados y que no tenían vivienda”.

Para el diputado PC Guillermo Teillier, la derecha se aprovecha políticamente de esta situación, pero subrayó que la institucionalidad estatal para catástrofes es precaria desde que se creó la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) durante la dictadura. Por lo mismo, el parlamentario sostuvo que la responsabilidad política es de todos quienes gobernaron durante ese tiempo y de aquellos que ejercieron labores legislativas.

“Pasaron casi 35 años hasta que finalmente se otorgaron fondos para este servicio. Aquí se podría decir que no hubo responsabilidad. Todos los que estuvieron en el gobierno, en el manejo del Estado durante los 37 años anteriores al terremoto tienen culpabilidad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y eso se ha informado con claridad al país”, concluyó el legislador.